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miércoles, 24 de abril de 2019

ESPÍAS SIN SECRETOS


“Quién habla?: Soy Cristina pelotudo”. Cristina es la ex presidenta de la Nación, y el “pelotudo” es Oscar Parrilli, director general de la Agencia Federal de Inteligencia entre agosto y diciembre de 2015. El diálogo se reprodujo en medios de comunicación como resultado de una grabación “secreta” del contacto telefónico entre ambos. Con el cambio de gobierno, fue designado en su reemplazo el escribano Arribas, con vastos antecedentes en la representación e intermediación de jugadores de fútbol, lo que hace suponer un nivel de “pelotudismo” menor al de un burócrata atado a lo discursivo, pues el ámbito de los clubes de fútbol congrega a actores relevantes de sectores públicos y privados, no precisamente transparentes.
Desactivado el inocultable fin de afectar a las investigaciones de corrupción y con independencia de lo que suceda con el fiscal Stornelli, el caso D`Alessio abre una oportunidad para profundizar en uno de los tantos nichos de corrupción estatal, como es el del supuestamente sofisticado mundo del espionaje. Espiar significa observar, escuchar, acechar, husmear con disimulo para conseguir información. Es en principio una mera tarea de campo. La tarea de procesar la información para tomar decisiones, exige entender, razonar, comprender el entorno, y se llama inteligencia. Tanto el espionaje como la inteligencia pueden aplicarse a fines loables como delictivos. Cuando se desarrollan en un organismo estatal bajo conducción política del Ejecutivo y control legislativo de la Bicameral, su rol institucional supone actuar en defensa de intereses de la Nación. Tras esta generalización, surge un interrogante: con sistemas políticos y judiciales infectados de corrupción, pueden pretenderse sistemas de inteligencia probos? Imposible. Sería como que una dictadura tenga servicios de inteligencia democráticos. Asimismo los servicios de inteligencia deben poseer profesionalidad y reserva para ser eficaces; cumplen estos requisitos los personajes que van subiendo al escenario del Juzgado de Dolores? Finalmente la gran pregunta: en un contexto en que gran parte de los políticos no ven, no saben o no quieren hablar de corrupción, el accionar de los involucrados en el caso D`Alessio tienden a denunciar o a proteger la corrupción?
La respuesta la deberá dar el juez federal Ramos Padilla, quien realizó una investigación preliminar con sorprendente velocidad, lo que en la justicia argentina ya es motivo de sospecha, y declaró ante dos comisiones parlamentarias. Definido el campo de acción, surge una nueva duda: existen realmente servicios de inteligencia profesionales, o los mismos son usados para encubrir y lucrar con la desaforada corrupción estatal-privada? Es difícil pensar que sea un agente encubierto de la DEA, del FBI y del Mossad, que reparte tarjetas en tal condición y concurre a programas de televisión. O que sean agentes de inteligencia conocidos ex policías de la bonaerense retirados o sumariados. Tampoco es creíble que avezados empresarios con contactos políticos o integrantes del poder judicial, declaren haber sido “engañados” por D`Alessio. La ausencia de ingenuidad es la única condición que comparten la política, el poder judicial, espías y bandas delictivas. Pero si coinciden en su capacidad para las puestas en escena, con apoyos periodísticos. Es como si Al Capone declarara su preocupación por los niños pobres del Bronx.
En esta instancia de la atractiva novela policial en la que jugamos a ser investigadores principiantes, debemos eludir la banalización de dos conceptos: el del “arrepentimiento”, y el de la condición de confidencialidad que deben cumplir quienes actúan como agentes de inteligencia. En cuanto a la confidencialidad, no sería más razonable que relevados de este requisito sean citados a declarar en sede judicial los integrantes de la multipartidaria Bicameral, para determinar inicialmente si el grupo delictivo tiene infiltrados y/o lazos con la AFI? Evitando que se repita la causa de sobornos en el Senado, que tuvo una amplia cobertura mediática, y al momento de declarar, comenzando por Hugo Moyano, nadie aportó elementos de prueba. E integrantes de la entonces SIDE, relevados de la confidencialidad por la ex presidenta Cristina Kirchner, negaron haber aportado los fondos. Pudieron haber existido las coimas? Sí, pero transcurrido lo político-escenográfico y al momento de la verdad, la cofradía de impunidad se abroqueló. Peor aún, el tribunal resolvió que se investiguen al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández,  al legislador Anibal Ibarra y al operador Daniel Bravo, por sus intervenciones y declaraciones sospechadas de falsas. También se resaltó la parcialidad del juez Rafecas.
En cuanto a la ley del “imputado colaborador”, la misma es aplicable si el declarante aporta elementos probatorios consistentes, no mera declaraciones mediáticas que resulten impactantes o relatos. El último ejemplo lo brindó el prófugo empresario Samid, acusando al fiscal de haberle pedido una coima de más de un millón de dólares, para luego reconocer que había mentido. De ser falsas o irrelevantes, la pena que le corresponde al declarante se verá incrementada. Pero sorprende que en condición de magistrado, el fiscal Bidone pretenda declarar en busca de la verdad en condición de arrepentido.
Todas las causas de corrupción en trámite son graves, incluida la que maneja Ramos Padilla. Por eso es necesario estar atentos a que una vez más, las instancias de investigación, juicio y sanción, se diluyan en operaciones  para mantener impunidad. Y que en los policiales argentinos, nunca se descubran y/o condenen a los asesinos.
Buenos Aires, 24 de abril de 2019

miércoles, 27 de marzo de 2019

OPERACIÓN, ESPIONAJE O CHANTAJE?


El ingreso de la causa “de los cuadernos” a instancias judiciales definitorias, obligó a los involucrados en la mayor corrupción estatal-privada de la historia argentina, pasar de la habitual victimización invocando persecución política mientras en paralelo procuran complicidades encubiertas en busca de impunidad, al más áspero terreno de los acciones directas, en las que a cara descubierta interactúan servicios mal llamados de inteligencia, jueces con poder de daño y apoyos comunicacionales. Dando inicio a lo que el vaticanólogo Eduardo Valdez denominara operativo “puff-puff” de la causa, en cabeza de un particular agente secreto que se ufana públicamente de serlo, llamado Marcelo D`Alessio. 

La situación recuerda a una famosa serie televisiva de la década del 60 llamada “Súper agente 86”, en la que Maxwell Smart era un torpe y no muy inteligente agente secreto que trabajaba en una agencia norteamericana llamada Control (parodia de la CIA), en permanente enfrentamiento con la maléfica organización internacional llamada Kaos (parodia de la rusa KGB). De esta inolvidable serie se pueden rescatar tres aspectos aplicables a nuestra realidad: 1) el mal se identificaba con el caos (confundir, desinformar); 2) el mal operaba maliciosamente desde otros países (conspiraciones internacionales); 3) para que las conversaciones entre el súper agente y su Jefe no pudieran ser oídas, hablaban dentro de una enorme campana de vidrio llamada cono de silencio, que les impedía entenderse entre ellos (evitar las escuchas clandestinas). Aquí concluyen las similitudes y el humor. 

D`Alessio, pese a algunas ironías sobre su persona, no es el torpe y humorístico súper agente 86; tampoco un sagaz servicio de inteligencia, ni un “topo” infiltrado que actúa solo. Es un “todo terreno” habitual en las corrupciones estatales, que necesita de contextos y contactos con funcionarios, empresarios, jueces, periodistas. Él se encargará de las puestas en escena encomendadas. Para entender los próximos acontecimientos se deberá eludir la trampa oscurantista de la “grieta”, planteada hace un siglo por el politólogo alemán Carl Schmidt con la distinción “amigo/enemigo”, como forma de manipular políticamente a las masas y opinión pública. Es irrelevante distraernos con encuestas que transmitan como evalúan anónimos ciudadanos a la corrupción, sino detenernos en verificar como actúan políticos, jueces y empresarios ante la corrupción. Más aún cuando los avances judiciales coexisten con una etapa preelectoral en la que viejos y más bisoños políticos luchan ferozmente por alcanzar privilegiados cargos electivos bajo cualquier tipo de acuerdos, sin que la corrupción sea un límite o tema de debate. 

Arribar a conclusiones propias sólidas exige analizar informaciones y discursos divergentes planteados en medios de comunicación. Sean televisivos (ejemplo Gustavo Sylvestre en C5N y Luis Majul en A24); escritos (ejemplo Clarín y Página 12), y radiales. En la diversidad analizaremos como ciudadanos inteligentes, y no como agentes de inteligencia dedicados a la coacción y encubrimiento. Teniendo presente que las “grietas”, que buscan simplificar la propaganda de masas, no son aplicables a los volubles, interesados y recoletos acuerdos políticos en las pujas por el poder, que en nuestro país cínicamente suelen caratularse como “patrióticos”. 

En esta línea de pensamiento, contrariamente a ciertas opiniones, por el momento no hay “grieta” entre Gobierno y Justicia, sino acciones valederas y complementarias. El Ministerio de Justicia solicitó el juicio político de Ramos Padilla por procedimientos legales y de competencia no usuales, con tristes antecedentes en años anteriores por causas armadas e iniciadas con fines políticos o económicos en juzgados federales no naturales, como Mercedes y Campana (casos Cóppola y De Narváez). La Corte Suprema por su parte, brindó los recursos requeridos por el juez para que éste actúe en base a pruebas consistentes, e identifique partícipes necesarios y sus objetivos. 

Esta investigación podría ser inestimable para que la clase política desactive el acuerdo multipartidario que desde hace décadas y sin “grietas”, avalan servicios incompetentes y corruptos a través de la inutilidad y complacencia de las sucesivas Bicamerales de Control. Solo resta esperar que esta loable investigación no sea una fachada para afectar la causa de los “cuadernos”, lo que provocaría un derrumbe institucional irreparable. 

Buenos Aires, 27 de marzo 2019