En el cuaderno 6, Centeno manifiesta que tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en octubre del 2010, los traslados de dinero se reiniciaron a tan solo siete días de su deceso, si bien fueron menos frecuentes y con montos menores. En el próximo cuaderno 7, asentará que el 21 de diciembre interrumpió sus anotaciones hasta mayo del 2013, “por temor que me descubran y quede sin trabajo”. Este período en blanco es oportuno para comenzar a desentrañar la matriz político-institucional que posibilitó tamaño saqueo al Estado, partiendo de un interrogante simple: cómo es posible que en un sistema democrático la trama delictiva conformada por políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes, haya permanecido indemne durante tantos años?
El análisis debe comenzar por el Presidente de la Nación, quien “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” (artículo 99 de la Constitución Nacional). A esta definición viejas prácticas políticas adosaron al cargo la condición de ser ejercido por líderes providenciales, y de ser posible de carácter sucesorio como en las añejas monarquías. Este requisito se transparenta en provincias como San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz, conducidas por anacrónicos y eternos caudillajes. Lo que genera esta condición en las democracias imperfectas, es que el presidencialismo verticalista deja de ser una condición de gobernabilidad republicana, para cobijar elites prebendarias de carácter celular pero interrelacionadas entre sí. Por ello, una continuidad delictiva temporal en perjuicio del Estado, exige igualmente una continuidad política temporal en la conducción del mismo, con perspectivas de eternización. En estas circunstancias, los actos corruptos dejan de ser puntuales y anecdóticos (Skanska, IBM, Aduana), para transformarse en “estado de corrupción” permanente, que entrecruzan nombres de distintos sectores de poder público y privado. No es casual entonces que las causas de corrupción no se agoten en los funcionarios responsables enriquecidos, sino se extiendan a los poderes judicial y legislativo, asociados a grupos empresarios, sindicales, fuerzas de seguridad y delincuencia común, que en conjunto hacen viable el saqueo y aseguran su impunidad. Esta mecánica que nace de una cúpula política, tiene un efecto multiplicador indetenible, que se extiende a secretarios privados, mayordomos, jardineros, jueces, fiscales, sindicalistas, jefes de departamentales policiales, universidades, organizaciones intermedias, periodistas y actores. El poder mesiánico del líder en un sistema corrupto no dictatorial, no puede establecer límites; debe negociar, expandir el negocio.
Entenderlo implica establecer tres niveles de participación en la corrupción estatal-privada: 1) funcionarios públicos y actores privados activos; 2) funcionarios o legisladores pasivos que “dejan hacer” o simulan “no ver nada”, pero exigen como compensación prebendas estatales; 3) millones de ciudadanos víctimas a los que solo les resta subsistir, y muchas veces, someterse a la adhesión forzada a líderes enriquecidos. Para producir un cambio debemos evitar el debate distractivo sobre si “Cristina debe ir o no presa”. Esta trampa ya se vivió con Menem, quien hoy con dos condenas, ejerce como senador con protección política y judicial. También debemos evitar los engaños de los eternos responsables de los fracasos, cuando intentan mimetizarse tras casi místicas referencias al peronismo, radicalismo o socialismo, para terminar ofreciéndose finalmente al mejor postor para obtener cargos. Todos los volátiles espacios partidarios que se conforman cada cuatro años para presentarse a elecciones bajo siglas cuasi comerciales, están plagados de quienes se dicen peronistas, radicales o socialistas.
Es revelador que ninguna de las principales dirigencias políticas se pronunciaran taxativamente contra los hechos de corrupción, salvo en términos genéricos, o como recurso de coacción para atacar al adversario. Por el contrario, muchos políticos penalmente “honestos”, están dedicados a ubicarse en alguna lista para la próxima elección, gestionar un privilegiado cargo judicial para su pareja, o vencido su mandato como legislador, obtener un cargo de asesor en el Consejo de la Magistratura. Los escasísimos ejemplos de persistencia contra la corrupción pertenecen exclusivamente a mujeres. Pero los acuerdos políticos existen. Resulta imposible aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz, que permita recuperar parte de lo sustraído al Estado. Más aún, visto sus consecuencias, muchos legisladores estarán arrepentidos de haber aprobado hace dos años la ley conocida como la del “imputado arrepentido”.
Buenos Aires, 03 de octubre 2018
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