DE CAPONE A MEDINA

Cuando se habla de déficit fiscal que obliga a un “ajuste”, hay un indicador económico que los presupuestos no cuantifican: el costo del delito y la corrupción. No es una ironía. Evaluarlo, en primer término debería promover el dictado de leyes eficaces para combatirlos. Pero ello no sucede. La ley de Extinción de Dominio por ejemplo, que permitiría una rápida recuperación de bienes sustraídos al Estado, está paralizada en el Senado desde hace más de un año. Felizmente los jueces recordaron que existe el decomiso, y su aplicación posibilitó la entrega a Prefectura de una lujosa lancha de Ricardo Jaime, y a la Policía Federal una aeronave de Lázaro Báez.

Pero como la problemática de la corrupción mantiene aún sólida trama de  impunidad, merece una reflexión más profunda para no banalizar los diversos casos bajo la escenografía del entretenimiento mediático. Los casos más resonantes se conocían desde hace años, sea por un periodismo de investigación serio, o en voz baja por sus atemorizadas víctimas del delito. Madres indefensas que sabían quienes vendían drogas a sus hijos; comerciantes que entregaban la cuota mensual de “protección” a la policía; jueces que jamás comprueban enriquecimientos ilícitos; empresarios que debían contratar con sobrecostos los obreros y servicios a los que obligan los distintos “Pata Medina”. Sin embargo, para entenderlos con precisión a nivel comunicacional, surge un problema: su asimilación intelectual es más compleja y limitada que la sensorial. Por ello, asumir el impacto económico-social de la corrupción lo posibilitó el instrumento comunicacional sensorial más contundente a nivel masivo: la imagen. Se pudo ver al grupo del contratista Báez contando millones de dólares; al ex Secretario de Obras Públicas López ocultando en un convento millones de dólares; a la hija de una ex presidente teniendo en su caja de seguridad millones de dólares.

Pero las imágenes exhiben hechos pasados, que de por sí no explican las metodologías del saqueo. Si las analizamos, concluiremos que no tiene grandes diferencias entre países y épocas, entre los “Al Capone” y los “Pata Medina”. Cuando la corrupción, (que etimológicamente significa arrebatar, sustraer), se refiere a delitos comunes puntuales, como asesinatos, robos, secuestros, defraudaciones, se denominan “actos corruptos localizados”. Pero cuando se extiende a lo institucional conformando tramas de impunidad basadas en cleptocracias (ladrones ubicados en estratos del poder), concluyen en “corrupción generalizada sistémica”. Dada la jerarquía de los responsables, hasta la terminología delictiva se hace más sofisticada: exacción, cohecho, peculado, prevaricato. Pero al necesitar estas cúpulas políticas, sindicales, empresarias y judiciales apoyo logístico de base para ejercer aprietes, amenazas e infundir miedo, se conforman las fuertes interacciones entre el delito común y el sofisticado. Estas redes, que incluyen fuerzas de seguridad, crean verdaderas pymes delictivas, en las que el delincuente común que se inicia como “patotero” o funcionario “coimero”, se transforman en empresarios que ofrecen una amplia gama de servicios de uso obligatorio y alto costo. Muchas veces actúan a través de cooperativas, entidades sin fines de lucro, asociaciones gremiales, que son cáscaras creadas para dar cobertura al dinero público mal habido.

 Al Capone se recuerda como un reconocido delincuente americano de la década del 30, en donde el poder delictivo se dirimía a balazos (método que aún se mantiene entre bandas de narcos). Capone se inició como extorsionador, y una vez consolidado su poder, armó una estructura administrativa empresarial muy eficiente, con sólida cobertura política, policial y judicial. Esa época de hampones tuvo para la economía un alto costo fiscal y productivo por décadas, hasta que alcanzó un punto de hartazgo ciudadano y político. Como es sabido, Capone no fue asesinado por sus enemigos, delatado, o condenado a once años de prisión por sus crímenes, sino por la evasión impositiva que se detectó por una laboriosa investigación del Estado.

Ochenta años más tarde, nos preguntarnos si es imaginable que nuestros grandes evasores impositivos que incrementaron el déficit fiscal sean condenados a prisión, acompañados de los funcionarios cómplices que los apañaron. Habremos aprendido y llegado al punto de hartazgo respecto a la corrupción?

Buenos Aires, 11 de octubre 2017