Un gobierno tiene la mayor de las responsabilidades en relación al bienestar y desarrollo de sus gobernados: promover la creación de fuentes de trabajo, y facilitar una justa distribución de los ingresos y acceso a los servicios básicos. Para la gran mayoría de los habitantes, esa distribución opera a través de los salarios. Esta verdad de Perogrullo no está presente en el discurso político como una integralidad indisoluble, sino que por el contrario se maneja desde lo discursivo como una suma de pequeñas batallas entre empresarios y asalariados independientes entre sí, y aunque parezca paradójico, el esquema se repite en el campo estatal entre altos funcionarios y empleados. Batallas que son matizadas con generalidades demagógicas y marketineras tales como “distribución de la riqueza”, “mejora del salario”, y cuando se trata de impuestos, “pagan los que más ganan”. Cabe entonces preguntarse: cuáles son los elementos ciertos, numéricamente determinables y socialmente comparables, que permitan evaluar la política de distribución del ingreso a través de los salarios?
Dado que desde hace años los peronistas tienen presente a Perón solo cuando se pelean entre ellos, es justo para su memoria que lo no peronistas recordemos uno de sus conceptos: “La elevación permanente y sostenida del ingreso y su distribución con justicia social es, y así debiera reconocerse unánimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo”, y agrega más adelante:….”debe intensificarse el uso de diversos mecanismos que incrementan el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable”. (El proyecto nacional – Juan Perón). Obsérvese la claridad conceptual al destacar los tres aspectos clave: ingreso real (no dádivas ni diluído por la inflación) – distribución con justicia social (no clientelar) – responsabilidad del Estado (no corrupción).
El Estado, como es su atribución indelegable, establece pisos salariales obligatorios que se suponen al menos de subsistencia, a partir de los cuales podemos comparar y evaluar la calidad de distribución de los ingresos. Son básicamente dos: el salario mínimo de un empleado activo que asciende a $ 2.390, y la jubilación mínima cuyo monto es de $ 1.687. A ellos debemos agregar el mínimo no imponible para un trabajador activo soltero, con un sueldo de bolsillo de hasta $ 5.782, a partir del cual tributa ganancias.
Identificados los mínimos, diferenciemos entre salarios públicos y privados. Estos últimos se mueven entre dos extremos: que los incrementos puedan ser trasladados por los empresarios al precio de sus productos en el corto plazo (tiempo), sin superar un valor que implique la caída en las ventas ante productos similares de la competencia (precio). Entre estos extremos se mueve el concepto de ganancia o utilidad neta empresaria (que obviamente incluye otros factores además del salarial), lo que da lugar al viejo debate sobre si los trabajadores deben participar de las ganancias. Debate esencialmente absurdo: si el producto final de la empresa en la que trabaja el empleado (pan, automóvil, pasaje de transporte) subió en un porcentaje menor al de su incremento salarial, está indirectamente participando de las ganancias. De no ser así, la inflación se comerá su incremento salarial, y más que preocuparse de participar de las ganancias, deberá comenzar un nuevo reclamo salarial.
Qué pasa con los sueldos del Estado? En principio el problema debería ser más simple: fijados los montos mínimos, solo resta establecer una política de relación ingreso mínimo-ingreso máximo (o sea el sueldo máximo es tantas veces el sueldo mínimo), que comprenda al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo sumo se podrá debatir si esa relación es razonable o no, pero al menos la política salarial de la administración pública sería clara y precisa. Agreguemos además que la relación entre los ingresos mas altos y más bajos es un indicador, entre otros, internacionalmente reconocido para visualizar el nivel de desarrollo de un país (a mayor diferencia menor desarrollo y viceversa). Aplicado el concepto a nuestro país, la realidad refleja que las diferencias entre los ingresos de “nuestros queridos ciudadanos” y los de “sus legítimos representantes estatales” son abismales. Con un agregado no menor: los altos ingresos considerados en la pirámide estatal no incluyen prebendas adicionales como pagos en negro, pasajes aéreos para usos personales, viajes al exterior ajenos a misiones oficiales, ubicación de todos los familiares en cargos públicos, y otras menudencias similares. Todo ello dentro de lo legal; para este análisis, corrupción abstenerse. Esto explica también porque los políticos son siempre los mismos, sistema electoral mediante, relegando el término “vocación de servicio” a épocas escolares de antaño.
Para posibilitar este desmadre salarial estatal se instaló un concepto inexistente en lo concerniente al manejo de los recursos públicos: la autarquía financiera. Autarquía o autonomía significa en su forma más restringida “autosuficiencia”. Trasladado a lo político es un concepto fuertemente vinculado al fascismo y al corporativismo. En democracia, dado que económicamente la supuesta autarquía salarial debe ser solventada por el Gobierno central con sus recursos generales obtenidos a través de los impuestos cobrados a los ciudadanos, insólitamente se intenta justificarla relacionando la supuesta capacidad y honestidad de los funcionarios con el privilegio de establecer sus propios ingresos. Pero surge un obstáculo: como desde el origen de las civilizaciones son pocos los que gozan de éste privilegio, se elude la responsabilidad de establecer un escalafón salarial estatal definido (conocido como “enganche” en la escala salarial), en donde los niveles salariales más altos estén razonablemente interrelacionados con los pisos salariales mínimos o de subsistencia fijados por el propio Estado. Obviar esta realidad, que plasma en políticas públicas la declamada “equidad social” y “distribución de la riqueza”, cuenta con el consenso de políticos neoliberales, progresistas, oficialistas y opositores. (se los menciona en paquete cerrado, porque definir quien es quien es más difícil).
Un claro ejemplo fue el incremento en más del 100% que aprobaron unánimemente y en silencio los legisladores nacionales en diciembre pasado. Señalábamos que el mínimo no imponible de bolsillo de un trabajador soltero, que se supone debe cumplir horario de trabajo, asumir responsabilidades y estar bajo el riesgo de ser despedido es de $ 5.870, mientras un legislador que delegó sus responsabilidades en el Ejecutivo, no tiene descuentos por ausentismos, no está sometido a evaluaciones de rendimiento, y se le paga el transporte aéreo cuando quiere trasladarse a su provincia, cobra como mínimo $ 35.000. Otro ejemplo es el inaceptable privilegio de los jueces de no tributar impuesto a las ganancias. Un dato a tener presente, aunque no hace al fondo de la cuestión tratada, es que el análisis no incluye a los trabajadores en negro y desocupados, que se estima alcanzan no menos del 40 % de los asalariados en blanco.
Cabe entonces preguntarse: cuál es la política salarial del Estado para definir cuáles son los sueldos más o menos elevados?
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