LAS COIMAS EN EL ESTADO MATAN INOCENTES

A poco más de quince días de la tragedia en la estación de ferrocarril Once con 51 víctimas fatales, el suceso merece una reflexión enmarcada en lo político. Formularla ahora no responde a cumplimentar con la frase de circunstancia “respetar el luto”, porque el dolor por la injusta ausencia de los fallecidos no tiene tiempos, sino observar el accionar de funcionarios de gobierno, dirigencia gremial, acción judicial y actores políticos en general, en los días posteriores a la catástrofe. Se repitieron las habituales invocaciones y excusas utilizadas en los sucesos que involucran al Estado como controlador y a privados como operadores/ejecutores: “fué un error humano”; “yo avisé que iba a pasar”; “la investigación llegará hasta las últimas consecuencias”, entre otras. Pasó con la tragedia del avión de Lapa en 1999 con 65 muertos; en el derrumbe de las minas de carbón de Río Turbio en 2004 con 4 muertos; en el incendio de Cromagnon también en 2004 con 192 muertos; en el choque de un colectivo con un tren de la línea Sarmiento hace menos de seis meses en la estación Flores con 9 muertos.

En todos los casos la historia se repite: los angustiados familiares de los afectados claman en vano por justicia, para que las irresponsabilidades no se repitan. Sin embargo las impunidades se sostienen con una firmeza y reiteración digna de mejores objetivos. Si los pilotos de aviones, conductores de trenes o colectivos mueren, los errores son humanos, y caso cerrado. Si este primer recurso no es posible, jueces y fiscales diluyen pruebas con engorrosas investigaciones judiciales, en las que priman la morosidad en el manejo de los tiempos, la arbitrariedad en las decisiones y los ocultamientos de elementos probatorios, que eviten el justo castigo a los funcionarios públicos y/o empresarios privados responsables. Cabe preguntarse entonces si la recurrente matriz estrago/delito-intercambio de excusas y acusaciones que aporten confusión-maraña judicial intencionada-sobreseimientos de los culpables o prescripciones si los sobreseimientos tienen extremado costo político, puede ser atribuída a la casualidad. Obviamente que no. Más aún cuando los actores políticos y judiciales desde Menem a la fecha son los mismos. Solo un claro ejemplo: los jueces federales Oyarbide; Servini de Cubría; Canicoba Corral y Bonadío fueron denominados en su momento por los progresistas “jueces emblemáticos del menemismo”. Sin embargo los partícipes del neoliberalismo de ayer mutados en progresistas hoy, no solo los mantuvieron en sus cargos neutralizando todas las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, sino que tratan sin disimulo que las causas mas conflictivas por corrupción estatal terminen en sus juzgados. Nuestros políticos nos engañaron ayer con sus acusaciones a los jueces o nos engañan hoy?

Para los familiares de las víctimas de Once no habrá esperanzas. El curso de acción del juez Bonadío lo refleja claramente en sus dos medidas fundamentales: caratuló a la causa como “estrago culposo seguido de muerte”, y no como un “hecho doloso”. Y admitió como querellante al Estado, uno de los dos principales responsables, para que pueda conocer e intervenir en la marcha del expediente, y fundamentalmente demorar la causa, hasta que el tiempo diluya el impacto en la opinión pública y el hecho se sume a la larga lista de impunidades. Cabe recordar que la acción de querellante por parte del Estado en casos de corrupción, le fue negada por los jueces federales en mas de una ocasión al en ese entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, dr. Manuel Garrido.

Es el Estado el principal responsable? Como tal le cabe la condición de principal, pero de ninguna manera único. Para desentrañar esta matriz de corrupción que arrasa con vidas inocentes no caben las especulaciones políticas, sencillamente porque las víctimas de estas tragedias no son beneficiarios de altos salarios estatales que le permitan debates insustanciales acerca de modelos, neoliberalismos y progresismos. Los que mueren son trabajadores peronistas, radicales, socialistas, apolíticos, y porque no, algunos neoliberales. El mantenimiento de la matriz de corrupción a través de distintos gobiernos indica que tiene partícipes necesarios dentro de un contexto político que excede al oficialismo de turno. No es casual que los políticos referenciales de supuestos oficialismos y supuestas oposiciones, empresarios relacionados con el Estado, gremialistas y jueces federales, sean siempre los mismos.

Solo basta mencionar un ejemplo. A cinco días de producida la tragedia de Once, un programa televisivo político invitó a dos gremialistas ferroviarios, a la diputada Adriana Puiggrós por el oficialismo, y al diputado Claudio Lozano por la supuesta oposición. Ante una pregunta del periodista a los gremialistas respecto a porqué las formaciones de trenes salían si no cumplían los requisitos de seguridad, éstos manifestaron que los maquinistas que formularon esta advertencia fueron sancionados por la empresa. Sorprendente. No están los gremialistas precisamente para defender a sus representados ante estas injusticias, más aún con un gobierno autoproclamado nacional y popular?

La diputada Puiggrós nos informó que el problema ferroviario se inició en 1962 durante el gobierno de Frondizi, y en su reseña llegó hasta el 2003, en donde enmudeció. Completó las insólitas declaraciones el diputado Lozano, que acorde con su rol de “duro opositor”, dijo que el problema de la concesión lo había hecho público en reiteradas ocasiones, pero que lamentablemente los organismos públicos nacionales no habían respondido a sus pedidos de informes y entrega de documentación. Cómo, para tal pasividad en obtener información se le otorga como diputado inmunidad judicial para ser detenido, y cobra $ 35.000 de dieta y otras dádivas como viajes al exterior y pasajes aéreos? Es necesario que tengamos que enterarnos por periodistas de investigación datos, fechas, contratos, incumplimientos, de distintos casos de corrupción, porque ningún legislador es capaz de proveerla? El término oposición tiene una resonancia política trascendente, más si recordamos a legisladores como Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Florentina Gómez Miranda, entre otros. A los actuales supuestos opositores deberemos llamarlos mínoría complaciente, cuando no cómplice ya sea por acción u omisión.

Entrar en el juego de centrar costos políticos exclusivamente en el Gobierno a través de su Presidenta, nos distraerá del fondo de la cuestión, que reside en la existencia de una aceitada matriz de impunidad, que necesita de múltiples actores adecuadamente distribuídos en los distintos estamentos institucionales. Cómo salir de esta trampa? En primer término aceptando nuestras propias culpas como sociedad. Somos extremadamente complacientes con la corrupción política, reflejada en una frase popular que abarca al menos dos generaciones y mantiene plena vigencia: “roban pero hacen”. Es momento de aunar esfuerzos fundamentalmente educativos y culturales para formar a nuestros jóvenes con un nuevo parámetro cultural: “las coimas en el Estado matan inocentes”.

Lamentablemente los familiares de las víctimas no tendrán justicia; ni siquiera resarcimientos económicos acordes al daño, porque los montos asegurados para estos servicios masivos son escandalosamente bajos. En nuestra próxima reflexión profundizaremos acerca de la matriz de las coimas, y colindantemente, como se maneja el debate público para encubrir en cada caso el fondo de cuestión.