EL DOLOR COMO NEGOCIO

Ante hechos luctuosos como muerte, invalidez, desaparición, el dolor es natural patrimonio de familiares y allegados. Más allá de este entorno, surge el pésame y eventualmente tristeza y melancolía. Pero cuando se ingresa en ruines especulaciones políticas, el dolor se teatraliza cínicamente, exhibiendo total desprecio por quienes realmente lo sufren. Esta baja estrategia, por repetida, recibió una categorización descarnada carente de sutilezas: “tirar un desaparecido o un muerto a un gobierno”.

Duhalde debió acortar su mandato presidencial ante los asesinatos de Kosteki y Santillán en junio del 2002. Néstor Kirchner afrontó la desaparición nunca esclarecida de Julio López en septiembre del 2006. Cristina Kirchner la muerte de Mariano Ferreyra en octubre del 2010, y la aún no esclarecida muerte del fiscal Nisman, en enero del 2015. Hoy, el tema es la desaparición del hasta hace poco públicamente desconocido artesano Maldonado. El marco que otorga carácter político a estos casos, es que se producen por actos de violencia masivos, con la consecuente intervención de fuerzas de seguridad primero, y judiciales posteriormente. Las causas que los motivan pueden diferir. Movimientos sociales de desocupados; testigos contra responsables de genocidio; pujas internas gremiales; investigaciones que afecten a estratos del poder público, o reivindicaciones indígenas supuestamente hereditarias. Otra característica usual, salvo en el caso Nisman, es que las víctimas hasta el momento de convertirse en tales, son desconocidas para la opinión pública. Los organizadores y manipuladores siempre actúan en retaguardia.

En la interpretación oportunista y falsa del dolor, como no podía ser de otro modo, las conductas de los indignados no responden a principios, sino fluctúan según sus intereses. A un muerto en Argentina se le adjudica una valoración mayor que a más de cien muertos en Venezuela. Organizaciones que se autoproclaman defensoras de derechos humanos, se desentienden de las circunstancias de la muerte de un fiscal de la Nación. Desinterés y/o complicidad que compartieron con muchos colegas del fiscal. La foto de Maldonado la utilizan hoy una ex presidente, políticos, y hasta adolescentes que tomaron escuelas porteñas por una reforma educativa menor. Nisman no tuvo esa comprensión. Por el contrario, a horas de su muerte se inundó la ciudad con afiches que lo acusaban de ladrón y mujeriego. Sin embargo, a tres años de su muerte, tal velocidad comunicacional no se aplicó para que la sociedad sepa, al menos, si el fiscal se suicidó o lo asesinaron.

Cuando las víctimas son ciudadanos comunes que no brindan réditos al caranchismo político, aunque sean mucho más numerosas, no se transforman en emblemas. Ocupan circunstancialmente algún espacio en crónicas policiales, para ingresar luego al arcón de las estadísticas. Las polémicas se suavizan; a los muertos se los llama “víctimas de la inseguridad”. A las mujeres desaparecidas, se las supone “víctimas de organizaciones de trata”.

Los casos Nisman y Maldonado ejemplifican que las especulaciones políticas espúreas no esclarecen, sino por el contrario, ocultan. Se mezclan posibilidades con disparates; declaraciones judiciales verdaderas con falsas; pericias impresentables, y opinólogos expertos en técnicas investigativas, análisis informáticos y rastrillajes. El espectáculo concluye con un clásico del cine: dirigentes de la oposición pidiendo la renuncia de funcionarios del oficialismo. En el debate se obvia que la responsabilidad de llegar a la verdad es del Estado, a través de sus organismos de seguridad, inteligencia y judiciales, que poseen una condición natural: sus estructuras de personal son herencias de largo plazo, que a nivel cúpulas, un poder político embarcado en la corrupción convirtió en poco profesionales, cuando no cómplices. Las llamadas herencias económicas de las que tanto se habla, con sangre y dolor de los que menos tienen, son corregibles en plazos acotados. Las humanas no. Cabe preguntarse: nos dejaríamos operar por un cirujano que no ejerce desde hace años, o está acusado de mala praxis? En la actividad de organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y judiciales, es posible. Es por corrupción o incapacidad? Las consecuencias son las mismas.

Por ello señores legisladores, pasada la elección del 22 de octubre, y sin invocar ampulosos acuerdos políticos, ponerse a trabajar seriamente en políticas de largo plazo eficaces. Acordar reformas estructurales virtuosas será el primer paso.

Buenos Aires, 20 de septiembre 2017