EL FALSO CONCEPTO DE TRIUNFO

Recientemente se asistió a una puja entre sectores del oficialismo y la oposición respecto a la legitimidad del dr. Leandro Despouy para continuar presidiendo la Auditoría General de la Nación. Finalmente se resolvió su continuidad ante el abroquelamiento en su defensa de sectores supuestamente opositores, lo que fue considerado por determinados analistas políticos un éxito de la oposición. Una vez más, lo escenográfico oculta lo esencial.

La primera duda que genera el suceso, es porqué la firme actitud opositora en defensa de Despouy no se repite en la defensa de los informes de auditoría del organismo que señalan graves falencias cuando no corruptelas en distintas áreas del sector público nacional, los que reiteradamente buscan ser neutralizados por los Auditores Generales de la AGN, quienes necesariamente deben aprobarlos para su oficialización, y por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que debe controlar las actividades de la Auditoría General. Se justifica esta situación señalando que tanto en el Colegio de Auditores como en la Comisión Parlamentaria la mayoría de sus integrantes pertenecen al oficialismo, lo que da lugar a una segunda reflexión. Los organismos de control del sector público creados para evitar desmanejos y corrupciones, pomposamente presentados a la sociedad como de rango constitucional, descentralizados e independientes del poder político de turno, son licuados mediante el armado de estructuras jerárquicas de conducción en donde la mayoría de sus miembros son aportados por el oficialismo. Cabe preguntarnos entonces si esas mayorías justifican la impunidad. Por otra parte, las minorías existen en un gobierno democrático para actuar precisamente como control de legalidad de la circunstancial mayoría gobernante legitimada por los votos, evitando que se confunda el derecho de establecer políticas de gobierno con la arbitrariedad que concluye irremediablemente en negociados y prebendas. Para ello cuentan con fueros parlamentarios, estructura administrativa de apoyo y amplia capacidad comunicacional. A la sociedad argentina no le interesa si el presidente de la AGN es el dr. Despouy u otro prestigioso profesional propuesto por la primera minoría legislativa. Lo que interesa es que los organismos de control del Estado cumplan con su cometido. Cuando profesionales son designados en cargos de relevancia para proteger el patrimonio público, no interesa si son oficialistas u opositores. Su responsabilidad los iguala: combatir la corrupción o protegerla.

Una gran deuda pública que la política en general tiene con la sociedad es la absoluta ineficacia de los distintos organismos de contralor de los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos del sector público nacional, que solo han servido para engrosar burocráticamente y con altos sueldos la planta de empleados con personas cercanas a distintos sectores políticos ingresadas sin concurso. La Auditoría General de la Nación es fundamental para cualquier Estado moderno; pero con el actual esquema de decisiones no sirve. Otro ejemplo mucho más grave es el de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que tiene como función investigar a los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, empresas en las que el Estado tenga participación, y toda institución o asociación que tenga como fuente principal de recursos el aporte estatal. Ante su manifiesta inacción, se ignora inclusive el nombre de su máximo responsable, el dr. Guillermo Noailles; la página web de la Fiscalía, por otra parte, no registra investigaciones en curso.

Las responsabilidades públicas no pueden escudarse ante el delito bajo el encuadre militar de la “obediencia debida”, por lo que si quienes asumen responsabilidades de evitar negociados a costa del patrimonio público son oficialistas u opositores es irrelevante. Por eso la sociedad debe conocer el nombre de quienes asumen esa responsabilidad. El Colegio de Auditores Generales de la AGN lo componen Leandro Despouy (presidente); los doctores Vicente Brusca; Francisco Fernández; Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti; los contadores Vilma Castillo y Oscar Lamberto.

La Comisión Parlamentaria que debe controlar a la AGN y viabilizar sus auditorías, presidida por el diputado Fabián Ríos, la integran además los diputados Enrique Andrés Vaquie, Eric Calcagno, José María Bancalari, Manuel Garrido, Rodolfo Julio Solanas, y los senadores Gerardo Morales, José Miguel Mayans, Pablo González, Elena Mercedes Corregido, Nani María Parrilli y Ernesto Sanz.

No importa a que partido pertenecen, o quienes son oficialistas u opositores. Su obligación es proteger a la ciudadanía del empobrecimiento que genera la corrupción en el Estado, con activa colaboración de empresarios privados. De no ser así, la democracia pasa a ser una utopía, y quienes deben controlar a ser cómplices.