AJUSTAR LO INJUSTO

La campaña electoral brinda un excelente punto de partida para afrontar el próximo debate que, pícaramente, los beneficiarios de los desajustes llaman amenazadoramente “el ajuste”. Más aún, cuando la historia muestra que al momento de las inevitables decisiones destinadas a superar urgencias económicas, los autoproclamados defensores del bien común harán recaer el costo de los ajustes en anónimos ciudadanos. Como evitar que este recurrente engaño se repita? Clarificando conceptos, antecedentes y estrategias. En primer lugar, los ajustes no se deberán discutir y anunciar en base a datos “macro”, sino identificar inequidades sectoriales a nivel “micro”. El desarrollo informático e interacción de bases de datos posibilitan esta mayor precisión. Lo que no varía en el tiempo es el origen de las crisis político-económicas: recursos del Estado insuficientes para afrontar sus gastos, con políticas distributivas inequitativas que usualmente concluyen en alta corrupción. Los recursos públicos se obtienen a través del patrimonio ajeno en forma coercitiva (impuestos, tasas, contribuciones), y del patrimonio propio (utilidad de empresas estatales, venta de bienes). Los “ajustes” tienen un problema de origen: todos pretenden estar a salvo, y que sea absorbido “por el otro”. Un conocido ejemplo es la frase “que lo absorban los que más tienen”, autoexcluyéndose la clase política de ese privilegiado grupo.

El manejo de la crisis 2001-2002 es el ejemplo más cercano de ajuste “vicioso”, y es adecuado para establecer las diferencias entre estrategias “macro” y “micro”. En marzo del 2001 el entonces Ministro de Economía López Murphy anunció un severo ajuste fiscal, que incluía entre sus anuncios “macro” el despido de 40.000 empleados públicos. López Murphy duró 15 días en su cargo. Hubiera sido más lógico anunciar medidas de personal basadas en la extinción de prebendas, inequidades e ilegalidades, dejando en claro que en ningún caso se afectarían a empleados que sean sostén de hogar o tengan trabajo único, siempre y cuando cumplan con los derechos y obligaciones que competen a la función pública.  

El Poder Legislativo es el organismo más adecuado para aplicar este enfoque. Está integrado por todas las expresiones políticas, con la responsabilidad de establecer el andamiaje legal del Estado y ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo. Cabe preguntarse: su costo sobre el presupuesto público es razonable?. Tiene el personal necesario, o un exceso injustificado basado en nepotismos y amiguismos? Se cumplen asistencias, cargas horarias,  y la obligación de no percibir más de un sueldo estatal con excepción de la docencia? Es necesario el número de asesores? No se pueden bajar sensiblemente los intrascendentes viajes al exterior y otros gastos?

La siguiente valla a sortear se llama “derechos adquiridos”. En agosto del 2001, los legisladores sancionaron la ley 25.466 llamada de intangibilidad de los depósitos, que redundantemente expresaba que las condiciones de los depósitos captados por las entidades financieras no podían ser alteradas por el Estado nacional. Cuatro meses más tarde se restringió su disponibilidad (corralito), y en enero del 2002 se incautaron definitivamente (corralón), incluidos los de medianos y pequeños ahorristas. Esto sienta jurisprudencia para que los “derechos adquiridos” inequitativos, como el no pago de ganancias por el poder judicial, jubilaciones de privilegios y similares, se anulen, o al menos se suspendan.

Surge luego la valla mas cínica, llamada “cuidar fuentes de trabajo”. Tras esta noble fachada que utiliza a trabajadores inocentes, se facilitan negociados privados que con complicidad política y gremial, son realizados con dinero público irrecuperable. Casos como Río Turbio, OCA, Sancor, medios gráficos de Spolzki, López, Garfunkel, entre muchos otros, son muestra de este costo fiscal. En el 2002  la noble intención se utilizó para estatizar parcialmente las deudas en dólares de grandes grupos empresarios, tales como YPF, Loma Negra, Telecom, OCA, Coto, Socma, entre otros. Los pequeños y medianos ahorros se incautan (política macro), y parte de las grandes deudas se estatizan (política micro). 

Tema aparte es la incidencia enorme que los delitos y la corrupción tienen en los costos fiscales, cargas impositivas y posibilidades productivas. Su análisis cuantitativo daría por tierra que el “roba pero hace”, es un mal menor.  

Buenos Aires, 04 de octubre 2017