CUANDO LAS REFORMAS SON CONSERVADORAS

Una peculiaridad del desarrollo político argentino de los últimos veinte años, es que ora neoliberales, ora progresistas, los representantes políticos, empresariales y gremiales son inevitablemente los mismos. El fenómeno no responde a una sorprendente incapacidad ciudadana en la utilización adecuada de los instrumentos que toda democracia debe brindar para elegir a sus representantes, sino en la manipulación ya habitual que ante la proximidad de elecciones nacionales se realiza de la Constitución Nacional y leyes electorales, con el único objeto de alcanzar el fin que caracterizó al llamado conservadorismo: precisamente el de conservar, en éste caso privilegios de la clase dirigente enquistada en el poder. Casi naturalmente el fenómeno deriva en oligarquías gobernantes, que en la ciencia política se entienden como forma de gobierno en la que el poder está en manos de pocas personas.

Este afán de conservar privilegios hace que quienes los usufructúan promuevan reformas en las que el interés particular prima sobre cualquier concepción ideológica con la que se intente enmascarar su implementación. Los discursos y metodologías empleados por los progresistas de hoy, no serán muy distintos de los proclamados por los neoliberales de ayer, durante la presidencia de Menem. La búsqueda de la perpetuación de los personalismos bajo la legitimación del voto, dado que las Constituciones no impiden la continuidad de los partidos políticos, concluye con la inevitable consecuencia del subdesarrollo y pérdida de libertades.  La historia está plagada de ejemplos al respecto. Las justificaciones de los portavoces reformistas son denigrantes para cualquier sociedad medianamente civilizada: “El líder es la única persona que puede gobernarnos; no hay otra opción”. Más grave aún es que quienes invocan engañosamente que el voto ciudadano habilita cualquier perpetuidad de mandatos, tras cartón implementan reformas al sistema electoral para distorsionar el voto de las mayorías, tales como la Ley de Lemas, por la que el candidato ganador no necesariamente debe ser el más votado; las Listas Colectoras, por las que dirigentes “todoterreno” alcanzan cargos legislativos al amparo de ir como adherentes de candidatos presidenciales que no pertenecen a su movimiento; o las escandalosas “candidaturas testimoniales”, por la que se integran listas para cargos legislativos con gobernadores  y funcionarios políticos que no asumirían en caso de ser votados. Todas estas burlas a la ciudadanía son amparadas, cuando no, por los jueces federales con competencia electoral. Valga un ejemplo: con motivo de las candidaturas testimoniales en la elección legislativa del 2009, el juez  electoral de la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco expresó que hasta tanto no se concretara la irregularidad de que los elegidos no asumieran, no podía prejuzgar. La irregularidad se concretó, y el juez Blanco no actuó. Claro está que el entusiasmo reformista jamás alcanza a eliminar las llamadas “listas sábanas”, por las que se digita quienes encabezarán las listas para legisladores de los distintos partidos, restando al ciudadano el poder de elegir a sus candidatos preferidos.

Ante este cuadro de situación, debatir el sentido de incluir como votantes a los mayores de 16 años, o hacer hincapié en que la nueva reforma constitucional pretende habilitar nuevas reelecciones de quien gobierna, es distraer a la ciudadanía con frases altisonantes, en lugar de plantear temarios mucho más trascendentes. No podemos ser nuevamente engañados en las elecciones legislativas del próximo año por supuestos opositores que se presentarán como tales para alcanzar un escaño legislativo, y posteriormente negociarán con el gobierno habilitando la reforma. Ya nos pasó, y es un destino mucho más previsible en la actualidad, en donde la oposición como tal no existe, sino que está conformada por una suma de pequeños grupúsculos cerrados de supuestos dirigentes con escasa representación y con posturas amorfas y divergentes, como quedó demostrado en temas  trascendentes como la reforma del sistema jubilatorio, la estatización del paquete accionario mayoritario de Repsol-YPF, o la reciente estatización de la ex empresa Ciccone Calcográfica. Eso sí; como chicos juguetones de primaria, con rostros adustos informan a la sociedad con quienes podrían o no podrían “ir a tomar un café a la esquina”.

Más productivo sería establecer un amplio temario previo a un eventual debate de reforma constitucional, basado inicialmente en los manifiestos fracasos de la reforma de 1994, también plagada de grandilocuencias y resultados opuestos a los comprometidos. Citemos algunos ejemplos claramente demostrativos: se pretendió minimizar el fuerte presidencialismo con la creación de la Jefatura de Gabinete, que en la práctica es un cargo irrelevante que carece de autonomía y no cumple con sus obligaciones; se creó el Consejo de la Magistratura para despolitizar el mecanismo de selección de jueces, pero solo se generó un organismo inocuo e ineficiente dominado por los oficialismos de turno; se instauró la autonomía política, legislativa y de jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, que llevada a la práctica solo provocó que quienes viven y trabajan en la ciudad sean rehenes de conflictos políticos que le son ajenos entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad; se otorgó jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación para controlar las acciones administrativas del Ejecutivo, para que su titular Leandro Despouy, elegido por el radicalismo como primera minoría legislativa, manifieste que carece de potestad para actuar por sí mismo ante los reiterados casos de corrupción en el gobierno. Para concluir, se destaca el más grave incumplimiento de la Constitución de 1994, que alcanza más de 15 años al vencer el plazo en 1997: no se elaboró un nuevo régimen de coparticipación federal entre Nación y Provincias. Esta sola omisión indica que carece de sentido debatir sobre una reforma constitucional, cuando el nuevo régimen de coparticipación debe ser exigible previo a cualquier planteo en tal sentido.  

Durante este período preliminar de propuestas y análisis, deberá observarse sin surge una oposición que aunque incipiente, sea coherente en lo ideológico,  con legitimidad de representación, y un programa de gobierno alternativo con compromisos concretos. Porque si continúa la vigencia de los “mini líderes opositores” actuales, de extrema mediocridad y sin el respaldo numérico suficiente para ser considerados una alternativa seria de gobierno, a la sociedad solo le restará asistir una vez mas a una puja electoral entre sectores internos del actual gobierno, en donde varios de los principales personajes en pugna recuerdan la famosa frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Políticos, empresarios y gremialistas argentinos, han seguido este consejo con gran aplicación durante los últimos veinte años.

Próxima reflexión: viernes 12 de octubre