En la reflexión del pasado 20 de enero titulada “En política no hay año nuevo”, expresábamos: “El espíritu navideño hizo posible una nueva ratificación del gran consenso que existe entre las diversas fuerzas políticas. En un marco de reserva y sin debates ni acusaciones estridentes se aumentaron las dietas legislativas, con el beneplácito de neoliberales, progresistas, derechas, izquierdas, amigos y adversarios”.
Como es de conocimiento público, en esta semana varios medios de comunicación dieron detalles de los alcances de dicho aumento, dando lugar a las inevitables justificaciones multipartidarias, y declaraciones oportunistas de algunos diputados presuntamente progresistas, quienes manifestaron que solo tomaron conocimiento del aumento cuando cobraron por cajero. Sería menospreciar el significado político del hecho si se lo evaluara desde lo emocional, justificable desde el punto de vista de quienes teniendo la suerte de tener un trabajo estable llegan con sus ingresos a duras penas a fin de mes. La reflexión deberá encararse desde lo conceptual, que es lo que define realmente políticas de gobierno, y muestra el verdadero compromiso de las clases políticas con quienes dicen representar. Es además oportuna una reflexión de fondo, cuando están en pleno desarrollo las paritarias para establecer las remuneraciones mínimas de diversas actividades laborales, y a que recientemente la Presidenta anunció por cadena nacional que el haber jubilatorio mínimo será de $ 1.684, por aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta última mención no encubre una ironía malintencionada que caldee más aún los ánimos, sino por el contrario pretende que nos acerquemos al fondo de la cuestión.
La importancia del nivel de ingresos de los habitantes de un país para determinar su nivel de desarrollo económico y social es algo que comparten las filosofías de derecha e izquierda. Por lo tanto, cuáles serían los parámetros que establecen la razonabilidad de un salario o retribución? La cantidad de beneficiarios por ejemplo? Es un planteo recurrente que se volvió a mencionar con motivo del incremento de las dietas legislativas en más de un 150 %; los jubilados, docentes, personal de la salud, policías, entre otros, son millones, y los legisladores muy pocos. Pese a que este concepto monárquico provocó entre otros sucesos la Revolución Francesa, no lo desestimaremos porque continúa vigente a nivel mundial. Quizás sería mas lógico plantear que como resultado de la división del trabajo y sus retribuciones, se prorrateen los ingresos por el número de asalariados y establecer así un “producto por cápita”, comparándolo con el de otros países? Como elemento referencial puede ser útil, pero aplicado a la realidad hace recordar a un economista que señalaba irónicamente que este indicador nos puede decir que en Argentina se comen dos pollos por habitante/año, pero no reflejará cuantos de ellos se comieron cuatro pollos, y cuantos otros ninguno. Y si se aplica el concepto más universalmente aceptado de la pirámide salarial? Allá vamos.
Todos los indicadores económicos utilizados individualmente, sin interrelacionarlos con otros del mismo país (método utilizado hasta el hartazgo por los políticos y recomendado por los propagandistas), no reflejan la realidad. No tendría mucho sentido comparar el ingreso promedio por trabajador activo de Suiza, Argentina y Angola medido en dólares, por ejemplo, para mostrarnos políticas de distribución del ingreso, o “de la riqueza” si se quiere, término más marketinero, muy utilizado en países en donde los pobres son demasiados. Por el contrario utilizar el concepto de “pirámide salarial”, consistente en comparar los máximos salarios del extremo superior (muy pocos), con los mínimos salarios en la base (muchos), permitirá evaluar políticas de distribución del ingreso, con fuerte interrelación con su “política social”, al arrojar como resultado números abstractos de validez universal. Vale decir, permitirá medir adecuadamente sus desigualdades, y compararlas sin distorsiones dentro del país o con otros países. Cuanto mayor sea la diferencia, más regresivo será el sistema de distribución del ingreso o “de la riqueza”. Casi no hace falta agregar que inevitablemente las mayores diferencias se dan en los países más pobres, que también inevitablemente, tienen las clases dirigentes más ricas y en general corruptas. Para señalar realidades económicas no hace falta hacerse marxista.
La pirámide salarial no discrimina entre salarios públicos y privados; sencillamente evalúa ingresos globales en todo el país. Si consideramos que en el caso que nos ocupa estamos comparando únicamente salarios/jubilaciones manejados por el Estado (el dinero de todos que vuelve al pueblo, diría el especialista de marketing político), las conclusiones pueden ser más preocupantes. De ahí la mención al ingreso mínimo de los jubilados de $ 1.684, que cubre a millones de personas, y su comparación con el ingreso mínimo reconocido a los legisladores de $ 35.000, (veremos que es mucho más). La diferencia es de casi 21 veces. Lo mismo podrán hacer los docentes, empleados de comercio, personal de seguridad, etc., comparando las dietas legislativas con sus salarios mínimos que se aprobarán en breve.
La siguiente pregunta obvia es: éstas relaciones/diferencias salariales son excesivas o razonables? Como para establecer políticas serias hay que evitar demagogias (término más sofisticado que reemplaza a engaños), la pirámide salarial es insuficiente para arribar a una conclusión, porque falta analizar aspectos sustanciales que hacen al concepto de salario y/o retribución. El tema amerita seguir desarrollándolo en la próxima semana. Mientras tanto, quienes estén indignados por el incremento subrepticio de las dietas legislativas, deberán calmarse, y no olvidar que Argentina es un país de buena gente. Como se verá, el marketing político me capturó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario