JUSTICIA ILEGÍTIMA

En el ámbito judicial es habitual la frase que con tono irónico, expresa que para  juzgar, “la mitad de la biblioteca dice una cosa, y la otra mitad otra”. En las últimas décadas adquirió verosimilitud en relación a la protección de la corrupción estatal-privada, convirtiendo al derecho en una ficción jurídica. Lo reconocen los propios integrantes del Poder Judicial, al crear una línea interna llamada Justicia Legítima, lo que supone la existencia como contraparte de una justicia ilegítima. El poder político colabora sancionando leyes que permiten innumerables tácticas procesales dilatorias a través de impugnaciones y apelaciones; otorgando fueros que permite a los legisladores mantener sus bancas estando procesados por delitos comunes, y un Consejo de la Magistratura inactivo ante jueces y fiscales sospechados de corrupción. Todo ello complementado por un manejo de la opinión pública, a través de estrategias comunicacionales que intentan neutralizar serios trabajos de investigación periodística, y masificando las sospechas de corrupción a través de un alud de denuncias inconsistentes, escuchas judicialmente irrelevantes, y locuaces testigos que declaran una cosa en público y otra distinta ante el juez. Citemos ejemplos tan repetidos como falaces.

1.- La justicia se acomoda a los tiempos políticos. Ello no se ve reflejado en las penalidades aplicadas a los responsables de corrupción contra el Estado en las últimas décadas. Por el contrario, exhiben homogeneidad en cuanto a mantener impunes esos delitos. La supuesta mayor actividad judicial actual no fue producto del cambio de gobierno en diciembre del 2015, sino causada por tres hechos impactantes: 1) Un video con allegados a Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; 2) Un video con allegados a Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación en Jujuy; 3) Un ex Secretario de Obras Públicas de la Nación intentando ocultar nueve millones de dólares en un extraño convento.

2.- La justicia es lenta. Formulada como una consecuencia inevitable, la frase es falsa. Ello quedó demostrado con dos casos de corrupción estatal-privada con importantes funcionarios y empresarios involucrados, y alta complejidad investigativa. El de Cromagnon, que entre el hecho y las condenas pasaron menos de cinco años, y la tragedia de Once, en la que en menos de tres años se realizó el juicio oral y se dictaron las condenas. Ambos tuvieron como factor común el accionar mancomunado y persistente de los familiares de las víctimas. Lo que estaba en juego no era el abstracto concepto “el dinero de todos los argentinos”, sino la memoria de seres queridos con nombre y apellido.

3.- Los jueces y fiscales son lentos. Esta frase es más congruente con la realidad, pero no satisface. Cabría preguntarse las razones de su “lentitud”. Incapacidad? Complicidad? La duda surge porque jueces y fiscales saben ser “rápidos” para las absoluciones de los delitos más fáciles de demostrar: el de los enriquecimientos ilícitos. Cabe recordar el del matrimonio Kirchner por Oyarbide previo a la Nochebuena del 2009; el de Scioli por el juez de La Plata Pablo Reale en el 2015, y el del camarista Eduardo Freiler por el juez Martínez de Giorgi en el 2016. En todos los casos coinciden peritajes insuficientes y complacientes, y la omisión de apelación por parte de los fiscales.

4.- Investigaciones a presidentes de la Nación. Un sistema democrático exige que en el caso de investigaciones a presidentes, sean Cristina Kirchner o Mauricio Macri, las actuaciones tengan prioridad, celeridad y profesionalidad. Las dilaciones son usadas por las tramas de corrupción para generar acciones encubridoras bajo el manto de “persecuciones políticas”, en donde los acusados ejercitan un show twitero sin atisbo de defensa personal, y promueven acusaciones variadas e incomprobables como coacción para negociar impunidad. En el caso de Macri, destacamos dos ejemplos. Desde hace un año el fiscal Delgado investiga su eventual participación en el entramado societario familiar del llamado Panamá Papers, lo que es correcto. Pero transcurrido el tiempo, la Cámara Federal le solicitó que defina la situación del presidente ante la falta de pruebas de delito. El fiscal Di Lello por su parte, imputó a Macri por el trámite de acuerdo con el Correo Argentino. Correcto. Pero simultáneamente citó a declarar al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, por el pago en el 2012 de 7,6 millones de pesos a la inexistente empresa The Old Fund, para renegociar una deuda de la provincia con la Nación. Cómo definiríamos entonces al fiscal Di Lello? “Rápido” por la imputación a Macri, o “lento”  por la citación a Insfrán?

Buenos Aires, 19 de abril 2017