ËTICA CÍNICA

En un país con alta corrupción y pasividad judicial, cuya única estrategia defensiva de los funcionarios acusados es denunciar “persecución política”, resulta preocupante los reiterados y oportunistas pedidos de renuncia de integrantes del ejecutivo por parte de legisladores, basados en meros trascendidos periodísticos o delitos no comprobados. Pero es inadmisible que esos mismos “indignados” legislen para que un senador condenado y legisladores procesados por delitos comunes, puedan continuar ejerciendo sus funciones, o en esa condición presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Tales actitudes entran en el campo de la ética cínica, que permite el juego de la confusión para favorecer la impunidad. El cinismo es una escuela filosófica originada en la Grecia clásica, que con el tiempo adquirió su actual sentido peyorativo. Consiste en mentir para ocultar y/o defender acciones condenables con argumentos convincentes.

En este contexto, podría sospecharse que el abusivo uso del término ética no es casual. Pero desnuda una paradoja. Los que legislan leyes que los amparen para permanecer en sus funciones en caso de ser procesados, son los mismos que pretenden exhibir autoridad moral para reclamar renunciamientos éticos a funcionarios de otros poderes, a los que no están obligados por ley. Esta dicotomía explica el viejo juego político del “todo vale”. Para proteger corruptos se acude al principio de inocencia; para atacar adversarios, en nombre de la ética se apela al principio de sospecha. Ante esta dualidad, emerge una duda inquietante: cómo podemos detectar si el cinismo de ciertos legisladores se aplica solo como mera especulación política, actitud de por sí  dañina, o como estrategia planificada para mantener estructuras delictivas consolidadas? El reciente caso Gómez Centurión en la Aduana, actualiza este interrogante. La táctica de la sospecha y el desprestigio es un instrumento con diversas utilidades. Suele aplicarse sin disimulo, de forma persistente y simultánea, pues importa más instalar la duda que convencer. El ataque comunicacional para enlodar al fiscal Nisman a horas de su muerte, es un ejemplo cercano.

A diferencia del periodismo en su acepción general, que actúa como vehículo transmisor de información de origen variado sin certificar verosimilitud, el de investigación se caracteriza por una complejidad que requiere adecuada formación y soporte económico. Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, por citar dos prestigiosos ejemplos, detectan fuentes, identifican circuitos de dinero, cuentas bancarias y estructuras empresarias, cotejan datos, y transparentan tramas. Si el trabajo es profesional, se evitan selectividades políticas. Más allá de sus obvios impactos periodísticos, estas investigaciones tienen como naturales destinatarios a jueces y fiscales, que son quienes deben certificar autenticidad y peso probatorio de los elementos brindados a la opinión pública. Fue el periodismo de investigación el que desnudó la manifiesta morosidad de las tramitaciones judiciales ante tan valiosos aportes.  

Si bien nada impide que legisladores formulen denuncias utilizando trabajos periodísticos, sus obligaciones primigenias son las de legislar para definir delitos, y establecer normativas de control y sanción. Son los responsables de minimizar la práctica de la ética cínica, legislando que ningún funcionario del ejecutivo (salvo los que deben ser removidos por juicio político), legislativo y judicial, pueden desempeñar sus cargos en condición de procesados por delitos comunes. Ello no implica presunción de culpabilidad, sino un requisito ético del cargo con fuerza de ley. De no actuarse de este modo, las denuncias serán utilizadas tanto por oportunistas políticos, como por delincuentes vinculados a la corrupción público-privada para proteger sus redes de impunidad y enriquecimientos ilícitos. No es casual que en la Argentina los saqueadores de recursos del Estado, en lugar de fundamentar su inocencia, recurran al argumento “todos somos corruptos”. Para esta estrategia, la ética cínica es invalorable.

Buenos Aires, 18 de enero 2017