Las opiniones que levantaron las declaraciones de Boudou sobre el caso Ciccone en su reciente conferencia de prensa, tanto en sectores oficialistas como de supuestos opositores, y en medios de comunicación militantes o críticos de la acción de gobierno, obviaron lo más trascendente y posiblemente histórico del hecho: es la primera vez que un vicepresidente de la Nación oficializó de manera indubitable el enorme nivel de corrupción que atraviesa a las instituciones del Estado y privadas interrelacionadas. Un vicepresidente de cualquier país, se cuenta entre los escasos funcionarios que poseen un amplio cuadro de situación del manejo de los asuntos políticos, económicos y judiciales. Más aún Boudou que fue recientemente Ministro de Economía. En honor a la verdad no intentó disimular la posesión de información privilegiada; públicamente brindó nombres y apellidos de personas pertenecientes a los sectores políticos; empresariales y judiciales.
Su investidura hace que no pueda existir marcha atrás; los hechos deberán ser investigados y probados, o irremediablemente Boudou deberá renunciar a su cargo. Transformar sus declaraciones en un juego mediático al estilo “Ud. le cree o no a Boudou?”; “pondría o no las manos en el fuego por él?”, es un infantilismo que pretende desplegar cuanto antes la estrategia del encubrimiento. Si alguien asesoró a Boudou sobre el tenor de sus declaraciones con el único fin de apartar de la causa al juez Rafecas, y rezar para que el caso pasara al juez Oyarbide, le hizo cometer un gravísimo error.
Recordemos sus denuncias esenciales: recibió reiterados ofrecimientos del estudio jurídico del Procurador General de la Nación Esteban Righi para “aceitar” relaciones con la justicia Federal; el presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi le ofreció una coima en nombre del grupo empresario Boldt para que no afecte los negocios del grupo con el juego en la provincia de Buenos Aires; el juez Rafecas realizó un allanamiento anticonstitucional en su departamento, filtrando información a la prensa; aclaró que el pedido de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone corrió por cuenta del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, como así también el excepcional plan de pagos otorgado a la empresa por su deuda impositiva.
Si se analiza lo que en principio parece una dispersa y caótica lista de acusaciones, en realidad no resulta creativa. Que en el ataque a Ciccone participe Boldt es hasta razonable, por habérsele cancelado abruptamente el alquiler de la planta Ciccone, y tener fluídos contactos políticos al ser una de las cuatro empresas que manejan el lucrativo negocio del juego en el país, actividad que cuenta con facilidades impositivas privilegiadas. Que estudios jurídicos fuertemente imbricados con el poder político intermedien con la justicia Federal para “aceitar” el permanente proceso de impunidad que sufren las causas de delitos económicos contra el Estado, sobornos de funcionarios y enriquecimiento ilícitos, resulta casi obvio. Que representantes de Cámaras privadas interactúen entre empresarios y funcionarios públicos para “aceitar” la relación, es natural en un estado de corrupción.
Lo mas difícil de desentrañar es lo que llevó a Boudou a utilizar su información en una estrategia sin retorno, mas allá de que el mensaje amenazante es la defensa habitual de quien se siente “chivo expiatorio” en casos de corrupción. Sin duda la utilizará Schoklender en la causa por defraudación de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos el año en que el juez Oyarbide lo cite a declarar; llevará un prolijo detalle de gastos y distribución de fondos entre distintos personajes “intocables” que explicarán el fraude, y ante esos datos Oyarbide pondrá nuevamente el expediente en el refrigerador hasta que opere la prescripción. Sin embargo entre ambos casos existe una diferencia abismal: Schoklender es un personaje secundario que se movió privadamente con fondos públicos sin control estatal, y la información que posee se la mostrará únicamente al juez, como salvoconducto. Amado Boudou en cambio, es la segunda autoridad del Gobierno nacional, y realizó las denuncias públicamente desde el Senado de la Nación.
Una reflexión final respecto a los párrafos dedicados por Boudou a las corporaciones mediáticas y judicial. La mediática como es de rigor, la corporizó en el ejecutivo del diario Clarín Héctor Magnetto. Tampoco el vicepresidente aporta una novedad cuando se refiere a “operaciones de prensa”. En una democracia lo fundamental no es su inexistencia, sino que la sociedad sepa detectarlas. Para este aprendizaje se necesitan vehículos de opinión opuestos, divergentes, polemizadores. La sutil diferencia entre oficialistas y críticos puede residir en que los medios o periodistas de apoyo irrestricto a un gobierno, como sucede por ejemplo con “6,7,8”; Página 12 o Víctor Hugo Morales, jamás le informarán a la comunidad un acto de corrupción cometido por funcionarios pertenecientes al “proyecto nacional”. Del mismo modo, los medios críticos al gobierno como Clarín; La Nación o Editorial Perfil, no están exentos de defender intereses particulares ajenos al interés común. Pero precisamente en la coexistencia de la diversidad reside la democracia, posibilitando nuestra mejor formación política, al poder analizar opiniones divergentes sobre un mismo tema. Es cierto también que los medios cobran gran relevancia en los casos de corrupción, pero ello es imputable a la ausencia de una oposición que cumpla con su deber de controlador del ejercicio del poder, y de información a la ciudadanía.
En cuanto a la “corporación judicial”, si bien existe como tal, desde el punto de vista del interés común es mas relevante hablar de la “independencia judicial”. En este aspecto la actuación de la justicia federal en los casos de corrupción estatal se resume en un largo listado de sobreseimientos y prescripciones, aún en los casos con culpables confesos. (IBM-Banco Nación y Skanska, entre otros). Las declaraciones de Boudou también colaboraron para transparentar el fuerte nexo político-judicial. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, anunció que denunciará a un juez federal por “mala conducta”. Contra lo que se pueda suponer no denunciará al juez Oyarbide por la causa Fundación Sueños Compartidos, o al juez Bonadío por la investigación de la catástrofe en estación Once. Acertó el lector: denunciará al juez Rafecas por el caso Ciccone.
No hay comentarios:
Publicar un comentario