En la semana anterior reflexionamos acerca de
la polémica desatada con motivo de la imposibilidad de la provincia de Buenos
Aires de abonar en tiempo y forma el aguinaldo a sus empleados públicos, centrándonos
en los actores políticos excluyentes del conflicto: la Presidente , con su
habitual locuacidad, y el gobernador Scioli, con su no menos habitual apatía. Profundizaremos
ahora las causas del conflicto desde lo estrictamente institucional y presupuestario,
que excede lo anecdótico para adquirir el carácter de política de fondo con repercusión
en todo el ámbito nacional.
El tema ofrece tres vertientes de análisis,
que por orden de importancia denominaremos político-constitucional, técnico-presupuestario,
y de gestión. El intercambio de declaraciones solo hizo hincapié en la gestión,
que necesariamente debe ser evaluada una vez clarificados los aspectos institucionales
y presupuestarios.
1.- Político-constitucional: la reforma constitucional de 1994
aprobada el 22 de agosto de ese año, al fin de su articulado establecía un
conjunto de Disposiciones Transitorias para los casos en que las reformas
necesitaban de tiempos de implementación. La Disposición Sexta
Asumiendo la
envergadura e importancia de la tarea para posibilitar un verdadero
federalismo, se otorgaba a los legisladores en plazo de veintiocho meses para
cumplimentar el requisito establecido. A más de quince años de su vencimiento
no solo no se cumplió, sino que en el colmo del cinismo, hay quienes piensan en
una nueva reforma constitucional. Sumemos a lo expuesto las permanentes
delegaciones en el Poder Ejecutivo que los legisladores realizan de sus atribuciones,
afectando la coparticipación de recursos entre Nación y Provincias, y posibilitando
al Ejecutivo la conformación de la famosa “caja disciplinadora de
gobernadores”. Esta situación de concentración de recursos económicos de
características “unitarias” para quienes gustan remontarse al pasado, no es
responsabilidad del Presidente de turno, sino exclusiva de los gobernadores y
legisladores provinciales, que contando con amplia mayoría legislativa para
lograr distribuciones más equitativas, traicionan el mandato que les otorgaran
sus comprovincianos. Pareciera ser más fácil gimotear reclamando la gracia
presidencial para, por ejemplo, incrementar el Fondo del Conurbano, que cumplir
con el mandato constitucional del año 2004. Un ejemplo reciente de esta
complicidad fue el rol cumplido por los gobernadores de provincias petroleras
en la expropiación de las acciones de Repsol, sabiendo que perderán gran parte
de sus facultades como titulares del dominio de los subsuelos provinciales que
les otorgara la reforma constitucional, que serán asumidas por el Ejecutivo
nacional.
2.- Técnico–presupuestario: los presupuestos consisten en el cálculo anticipado de ingresos y
gastos que sean viables, y en el caso de los gubernamentales, por un período
anual. Al nacional se lo denomina “ley de leyes” por traducir en números las
políticas implementadas para el país. Su correcta formulación y aplicación
debería evitar situaciones traumáticas como las vividas por los empleados
públicos de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto nacional fue aprobado
legislativamente el 21 de diciembre de 2011, y el provincial el 24 de noviembre
del mismo año. Es claro que en el corto período que medió entre sus
aprobaciones y la insuficiencia de fondos de la provincia para abonar
aguinaldos, no se produjeron situaciones económicas que modificaran las
previsiones aprobadas, por lo que en principio el problema no debería ser de
índole económico-financiera, sino político.
3.- Calidad de gestión: solo una vez considerados los aspectos
detallados en los puntos precedentes, cabe analizar la calidad de gestión,
entendiendo como tal a la tarea de administrar metódicamente las variables
presupuestarias aprobadas, lo que implica gobernar, disponer, dirigir, ordenar
u organizar en función de cumplir con el objetivo que motivara su elaboración y
aprobación.
Estas hipótesis
de trabajo no fueron planteadas en el debate mediático tanto por los adherentes
a la Presidenta
como al gobernador Scioli. Ni hablar de las supuestas oposiciones, que tienen
una relevante responsabilidad en su carácter de minoría en la aprobación del
presupuesto nacional, tanto en lo que compete a las políticas de Estado, como a
los montos, fines y plazos de las partidas que deberán ser trasladadas a cada
provincia. Si una minoría observa distorsiones insalvables que falsean la
realidad económica, está obligada a presentar su propio presupuesto, apoyarlo
en el recinto, y explicitarlo de manera entendible a la comunidad. No basta con
ir a programas televisivos para decir que se votó en contra, o a favor pero
“con reservas”.
Entendidos estos
rudimentarios conceptos que pareciera los políticos tratan de evitar, es cuando
surgen las preguntas obvias: los presupuestos nacional y provincial
respondieron a estimaciones reales o ficticias? En caso de haber sido reales:
cumplió el Ejecutivo con el envío de los fondos previstos para la provincia? En
caso de haber cumplido el Ejecutivo: qué destino dió a los fondos percibidos el
gobernador Scioli?
Lo lamentable es
que tras el telón de debates engañosos y escenográficos se produjo el habitual negocio.
El gobernador Scioli firmó el 22 de julio un decreto que prorrogó las licencias
de concesión para operar las salas de juegos de azar por 15 años, recibiendo
como contrapartida la suma de 1.500 millones de pesos para pagar los aguinaldos.
Se repite de este modo un viejo vicio neoliberal–progresista: lo que no logran políticas
adecuadas lo soluciona la ruleta.
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