Continuando con la rutina mensual de seguimiento de casos judiciales que involucran a funcionarios públicos con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, empobrecimiento social y pérdida de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales recientes.
1.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
En junio del año 2007 personal de vigilancia encontró en el baño del despacho de quien era entonces Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué prestado por un hermano, pero luego se retractó. La jueza Servini de Cubría tramitó la causa y la elevó al Tribunal Oral Federal 2 para el juicio oral, sin que aún se estableciera fecha de inicio.
2.- El caso de la valija con u$s 800.000 no declarados por Antonini Wilson, detectados en el control de pasajeros de un vuelo contratado por Enarsa en agosto de 2007
En la agenda de junio pasado se informó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), con el dictamen de los dres. Roberto Hornos y Nicanor Repetto, sobreseyó por prescripción de la causa por lavado de activos en la que estaba imputado, al negociador del Estado nacional ante Venezuela Claudio Uberti, quien se vió favorecido por la reforma del Código Penal aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, que suprimiera el agravante que preveía la ley cuando el autor del lavado de dinero era un funcionario público, además de la ausencia de actuaciones judiciales. Sobre la base del sobreseimiento, los abogados de Antonini Wilson, a quien graciosamente las autoridades continúan llamando “prófugo”, reclamarán la devolución del dinero incautado.
3.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000
De no haber nuevas postergaciones, se estableció como fecha de inicio del juicio oral el próximo 14 de agosto, ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Es un caso que políticos y gremialistas presentaron reiteradamente a la sociedad como un hecho emblemático de corrupción, y supuestamente motivara la renuncia del en ese entonces vicepresidente de la Nación y presidente del Senado Carlos Alvarez, lo que debilitó ostensiblemente al gobierno de la Alianza. Alvarez, actualmente funcionario de gobierno ante la ALADI, será un testigo privilegiado. También lo será Hugo Moyano, quien continúa al frente de la CGT, y denunciara la coima por todos los medios de comunicación. Finalmente cumplirá un rol decisivo el informe del Servicio de Inteligencia del Estado, que supuestamente aportó los fondos para el pago de las coimas a los senadores, y que esta bajo la dependencia del actual gobierno. Parece un caso tan sencillo, que cabe preguntarse: se demostrará finalmente el delito y habrá condenas?
4.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada por el juzgado de Claudio Bonadío, tuvo como novedad la excarcelación por orden de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Catani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, de los directivos de la empresa concesionaria TBA Cirigliano y Ferrari, que fueran detenidos por el juez Bonadío el pasado 04 de junio bajo la acusación de haber ocultado y/o destruído documentación contable de la empresa que posibilitara verificar el destino dado a los subsidios estatales. El fallo de los camaristas se sustenta en que “la eventual verificación de los faltantes o aún los hallazgos de documentación dañada se aprecian como el resultado de la falta de un método asegurativo eficaz, tanto de quien debía proteger la prueba, como de quienes procuraron su resguardo”, en una clara crítica al juez Bonadío y funcionarios estatales.
5.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, proveedora del Estado
Concretada las sustituciones del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa que desde febrero de 2012 investiga la participación de funcionarios públicos en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, que cuenta entre los sospechados al vicepresidente Amado Boudou por participación societaria, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, la investigación entró en el terreno de la lentitud habitual. La gravedad del hecho se acentúa por haber contratado el Banco Central con la imprenta, sin conocer quienes son los dueños de la empresa controlante The Old Fund, la impresión de 410 millones de pesos argentinos. Además, la cara visible del grupo inversor, Vandenbroele, no entregó la información de la titularidad de dicho fondo que le solicitara el juez en lo comercial Javier Cosentino, que levantara la quiebre a solicitud de la AFIP. Pese a la negativa, el dr. Cosentino no adoptó decisiones como la de anular dicho levantamiento. Mientras los jueces piden y no le dan, surgió una importante novedad: de la Inspección General de Justicia que preside el dr. Marcelo Mamberti, desapareció el legajo de The Old Fund, el misterioso fondo que contrata con el Estado.
6.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
La causa iniciada en mayo de 2011 a cargo del juez Norberto Oyarbide, continúa tramitándose con la extrema lentitud que posibilitó la desaparición de pruebas fundamentales. Recién en mayo último citó a declarar al principal acusado, Sergio Schocklender, el que quedó detenido junto con su hermano y su contador. Posteriormente la Cámara decidió que podían ser excarcelados bajo fianza. A la fecha continúan sin ser citados los funcionarios públicos responsables del contralor de la utilización de los fondos por parte de la Fundación, arqto. Bontempo e ing. Fatala, cuyas declaraciones son esenciales para la causa. Para generar más confusión, la responsabilidad de éstos funcionarios es investigada en otro juzgado por el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó un informe sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por Leandro Despouy, que como se recordará había comprometido un informe sobre la Fundación hace más de diez meses, pero el juez Oyarbide le negó el acceso al expediente. La intencional pérdida de tiempo es clara. A fin de junio el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. De todos modos estos reclamos mueven al escepticismo, por ser habituales estos “retos” desde variadas instancias judiciales, pero sin que los jueces que perjudican las causas sean removidos.
La propuesta de un seguimiento mensual rutinario de causas que comprometen fondos públicos del Estado, más allá de mantener vigente la atención ciudadana sobre causas, jueces, plazos, prescripciones y sobreseimientos, tendrá el enorme valor de establecer una matriz de impunidad. Obsérvese que en el caso de enriquecimiento ilícito de Jaime, se anuló el valor probatorio de cientos de mails porque el juez Oyarbide no citó a la parte acusada para que presenciara el peritaje de las computadoras de su asesor Vázquez. En el caso de la responsabilidad empresaria en el accidente de Once, se excarceló a directivos de la empresa porque el juez Bonadío no protegió adecuadamente la documentación contable de la empresa. En el caso del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone, desapareció de la Inspección General de Justicia el legajo del fondo controlante The Old Fund, cuyos dueños se desconocen.
El seguimiento regular de distintos casos, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del Estado.
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