La denuncia pública que por cadena nacional de televisión formulara la Presidente de la Nación contra un conocido operador inmobiliario por no haber presentado la declaración de ganancias desde cinco años atrás, provocó un alúd de críticas centradas en la utilización de instrumentos del Estado para ejercer coacción sobre quienes piensan y opinan distinto. Más allá de la importancia del debate con los distintos matices que conlleva, una vez más se obvió lo trascendente de ésta anécdota, que por estar originada en la más alta autoridad del Gobierno, podría constituirse en un mojón fundacional para iniciar un proceso de erradicación del principal problema político-económico que asfixia a nuestro país desde hace décadas: la enorme corrupción que asocia a altos funcionarios del Estado con empresarios privados.
Para profundizar el análisis que sustente lo expresado, recordemos lo manifestado hace pocos meses por el senador Aníbal Fernández en relación a las dificultades en ese entonces, y casi imposibilidad hoy, que debían atravesar en el trámite ante la AFIP, quienes quisieran adquirir dólares, dado que en su opinión todo ciudadano debería justificar la situación patrimonial, así quisiera adquirir cien dólares. No solo es un concepto impecable en la teoría, sino que es obligación del Estado velar por una equidad contributiva, evitando las desigualdades de la evasión, para recién entonces debatir sobre la racionalidad distributiva.
Lo destacable es que, si bien para frases altisonantes los años no parecen pasar para nuestros políticos, el transcurso del tiempo dió lugar a desarrollos tecnológicos sostenidos, que en lo referido a procesamiento de datos posibilitan registrar, ordenar y actualizar en tiempos reducidos informaciones de distinta complejidad independientemente de su cantidad, y entrecruzarlos con otras bases de datos igualmente relevantes. Este cambio en las organizaciones administrativas tuvo un hito hace casi veinte años, cuando en 1993 se iniciaron las licitaciones para informatizar e interrelacionar todas las sucursales del Banco Nación y la Dirección General Impositiva, que concluyeron en los recordados contratos IBM-Banco Nación e IBM-DGI, los que estallaron en 1995 como resultado de las escandalosas coimas pagadas a los funcionarios públicos involucrados. Para quienes no tengan presente el final, diremos que pese a que hubo funcionarios confesos; casos de devolución de la coima percibida por Directores del Banco Nación; el suicidio del responsable de la empresa privada intermediaria que posibilitó el sobrecosto de los contratos y la posterior distribución de coimas; y la remoción del nivel dirigencial de IBM, la maquinaria político-judicial ya estaba aceitada: pese al cacareo contra el neoliberalismo y los grupos de poder foráneos, ni siquiera se llegó al juicio oral y público.
Por ello ante el reciente reto público presidencial a un evasor, más importante que criticarlo, es formularse varias preguntas: qué hizo la AFIP ante un contribuyente por lo visto jerarquizado que no presentaba su declaratoria anual desde 2007? Cuántos casos similares al del operador inmobiliario existen, que no se denuncian o sea actúa en consecuencia? La pregunta no es superficial. Las coimas tienen dos etapas claramente delimitadas: la previa y la posterior a su percepción. La previa se sustenta en la saturación de reglamentaciones, procedimientos, obligaciones, determinación de cláusulas licitatorias, adjudicación, habituales renegociaciones de contratos en ejecución y ampliación de plazos de concesión “en beneficio del Estado”, que conforman expedientes con miles de fojas de las que son esenciales no más de cien. Llamémosla la etapa de armado de los “papeles”, que incluye las firmas de los responsables. La segunda etapa es posterior a la percepción de las coimas, y surge solo cuando estalla un escándalo y se ingresa en la esfera judicial; consiste en inhabilitar; impugnar; hacer desaparecer y/o neutralizar los documentos claves inmersos en la maraña de expedientes, que denominaremos etapa de “desarmado” de los papeles (documentos) que constituyen pruebas. Surge entonces la pregunta elemental: no denunciar a determinado evasor implica un costo para éste ante el organismo de control, situación que desconoce la Presidente?
La siguiente pregunta es aún más inquietante: ante tamaña y saludable precisión para determinar la existencia de omisiones y eventualmente evasiones de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, cómo puede explicarse que aún se desconozcan los antecedentes societarios del grupo The Old Fund, que aportó los fondos que posibilitaron el levantamiento excepcional de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, que la AFIP otorgara condiciones de pago de la deuda excepcionales, para que la fallida con un nuevo nombre suscribiera un millonario contrato con el Estado argentino para imprimir moneda nacional? Cómo puede aceptarse que el Gobierno haya suscripto un contrato con una Unión Transitoria de Empresas encabezada por la compañía inglesa Global Infrastructure por $ 65 millones para supervisar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, y su titular inglés afirmara no haber participado del contrato, y una empleada de esa nacionalidad aclarara no haber cobrado honorarios liquidados a su nombre? Qué función de control cumple, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, a cargo del dr. Marcelo Mamberti, en la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales?
Es muy fácil concentrar responsabilidades y análisis políticos en una figura excluyente, supuestamente todopoderosa, no propensa al diálogo, y que atemoriza con solo mirarlos a pobres gobernadores, empresarios, jueces y políticos, llamándolos a la obsecuencia, al silencio o al miedo. En su momento fué Menem, luego De la Rúa, mas tarde Néstor Kirchner y ahora Cristina Kirchner. Pero no es momento de pensar que es un recurso ya demasiado repetido para ocultar la permanencia de una misma clase dirigencial en distintas esferas de representación pública y privada, que conforman asociaciones entre supuestos progresistas o neoliberales, sean viejos o nuevos ricos, para realizar negocios escandalosos a costa de los recursos del Estado?
Poner la mirada en un alto evasor puede ser una señal. Es de esperar que se expanda a quienes en verdaderas “asociaciones ilícitas”, saquean todos aquéllos recursos, servicios públicos y ahorro nacional, que cuando son devueltos al límite de la extinción para que el Estado los reanime hasta el próximo negocio, provocan las populares explosiones de júbilo por “la recuperación del patrimonio nacional”.
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