Dado la degradación institucional, económica y social de nuestro país en las últimas décadas con la permanencia de las mismas clases dirigentes, es necesario variar los igualmente repetidos enfoques analíticos y discursivos. Para ello se podrían crear canales comunicacionales que faciliten que sean los ciudadanos comunes quienes formulen interrogantes a ser respondidos por diversos niveles de representación y/o poder. En newsletters anteriores se simularon “exámenes” con preguntas específicas que intenten evitar que se eludan respuestas precisas bajo el artilugio de incursionar en abstractos debates ideológicos o apelar a eslógans o estadísticas de veracidad incomprobable. Se analizó anteriormente a economistas, jueces y sindicalistas. Es ahora el turno de los empresarios.
El término empresario se consolida a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial, caracterizando a quien interrelaciona recursos materiales, trabajo y capital para producir bienes y servicios. Evaluarlos presenta una primera dificultad; a diferencia de la locuacidad mediática de políticos, economistas, sindicalistas y aún jueces, empujados por la reacción social contra la corrupción, en el empresario predomina la discreción, el silencio, el secreto. Utilizan la globalidad estadística como factor de presión pública (la industria, las pymes, las textiles), pero jamás presentan estudios de costos y menos aún, informan márgenes de ganancia. Su frase preferida es “trabajamos a pérdida”. Se expresan a través de las cámaras que los representan, lobbystas cercanos al poder político (ejemplo Mendiguren), y en un hecho inédito que realimenta la inflación, actúan muchas veces asociados con los sindicalistas, quienes cumplen el rol de presionar “en la calle”, para luego acordar aumentos que de inmediato son trasladados a la sociedad. El caso más reciente es el de los empresarios de transporte de cargas, cámara que conduce Daniel Indart, y el gremio de camioneros que dirige los Moyano, padre e hijo. Ambos hicieron paro; los primeros para que el Gobierno (o sea la sociedad), les subsidie combustibles y peajes; el gremio para lograr incrementos salariales por sobre la media. Demagògicamente invocan paritarias libres, pero durante las negociaciones las partes involucradas les hablan al Gobierno, para que se haga cargo. Excepcionalmente el reclamo es explícito: “El Gobierno debe intervenir más fuerte en las paritarias” (Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, La Nación, 17 de mayo de 2014).
Esta habitual asociación empresarios-sindicalistas adquiere ribetes más graves cuando acuerdan conjuntamente con funcionarios, financiarse y/o enriquecerse a costa de evadir sumas impactantes en impuestos y aportes patronales: Oil Combustibles; Grupo Indalo; OCA; Sancor; Cresta Roja, y una larga lista de empresas. La excusa para facilitar los negociados y/o salvar patrimonios propios indigna por su cinismo: crear y/o cuidar fuentes de trabajo.
En una organización social sana los roles son definidos: el sector político crea instrumentos de desarrollo y equidad; el sindicalista representa derechos de los trabajadores, la justicia cuida el cumplimiento de la legalidad, y el empresario aporta capital que se supone de riesgo, creatividad, profesionalidad. Que pasa cuándo éstos roles se confunden, intercambian o asocian, descapitalizando al Estado? Dejan de ser unívocos, y se superponen: son empresarios y políticos; son sindicalistas y empresarios, son jueces y políticos. Ello facilita prebendas, negocios fáciles sin riesgos económicos, y naturalmente, corrupción.
Hay quienes equivocadamente asocian el concepto populismo con políticas distributivas virtuosas, pero sus consecuencias son las mismas que en un capitalismo salvaje: enriquecimiento desmesurado de los beneficiarios de las corruptas asociaciones estatales-privadas, y lógico crecimiento de la pobreza y marginalidad. En este esquema reclaman ser subsidiados los pobres, pero también enriquecidos empresarios exitosos gestionadores de prebendas. Es momento entonces que los empresarios, sindicalistas y funcionarios “buenos” predominen sobre los “malos”, y acuerden políticas que desactiven esta máquina de generar inflación, privilegios, desempleo y pobreza. No sorprendería que lo logren sin afectar salarios, si desarman los costos extras injustificados o corruptos que no van al bolsillo ni a la seguridad social del trabajador. En defensa de los empresarios genuinos, diremos que la conocida frase “el capital no tiene ideología” ya no se les puede adjudicar en exclusividad. Muchos políticos y sindicalistas tampoco parecieran tenerla.
Buenos Aires, 21 de junio 2018
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