En el cuaderno anterior recordamos la causa de las coimas en el Senado como un caso paradigmático para comprender el circuito de corrupción, especulación política e impunidad final, vigente desde hace décadas. Este segundo cuaderno reflexiona sobre los inéditos y masivos mal llamados arrepentimientos de importantes empresarios, políticos y jueces. Cabe recordar que existen dos clases de arrepentimientos: el religioso (dejar de pecar para volver al camino de Dios y del bien), y el penal (temor a ser castigado judicialmente). Este último adquirió eficacia a partir del año 2016 con la modificación de artículos del Código Penal que incorporó la figura del colaborador. Los últimos sucesos podrían terminar con una variante habitual de arrepentimiento más peligrosa y cínica: pregonar principios éticos y denunciar corrupciones como mero juego político, bajo el paraguas de impunidad de los culpables asegurada.
La corrupción desaforada necesitó de una trama estructurada desde cúpulas cleptocráticas consolidadas, multifacéticas, apolíticas en lo ideológico, asociada a otros poderes constitucionales y organismos de control, y con un sinnúmero de partícipes secundarios necesarios, sea por acción o adhesión (secretarios, testaferros, periodistas, actores, policías, choferes, jardineros), o por omisión, amansando a políticos y funcionarios penalmente “honestos”, con cargos públicos bien rentados, extendidos a sus familiares de ser necesario. Por ello los antecedentes de arrepentidos con pruebas sólidas (Skanska, Siemens, IBM-Banco Nación, entre otros), o best sellers sobre la corrupción como “Robo para la corona”, se diluían como entretenimientos mediáticos, pero no mucho más.
Es oportuno no embarcarse en prematuros entusiasmos emocionales, pese a la relevancia de los arrepentidos y contundencia de sus declaraciones. Se instalarán las clásicas estrategias legales y comunicacionales de negación, confusión y ocultamiento, que ya planteaba el psicólogo social Dunlap en 1925, cuando señalaba que ante la opinión pública se debían sustituir los argumentos por las declaraciones. No es casual que políticos o empresarios en lugar de argumentar “inocencia”, se limitaran a declarar “persecuciones políticas”, o bien, “fui obligado”. Del mismo modo se abusará del rumor, que Ludendorff definía como el medio de propaganda más peligroso de todos: ”La idea se siembra y nadie sabe de dónde ha salido”.
Sin embargo la gran incógnita es vernácula: hasta cuándo el sistema político seguirá auto protegiéndose? Como referencia basta señalar la capciosa e inconstitucional interpretación de la ley de fueros, que permite que procesados y condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y legisladores; la increíble resistencia a promulgar una ley eficaz de extinción de dominio de bienes de la corrupción; la permanencia de un sistema electoral absurdo que facilita cualquier despropósito para permanecer en los cargos.
Mientras estas preguntas esperan respuestas, el seguimiento de las causas judiciales aconseja tener presente: 1) los primeros arrepentidos deberán ser los integrantes de la justicia penal; en especial jueces y fiscales federales. 2) eludir la distracción con fetiches de culpabilidad como objetivo unívoco y engañoso: Menem y los Kirchner, Oyarbide y Bonadìo, Wágner y Calcaterra, peronistas y radicales. En la propaganda política el recurso de hacer foco en lo coyuntural o anecdótico para mantener lo estructural se llama Regla de Simplificación, cuyo símbolo es el eslogan. 3) no interrelacionar reclamos ciudadanos de honestidad política con encuestas de adhesión y/o rechazo político a personajes y/o sectores. La corrupción estatal no tiene ideología. En las cúpulas favorecidas predominan los negocios y el dinero; en las franjas sociales vulnerables, el temor a perder lo poco que recibieron.
Ocho cuadernos y una reforma en el Código Penal generaron un tifón dentro del cual giran desordenadamente políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas y testaferros. En lo inmediato se introduce un nuevo mensaje de impunidad, que sostiene que las empresas involucradas en las coimas y sus obras entrarán en crisis, incumpliendo contratos e incrementando la recesión. Ante ello, el gobierno debiera elaborar una estrategia jurídica, técnica y presupuestaria para mantener fuentes de trabajo y obras claves de desarrollo. Recordemos que las dirigencias argentinas son muy especiales. No hay inversiones por la corrupción, pero tampoco las hay si se la combate.
Buenos Aires, 15 de agosto 2018
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