DENUNCIAR PARA QUE NADA CAMBIE

Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie. 

Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.

La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos: 

1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos. 

2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.

Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.

Buenos Aires, 01 de agosto 2018