Continuando con la agenda mensual que permita
seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a
funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a
costa de fondos del Estado, con la consecuencia del empobrecimiento social y pérdidas
de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales
recientes.
1.- Coimas pagadas
a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000
Tras doce años, finalmente el 14 de agosto
comenzó el juicio ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces
Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Las declaraciones efectuadas
hasta el momento no agregan nueva información a lo públicamente conocido, en
base a la denuncia de quien supuestamente intermedió para los pagos de las
coimas, el ahora arrepentido Pontaquarto. Quedan pendientes dos declaraciones
esenciales: la del ex vicepresidente Carlos Alvarez que presidía el Senado en ese
entonces, y fue uno de los principales responsables de la crisis política del
gobierno de la Alianza
con su renuncia al cargo. En la actualidad Alvarez es funcionario del gobierno
en el exterior. Respecto a la presidente Cristina Kirchner, más importante que
su declaración como testigo, es su eventual decisión de autorizar se informe si
los fondos de los sobornos salieron efectivamente de la SIDE. De no haber aportes
probatorios concretos en ambas declaraciones, es de suponer que el caso, presentado durante más de una década como un
hecho emblemático de corrupción, concluirá con sobreseimientos generalizados.
2.- Causa por la
tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada
por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la
estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la
catástrofe, se ingresó en el habitual letargo de las causas que involucran a
funcionarios y empresarios privados en casos de corrupción con dádivas y
enriquecimientos ilícitos, a lo que se agrega la desaparición de documentación
técnica y contable esencial. Comenzaron las habituales estrategias de las
defensas de los involucrados de plantear impugnaciones y requerimientos insustanciales
que son invariablemente aceptados por los jueces federales o sus instancias
superiores, con el único objetivo de dilatar el avance de la causa hasta la
dilución del impacto político. Lamentablemente para los familiares de las
víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será
irreversible.
3.- Quiebra y
recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
La causa iniciada en febrero por el juez
federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, sustituídos luego por el juez
Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, investiga la participación
de funcionarios públicos, entre los que se encuentran el vicepresidente Amado
Boudou, en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta
Ciccone y posteriores negociados con el Estado. La investigación entró en el
terreno de la lentitud habitual, pese a que las pruebas de conexiones entre
funcionarios públicos y empresarios privados se acumulan. Es importante señalar
que la reciente privatización de la ex imprenta Ciccone no implica, como erróneamente
se pretendió confundir a la opinión pública, actuar como cobertura que asegure
impunidad. Las pruebas, ya sea por existencia u omisión de la documentación
solicitada judicialmente, se encuentra en su totalidad en el juzgado.
4.- Defraudación
de fondos públicos entregados a la Fundación
Sueños
La causa a cargo del juez Norberto Oyarbide
que se iniciara en mayo de 2011, y que
engañosamente se focalizara en Sergio Schocklender y su equipo de trabajo,
cumplimentó la etapa de desaparición de pruebas contables y societarias
fundamentales, por lo que también tiene un destino irreversible de impunidad,
que seguramente a nadie sorprenderá. Ello
pese a que el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide
advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. La
impunidad alcanzará desde luego al mismo Schocklender, quien posee pruebas de
desviación de los fondos públicos a distintos receptores políticos y
particulares, que utilizará como salvoconducto. La responsabilidad por la
entrega y contralor de los fondos a la Fundación por parte del arqto. Bontempo e ing.
Fatala, insólitamente es investigada en otro juzgado, a cargo del juez
subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó hace más de dos meses una auditoría
sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por
Leandro Despouy, que como es habitual, a la fecha no presentó, sin explicitar
las razones.
5.- Crimen del
militante del Partido Obrero Mariano Ferreira
Prosigue el juicio oral y público ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, integrado por los camaristas Diego
Barroetaveña; Carlos Bossi y Horacio Días, por el asesinato a tiros del
militante Ferreira el 20 de octubre de 2011. El matiz político lo conforman sindicalistas,
con el titular de la Unión Ferroviaria
El seguimiento regular de distintos casos de
corrupción, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se
transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los
delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las
pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales
y administrativas del propio Estado.
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