CONFUNDIR POLÍTICA CON SOBERANÍA

La reciente expropiación de la empresa gráfica ex Ciccone generó que tanto políticos oficialistas como supuestos opositores presentaran la ley aprobada como “un acto de soberanía”. Como éste concepto fuera utilizado en los casos de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF, entre otros, queda la duda sobre si los legisladores carecen de adecuada formación intelectual, o bien intentan disimular decisiones concretas de impacto económico pasados y futuros con grandilocuencias verbales falsas. Ambas hipótesis son inaceptables, por lo que es momento de realizar una reflexión al respecto.

El concepto de “soberanía” contemporáneo surgió para fundamentar el surgimiento de nuevos estados nacionales en la Europa del siglo XVI, en donde predominaban las monarquías y el derecho divino y/o hereditario como legitimación de liderazgos, entendiéndose como tal al derecho de los pueblos de elegir a sus gobernantes, establecer sus leyes y mantener sus territorios. En un sistema republicano el soberano es la colectividad o pueblo, que traslada sus derechos a favor de la autoridad elegida a través del voto popular, con sistemas electivos que garanticen las decisiones de las mayorías. Los representantes del pueblo una vez instalados como “autoridad”, generan  “actos políticos”, los que también deben ser homologados por una mayoría, en este caso parlamentaria. Este concepto de Perogrullo cobra especial relevancia en nuestro país, cuando es la misma clase política que festeja como un acto de soberanía la implementación de políticas totalmente opuestas a las que los mismos políticos avalaron tiempo atrás. La rimbombante frase “acto de soberanía” debería tener su correlato opuesto en “pérdida de soberanía” como resultado de una traición, que en el ámbito del derecho y en el campo político es un delito  que se comete cuando se atenta gravemente contra la seguridad de la nación. En tal sentido, sería materia de debate establecer, por ejemplo, si la privatización del petróleo argentino puede considerarse una traición, así como su expropiación reciente se consideró un acto de soberanía. El hecho concreto es que en la actualidad el ex presidente Carlos Menem, que promovió la privatización, y los legisladores que la aprobaron, no sufrieron ningún tipo de sanciones. Por el contrario, la mayoría de ellos ocupan en la actualidad cargos relevantes en la administración pública.

Corrido el velo de la grandilocuencia de tono marketinero, y cumplidos los requisitos de delegación republicana del poder; organización jurídica y preservación del territorio, incursionemos en la enorme trascendencia que para un país tienen determinados actos políticos. La implementación de instrumentos legales y administrativos para promover políticas, indefectiblemente admite alternativas que comprenden múltiples estrategias de interacción entre sectores públicos y privados. El Estado posee lo que jamás poseerá el privado: la capacidad de dictar leyes y decidir políticas públicas de cumplimiento obligatorio. Si el privado avanza en éste campo, es por claudicación del funcionario público, generalmente asociada a la corrupción. El burócrata, por su parte, envidia la escenografía del empresario y añora sustituirlo y usufructuar sus bienes, sin poner en riesgo capital propio y careciendo por sí mismo de la creatividad del emprendedor. Minimizar riesgos y lograr ganancias fáciles también es un deseo de muchos empresarios, para lo cual conforman “fructíferas asociaciones” con funcionarios en detrimento de los fondos públicos. La ex empresa Ciccone Calcográfica es un excelente ejemplo de este tipo de asociaciones. Como el negociado fracasó parcialmente, varios legisladores tuvieron un ataque de “soberanía” al expropiarla, bastardeando el sentido de la palabra.

En estas circunstancias hasta se puede ser condescendiente con los legisladores oficialistas, considerando que existe un sistema electoral que mantiene férreamente las llamadas listas sábana para ser elegidos, y que acceder a ellas depende del gran elector, ya sea la presidente en el oficialismo, o de los pequeños grupúsculos que recurrentemente se autoeligen como candidatos a legisladores en las distintas versiones de las supuestas oposiciones, para solo entonces, depender todos ellos de los votos que obtengan en la elección general. Sin embargo la responsabilidad de las oposiciones es mayor a la del oficialismo, porque como tales tienen la fundamental obligación de legislar alternativas, controlar los actos públicos del Ejecutivo, e informar a la ciudadanía el resultado de tales controles. Sus desempeños los hará eventualmente acreedores a ser considerados por la ciudadanía como futura opción de gobierno. Lamentablemente  nuestra realidad política indica que no existe oposición, dado que sus referentes, conscientes de sus limitaciones, ni siquiera pretenden ser opción de gobierno, sino solo mantener sus privilegiados cargos legislativos el mayor tiempo posible. Por ello no plantean que aún no se cerró la expropiación de Aerolíneas Argentinas, desconociéndose el monto indemnizatorio que recaerá en los próximos presupuestos y gestiones de gobierno. Del mismo modo se ignoran montos indemnizatorios y cronograma de inversiones con su flujo de egresos-ingresos de YPF. Y en el caso más reciente, no se tiene la mínima idea del costo de la expropiación de la ex imprenta Ciccone, y menos aún se explica porque es un acto de soberanía expropiarla cuando existe la Casa de la Moneda para tal función.

Tengamos presentes una obviedad: el primer acto de soberanía económica y política es minimizar los actos de corrupción que asocia a funcionarios públicos con empresarios privados, ya sea nacionales o extranjeros, en detrimento del presupuesto público, con sus consecuencias en el desarrollo social, y muchas veces a costa de la vida de ciudadanos inocentes, como sucediera recientemente en la tragedia ferroviaria de la estación Once.