SOBORNOS, COIMAS Y RETORNOS

Señalábamos en la pasada reflexión que lamentablemente las víctimas inocentes de la reciente tragedia en la estación terminal ferroviaria Once no tendrán justicia, porque el caso seguirá la matriz de encubrimiento que no sufrió modificaciones desde las épocas llamadas “neoliberales” ayer, transmutadas en “progresistas” hoy. Ello no debe asombrar, porque los actores en los campos político, judicial, gremial y empresarial son los mismos desde hace dos décadas. Mientras se entretiene a los ciudadanos con debates supuestamente intelectuales más acordes con las mesas de café universitarias que con la acción política real, en el uso de fondos públicos y negocios públicos- privados nada cambió. Sin embargo el reclamo de justicia de las distintas víctimas de la corrupción para que “lo que les sucedió a ellos no les suceda a otros”, obliga a buscar alternativas mayoritariamente compartidas que de una vez por todas generen cambios reales y efectivos. Una propuesta consiste en modificar nuestra condescendencia cultural de los enriquecimientos políticos de turno basada en la frase popular “roban pero hacen”, para instalar y formar a las futuras generaciones en la consigna “las coimas en el Estado matan inocentes”.

El problema sustancial de las coimas entre funcionarios públicos o gremiales con empresarios privados relacionados con el Estado, no consiste en que son difíciles de demostrar, sino en que el dinero empleado no proviene de una monto “resignado” por un particular, sino del propio Estado a través de sobrecostos, incumplimientos de contratos a favor de contratistas, disminución de la calidad del producto o prestación del servicio brindado, y renegociaciones de contratos lesivas para el Estado. Ese dinero “extra” a su obligación contractual, es el que el empresario parcialmente “retorna” a los funcionarios que viabilizaron su injustificado beneficio. En este contexto la única preocupación empresarial consiste en cómo registrar contablemente la salida de dichos fondos; de ahí el surgimiento de intermediarios con roles pocos claros, empresas fantasmas, facturas falsas, etc. En el caso de dádivas (obsequios, viajes al exterior, alquileres de edificios, etc.), el circuito de verificación es más fácil aún que en el manejo de dinero; en estos casos aparece la figura del “testaferro”, con algunas anécdotas hilarantes, como jubilados con ingresos mínimos dueños de departamentos de lujo; trabajadores humildes que son principales accionistas en empresas; monotributistas encabezando consultoras con el Estado como único cliente, etc.

Cabe señalar que esta matriz de corrupción que no sufrió variantes desde hace décadas, no se aplica al sector financiero por la complejidad y múltiples alternativas de la actividad, a lo que se suma su natural componente especulativo o “de riesgo”, por lo que adquiere características más complejas y sofisticadas. En los casos de corrupción financiera, que obviamente existen y pueden tener enorme impacto en las sociedades (ejemplo: licuación del capital de ahorristas), su característica delictiva en general cae en el campo de la defraudación y la estafa.

Esta facilidad en realizar negociados y enriquecerse en base a fondos anónimos conocidos como “fondos públicos” es la peor de las tentaciones, y la causa por la que las coimas son un serio problema en todos los países, y no casualmente, con los ejemplos más escandalosos en los países más pobres. La diferencia entre países entonces no consiste en la debilidad de los políticos ante la tentación, sino en como reaccionan y sancionan cada país los inevitables casos de coimas.

Seamos insistentes al respecto: el esquema de corrupción impune cierra necesariamente con una amplia cobertura judicial. Políticamente a lo sumo existirá una renuncia a un cargo político, o se soportará un largo juicio que concluirá ineludiblemente con sobreseimientos o prescripciones. También es importante tener presente que la coima es apolítica o multipartidaria, según se mire. En el circuito del dinero nadie se preocupa por averiguar si los implicados son peronistas, radicales, neoliberales o progresistas. Vale la pena recordarlo, porque fervorosos debates políticos mediáticos entre “enemigos irreconciliables”, nos hacen recordar a quienes hace años creían que las luchas en los espectáculos de Martín Karadajián eran en serio.

Hablamos de los partícipes necesarios para que la corrupción esté blindada a los castigos y permita su permanente impunidad. El gobierno de turno sólo es uno de ellos. Cabe ahora analizar la forma en que los casos de corrupción llegan a conocimiento de la sociedad, y de que manera la información, inevitable en una democracia, puede ser distorsionada para neutralizar su impacto político, ocultar responsables, confundir elementos probatorios, y alcanzar finalmente la legalización de la impunidad. En la próxima reflexión comentaremos dos casos cercanos y vigentes: la defraudación de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos, encabezada por Hebe de Bonafini, y el caso de Ciccone Calcográfica.