El concepto de igualdad de género
responde al principio establecido en el artículo 16 de la Constitución, que
estipula que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. Usos y costumbres
en muchos casos ancestrales, reservó para la mujer un rol de maternidad y
hogar, con limitaciones no explícitas de derechos cívicos, laborales y de
oportunidades. El debate actual hace hincapié en la violencia ejercida por el hombre,
para amenazar, dañar e incluso matar a mujeres por conflictos personales. En
este contexto, es interesante destacar manifiestas desigualdades de género en
los campos político y deportivo relacionadas con la corrupción, que no han sido
resaltadas en el debate.
En lo político, quienes en las
últimas décadas fueron perseverantes en la investigación seria, denuncia y
seguimiento de casos de corrupción estatal-privada, han sido mujeres: Carrió,
Ocaña, Stolbizer, Alonso, a las que, con responsabilidades ejecutivas de
gobierno, se suma María Eugenia Vidal. La rama política masculina por el
contrario, ejercita expresiones meramente declamatorias, o más grave aún, formula
denuncias superficiales con el fin de coaccionar y/o desprestigiar para negociar
impunidad. Esta falencia de género no se manifiesta en el periodismo de
investigación, en el que se desempeñan eficazmente ambos sexos.
Pero la desigualdad mayor se
presenta en el campo deportivo, en un sector en el que conviven como dirigentes
representantes políticos, empresarios, sindicales, judiciales y delincuentes de
armas tomar, con una amplitud partidaria, ideológica y social envidiable. Para
mezclar negociados con honestas administraciones, cuentan con una cobertura
jurídica ideal: los clubes de fútbol son organizaciones civiles no
gubernamentales “sin fines de lucro”, cuyo objetivo es alcanzar el bien común.
Si las mujeres, en especial las
comprometidas contra la corrupción, pudieran atravesar esta sólida coraza masculina,
tendrían un excelente campo de experimentación no solo para visualizar la
corrupción “en bruto”, sino constatar los entramados intersectoriales para
lograr complicidad e impunidad. En lo económico, aprenderán de transacciones
multimillonarias de jugadores realizadas a través de intermediarios; evasiones
fiscales, balances manipulados aprobados con coacción de barras bravas;
circuitos paralelos de comercialización de entradas, sobrefacturación de
servicios, y todo tipo de irregularidades. No es casual que en muchos clubes,
incluidos los llamados grandes, corran riesgos las verdaderas funciones
sociales, como las recreativas y educativas.
En cuanto a las tramas de
complicidad, los nexos entre las dirigencias de clubes y de la AFA, convierten
en ridículas las clásicas elucubraciones para detectar a los misteriosos operadores
judiciales, como en su momento Javier Fernández; hoy Daniel Angelici, Alfredo
Lijo o el multifacético Alberto Fernández, autoproclamado consultor para
defender “a los trabajadores” en la causa judicial de Indalo. El camarista
Jorge Ballestero por ejemplo, integra desde hace años el tribunal de penas de
la AFA. Las relaciones entre empresarios y sindicalistas, no necesitan de
supuestos. La empresa OCA que preside Farcuh, también deudora de miles de
millones de pesos al Estado, promociona la camiseta del glorioso club
Independiente presidido por los representantes de sus trabajadores, los
sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Los objetivos del “bien común” alcanza tal
fervor, que muchos dirigentes participan en la conducción de dos o más clubes,
poniendo en crisis el concepto basado en que lo único que no cambia en la vida
es la fidelidad futbolera.
La tarea de las mujeres para
ingresar al mundo “sin lucro” del fútbol, será mucho más compleja que obtener
en el campo laboral igualdad de oportunidades y salariales.
Buenos Aires, 21 de marzo 2018
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