Las opiniones pretendidamente
asépticas no existen, por lo que las diversas posturas debieran evitar análisis
centrados en gobiernos, partidos o personas puntuales, excluyendo contextos. Nuestra
patología institucional reside en la persistencia y agravamiento de vicios políticos
en los últimos 25 años, que impide todo desarrollo sustentable del país. Tras
la crisis de los años 2001-2002, el hartazgo popular expresado en el reclamo “que
se vayan todos”, pulverizó a los ya desgastados radicalismo y justicialismo. Pese
a ello y transcurridos 14 años, asombra la longevidad de innumerables dirigentes
que sorteando el cimbronazo, “se quedaron todos”. Para ello se mimetizaron en diversas
agrupaciones políticas identificadas más por sus nombres de fantasía, que por
conductas y posturas personales coherentes. De las tres “colectivos” que
compitieron en la última elección presidencial (FPV, Cambiemos y FR), ninguno
alcanza dos décadas de existencia.
Esta persistente matriz política
conservadora (en el sentido de permanecer), tuvo su primer síntoma en el
reciente rechazo en el Senado de la reforma electoral. Días más tarde, el 6 de
diciembre, se transparentó en el debate y aprobación en Diputados del proyecto
de ley del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Para evaluar
consecuencias, no caeremos en la trampa de distinguir entre oficialismo u
oposición, o si se prefiere, entre impericia y malicia. Pero es necesario
clarificar diferencias conceptuales. “Derecho” es el que tiene cualquier ciudadano a opinar, sean cual fueren sus
antecedentes. “Autoridad”, es cuando
sus opiniones están refrendadas por sus antecedentes. “Oportunismo” califica a
una opinión que encubre un interés especulativo, carente de veracidad,
razonabilidad e implementabilidad. Puede suceder que en campañas electorales, reconocidos
corruptos prometan combatir la corrupción. Pero una vez asumidas las
responsabilidades políticas ejecutivas, legislativas y judiciales, la práctica
del oportunismo, con independencia de circunstanciales favorecidos, inevitablemente
afectará al país en su conjunto. Con el oportunismo, hemos vivido la incautación
de los ahorros de vastos sectores de clase media, someter a la población a una hiperdevalación,
y simultáneamente estatizar deudas privadas de grandes grupos empresarios
nacionales y extranjeros, para “cuidar las fuentes de trabajo”. Dar
gobernabilidad no es una gracia consistente en que se es bueno por no voltear a
un gobierno. Es una obligación democrática.
En el atolondrado debate sobre
ganancias, si el ciudadano común pretendió informarse a través de las múltiples
polémicas y opiniones de tributaristas y economistas de distinta extracción política,
debió sentirse no solo defraudado, sino muy preocupado. Tanta locuacidad,
incluidos los opinólogos políticos habituales asistentes a programas
periodísticos, transparentaron que nadie tenía integral idea de alcance de la
ley, en cuanto a beneficiarios, recursos fiscales y cumplimientos
presupuestarios. Las diferencias del déficit fiscal no fueron sutiles: oscilaron
entre los 30 mil y 150 mil millones de pesos. Este último monto se alcanzó tras
la “fe de erratas” de Kicillof. Tanta liviandad nos recuerda al viejo juego de
mesa “Monopolio”, en el que funcionarios, legisladores y gremialistas hacían
sus jugadas: saco este impuesto; subo un poco éste otro; vuelvo a poner el que saqué en el juego
anterior, e implemento nuevos impuestos. Esta descripción no es irónica; es real.
Maquiavelo hubiera sido un
excelente cronista de estos sucesos. Señalaba que en los ámbitos de poder hay
tres clases de cerebros: “el primero discierne por sí; el segundo entiende lo
que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros
disciernen. El primero es excelente; el segundo es bueno y el tercero inútil.”
En este caso no le resultaría
fácil a Maquiavelo identificar a los cerebros excelentes y buenos, con
economistas incluidos. Pero es interesante analizar las consecuencias políticas
del dislate. En la próxima reflexión intentaremos identificar los roles de quienes
consensuaron y aprobaron el proyecto, con conferencia de prensa y foto
incluida. Y no menos difícil, interpretar a la vicepresidente Michetti, cuando en
un reportaje consideró que si el Senado aprobaba la ley sin cambios, sería
vetada por el presidente Macri. Lo que provocó el alborozo de los gobernadores,
incluidos Alicia Kirchner, Insfrán y los de Cambiemos.
Buenos Aires, 16 de diciembre de
2016
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