Continuando con la agenda mensual que permita
seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a
funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a
costa de fondos del Estado, se detallan las novedades judiciales recientes.
1.- Coimas pagadas
a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000
El juicio oral que se tramita ante el
Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel
Pons y Eduardo Larrembere, ofreció como novedad la declaración del ex
vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de
las supuestas coimas. Solo expresó que tenía la convicción de que las mismas
existieron, pues así se lo manifestó el en ese entonces senador Antonio Caffiero,
y lo publicó el periodista Morales Solá, sin aportar ningún elemento
probatorio. Con este antecedente, se puede avizorar que de no autorizar la
presidente Cristina Kirchner la verificación
contable que constate si los fondos de las supuestas coimas salieron
efectivamente de la SIDE ,
el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de
corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.
2.- Tragedia del
ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada
por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la
estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la
catástrofe, la causa ingresó en el habitual letargo que precede a la impunidad.
Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de
procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible, porque hay
importantes incumplimientos de funcionarios públicos, empresarios y
gremialistas, que suponen el pago de dádivas con fondos del Estado, conocidas
como “retornos” (el privado paga coimas con dinero público)
3.- Quiebra y
recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y
el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello
respectivamente, no se produjeron avances en la causa, pese a que
permanentemente surgen nuevas evidencias del entramado político y empresarial
que dió lugar al negociado, conocidas solo a través de la prensa. Por el
contrario, el juez Lijo dictó el sobreseimiento de todos los abogados acusados por
Boudou de tráfico de influencias, lo que motivara la renuncia del jefe de
fiscales Esteban Righi, y del presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. El hecho que un
vicepresidente de la Nación
efectúe serias acusaciones a través de la cadena nacional, y no la sostenga con
pruebas en sede judicial, muestra que ante la opinión pública el objetivo era
el ocultamiento y no la sanción de los involucrados.
4.- Defraudación
de fondos públicos entregados a la Fundación
Sueños
Pese a que el fiscal Jorge Di Lello presentó
un escrito al juez Norberto Oyarbide reclamándole “no dilatar más la etapa de instrucción”, ante
su lentitud y licuación de pruebas contables y societarias fundamentales, no
quedan dudas que jamás habrá sanciones para quienes se enriquecieron a costa de
fondos públicos, que el Estado jamás recuperará. Tampoco el titular de la Auditoría Generalla Nación Leandrola Fundación
para construir viviendas, fondos que debían controlar los funcionarios Bontempo
y Fatala.
5.- Operación
financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
En junio del año 2007 personal de vigilancia del
Ministerio de Economía encontró en el baño del despacho de quien era entonces
Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya
procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué
prestado por un hermano, pero luego se retractó. La jueza Servini de Cubría, quien tramitó la
causa, la elevó al Tribunal Oral Federal nº 2, que aún no estableció fecha de
inicio del juicio oral.
6.- Contrabando de
944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.
El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil
7.- Entrega de
subsidios entregados por la
ONCCA a feed-lots inexistentes
Dichos subsidios fueron entregados por el en
ese entonces titular de la
Oficina de Control Comercial Agropecuario Ricardo Echegaray,
hoy a cargo de la AFIP. El
El seguimiento regular de distintos casos de
corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente
se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los
delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las
pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales
y administrativas del propio Estado.
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