El falso debate entre supuestos liberalismos y progresismos (se usa el término “supuestos” por la facilidad que los representantes de un sector tienen para pasarse al opuesto según sea quien gobierne), se utiliza para sostener un sistema de representación política que asegure la permanencia de los mismos actores a lo largo de décadas, conformando verdaderas “oligarquías” que diluyen las tan invocadas ideologías con la excusa falaz del pragmatismo. A tal punto llegó “el gran acuerdo político” entre los que hacen de los cargos públicos un usufructo permanente, que ni siquiera intentan generar oposiciones serias, y menos aún sostener la existencia de partidos políticos activos. Esta mimetización de identidades y estrategias se visualiza hoy con claridad en el trámite de traspaso de subterráneos del Estado nacional al Gobierno de la Ciudad.
En la puesta en escena de debates plagados de adjetivos y carentes de detalles contractuales, el kirchnerismo utiliza el ropaje del progresismo, y el macrismo el del liberalismo, relegando al ciudadano a participar como mero espectador de un partido de tenis, girando la cabeza a la izquierda para escuchar el discurso nacional, y a la derecha para oír la contrarréplica del gobierno de la ciudad. Pero como en el tenis, derechas o izquierdas no indican posiciones ideológicas sino estrategias de juego, que haga creer a la sociedad que asiste a un enriquecedor debate con el único objetivo de lograr el bien común.
Las similitudes se inician en la comunicación, que insólitamente encabezan las máximas autoridades de la Nación y de la Ciudad, dra. Kirchner e ing. Macri respectivamente, y no los ministros de las áreas responsables. La situación se agrava cuando salen a opinar las segundas líneas de funcionarios, que ansiosas de hacer mérito ante sus respectivos jefes emiten opiniones esclarecedoras tales como: “la Presidenta es soberbia”; “ Macri es caprichoso”.
Las semejanzas se agravan en dos aspectos esenciales de la negociación: el constitucional y el contractual. Respecto al primero se invoca el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que explícitamente impone al Congreso que no podrá aprobar transferencias de servicios sin la respectiva reasignación de recursos. Sin embargo la reiterada violación de la Constitución por todos los sectores políticos, hace que su cumplimiento no pueda ser invocado como argumento. Paradójicamente el mejor ejemplo lo brinda la propia ciudad de Buenos Aires, cuando en el año 1996 se aprobó la ley 24558, llamada ley Caffiero por ser este legislador su autor, por la que se limitó severamente la autonomía que la reforma constitucional de 1994 le había otorgado, entre otros campos, en el del transporte y servicios públicos. Respecto a someter a consideración de la Corte Suprema el conflicto entre Nación y Gobierno de la Ciudad, hace escasos días el dr. Zaffaroni, quien fuera además convencional en la reforma de 1994, manifestó que sus integrantes estaban discutiendo si correspondía darle a la Ciudad el mismo rango que a las provincias, para eventualmente estudiar el caso y expedirse. Con estos antecedentes, respecto al argumento constitucional es oportuno seguir el criterio que comparten en sus actitudes supuestos progresistas y liberales, y dejarlo de lado.
Por lo tanto nuestro interés deberá centrarse en el marco contractual, en donde “ambas diversidades ideológicas” coinciden en proteger a la empresa privada, en este caso Metrovías, perteneciente al Grupo Roggio, excluyéndola insólitamente del proceso de negociación. Es justo aclarar que es habitual que en este tipo de renegociaciones los funcionarios públicos excluyan a los grupos empresariales privados relacionados, por desempeñarse éstos como naturales “derivadores” de fondos públicos. Esta actitud puede observarse claramente hoy en los casos de los grupos Cirigliano (catástrofe en estación Once), y la ex imprenta Ciccone, además de la mencionada Metrovías. Pero como en el traspaso de los subterráneos negocian grupos que se promocionan como “antagónicos”, deberemos rebelarnos ante tantas semejanzas, solicitándoles que en lugar de saturarnos con mensajes insustanciales, informen a la comunidad, que es la que inevitablemente deberá afrontar los costos de las decisiones que se adopten, los siguientes aspectos:
a) Cómo es posible que la transferencia de los subterráneos u otros servicios públicos no se negocie tripartitamente, en este caso con Metrovías? O recién una vez transferidos los subtes la ciudadanía deberá soportar los reclamos pendientes de ésta empresa, habitualmente escudados en acciones directas gremiales?
b) Porqué no se explicita cuál fue el criterio, monto y contraprestación que motivó el subsidio nacional a Metrovías, y compararlo con el flujo de fondos de la empresa (ingresos-egresos)?
c) Porqué no explicita el Gobierno de la Ciudad que análisis de costos realizó para decir públicamente que el boleto sin subsidio saldrá cuatro pesos? Tomó conocimiento de los balances de Metrovías, su nivel de endeudamiento y costos operativos?
d) Verificó el Gobierno de la Ciudad en que porcentaje el supuesto “quebranto” de la prestación del servicio que justificó el subsidio, se debe a subcontratos sobrevalorizados firmados con empresas pertenecientes al mismo grupo? Dentro del “quebranto”, cuales son los gastos asentados en los balances en concepto de “comisiones y asesoramiento”?
e) Se verificó que Metrovías haya cumplido con la reposición de vagones y materiales amortizados según el contrato de concesión, que vencerá el 31 de diciembre de 2017? Qué obligaciones tiene vigentes Metrovías hasta el final de la concesión?
Está claro que para un país diezmado por la corrupción, es más importante conocer datos como los mencionados, a que la Nación y la Ciudad acuerden dividir el subsidio en 50% y 50%. Cuando se aplique la “sintonía fina” a la evaluación económica, seguramente se verificarán incumplimientos contractuales y sobrecostos, parte de los cuales son devueltos por la empresa a funcionarios y gremialistas en concepto de “retornos”. Pretenden los progresistas y liberales que los continúen pagando los usuarios en el costo del boleto? Por eso los subsidios masivos son intrínsecamente inmorales; el usuario no le presta atención al valor del boleto y/o servicio porque no lo paga, lo que posibilita negocios escandalosos. Estas preguntas de fondo las responderán los representantes de los gobiernos nacional y de la Ciudad, o continuarán entreteniéndonos con frases de impacto como “Cristina es soberbia” y “Macri es caprichoso”?.
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