La conferencia de prensa realizada por el titular de la AFIP Ricardo Echegaray el pasado viernes para referirse a las enormes evasiones impositivas detectadas en las transferencias de jugadores de fútbol, inicialmente debe dejar en claro que más allá de supuestas ideologías políticas, este accionar del gobierno es la actitud que cualquier ciudadano pretende de “sus representantes” ante los negociados. Si bien el funcionario dejó en claro que la responsabilidad de la AFIF se remite a evitar la evasión fiscal, no se puede eludir el reflexionar sobre las enseñanzas y consecuencias futuras del hecho.
Los argentinos estamos acostumbrados a las habituales grandilocuencias verbales de oficialistas y opositores respecto a la corrupción, que en los hechos se plasma en la total impunidad que el saqueo de los fondos públicos tienen en el ámbito del tercer poder “independiente” en un sistema democrático: el judicial, que es posible por la existencia de una fuerte cobertura política que excede a los oficialismos de turno. Toda impunidad tiene una primera etapa ineludible ante la opinión pública: desprestigiar y/o minimizar los hechos denunciados. Un ejemplo fue la defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos encabezada por Hebe de Bonafini, que pretendió minimizarse con la consigna propagada por algunos políticos y periodistas de que las denuncias eran un ataque encubierto a las madres, como si miles de madres inocentes con hijos muertos o desaparecidos tuvieran que soportar además que se las utilice de pantalla para cubrir defraudaciones. Vale tener presente esta estrategia, porque en política la única condición humana que no existe es la de la ingenuidad.
Por ello no ingresaremos en análisis secundarios respecto a porque ahora esta firmeza oficial, cuando las triangulaciones claramente ejemplificadas por Echegaray son públicas y notorias desde hace al menos quince años, y con los mismos clubes “pantalla” identificados en la conferencia de prensa. Las maniobras detectadas además de la evasión fiscal, permite intermediar las pertinentes coimas a dirigentes surgidas de tasaciones desmedidas de los jugadores, y como mayor cantidad de transferencias originan mayores negocios, se produce tal descontrol que los equipos se modifican sustancialmente cada seis meses, y aún en pleno desarrollo de los torneos se continúa comprando y vendiendo jugadores, existiendo casos en el que un mismo jugador llegó a integrar tres clubes distintos en un mismo año. La natural consecuencia de tanto dislate es la permanente renuncia de directores técnicos, que no pueden armar equipos coherentes si no es con intervención divina; clubes denominados grandes quebrados por no decir saqueados, y un nivel general futbolístico pobrísimo.
Inevitablemente se intentó enmascarar el fondo de la cuestión por sectores interesados, y surgieron sapiencias jurídicas de algunos periodistas que afirmaron que en realidad no hay “evasión” (no pagar impuestos violando lo establecido por ley), sino “elusión” (no pagar impuestos con maniobras que aprovechan vacíos de la ley), en cuyo caso no hay delito. Echegaray fue claro y firme: los impuestos se pagan o no se pagan, y los paraísos fiscales deportivos fueron creados para evadir. Esta afirmación rotunda obró a manera de revelación mística sobre los dirigentes de la AFA; presidentes de clubes de fútbol, y el presidente de Futbolistas Agremiados Sergio Marchi, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de llamar a un paro en defensa de la libertad de trabajo de los jugadores afectados. Todos ellos expresaron su total apoyo a las medidas de la AFIP, lo que demuestra que cuando quienes nos representan actúan conforme a la ley, se acaban los engañosos debates ideológicos que, consciente o inconscientemente, solo disimulan corrupciones estructurales. Pero el delito no descansa, por lo que hacemos una reserva. Extraña que ningún medio de comunicación diera la lista de los casi ciento cincuenta “empresarios del fútbol” involucrados y con su CUIT inhabilitado. Sorprende la rápida solución dada a los encuadramientos contractuales de los jugadores, que son engorrosos y con importantes pérdidas económicas para las partes. Es de esperar que Echegaray brinde una nueva conferencia de prensa para informar como evolucionó el tema.
El caso no debe concluir en el elogio, sino significar un paso inicial para que el Estado profundice esta línea de acción. La actividad futbolística profesional refleja mejor que ninguna otra la confluencia cada vez mayor de intereses políticos, empresariales y gremiales, por su repercusión popular. Por ello, en relación a la directa participación del Estado en el negocio del fútbol, las críticas no deben agotarse en el uso propagandístico de los millonarios fondos que entrega a la AFA a través de Fútbol para Todos, lo que es criticable, pero es un vicio aplicable a sucesivos gobiernos en todos los ámbitos del país. Lo importante es que el Estado asuma la responsabilidad de controlar el destino de esos fondos para evitar el continuo empobrecimiento de los clubes de fútbol producto de los negociados de “empresarios y dirigentes del fútbol”, que presentan resultados económicos falseados en sus balances anuales, y organizan los torneos y los cronogramas de mercados de pases para favorecer sus negocios, en lugar de mejorar los espectáculos. La AFIP deberá actuar más estrictamente en el control del pago de impuestos de cada uno de los clubes, controlando la veracidad de las deudas declaradas en los balances primero, y exigiendo su cancelación anual después, evitando que cuando los socios votan gestiones que intenten acabar con la impunidad de conducciones anteriores, los dirigentes votados se encuentren con enormes deudas inmanejables con organismos oficiales que no fueron reclamadas en tiempo y forma, como sucediera recientemente en Independiente.
La clara exposición de Echegaray no solo mencionó la maniobra del mercado de pases en el fútbol, sino destacó el enorme avance tecnológico de los sistemas de control, que posibilita obtener información contable-tributaria de cada ciudadano casi en tiempo real. De ello deberán tomar nota fiscales y jueces federales para sus investigaciones por ostentosos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, que invariablemente terminan impunes.
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