EXISTEN REALMENTE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS?

Las recurrentes discusiones y asimetrías salariales entre los distintos organismos del Estado nacional, provinciales y aún municipales, exponen con crudeza que las políticas públicas siquiera tienen un horizonte previsible de un par de meses, y mucho menos aún de un año.

Mas allá de declamaciones estentóreas y grandilocuentes, la factibilidad de las políticas de estado quedan plasmadas en el único instrumento que puede convertir los deseos en realidad: los presupuestos públicos elaborados por los distintos Poderes Ejecutivos, que son los verdaderos instrumentos de desarrollo de una sociedad, al establecer prioridades y perseguir objetivos para el corto plazo de un año, y posibilitar el normal desarrollo de los de largo plazo. La tarea exige mantener negociaciones previas entre los diversos sectores públicos y privados involucrados, valorizar costos administrativos, proyectar indicadores económicos, definir salarios públicos e inversiones, para luego plasmar ingresos y egresos, debiendo incluir éstos últimos una reserva ante situaciones imprevistas, tales como emergencias y catástrofes. De este modo se manifiestan las verdaderas políticas de gobierno y resultados de gestión, que pueden posteriormente denominarse Proyecto Nacional, Modelo, o el nombre de fantasía que se prefiera.

Una vez confeccionados son elevados a consideración de los correspondientes Poderes Legislativos para ser analizados, eventualmente modificados, y transformados en Ley, que en el caso del Presupuesto Nacional, que también involucra a provincias y municipios, no en vano es conocida como “la Ley de leyes”. No concluye aquí la tarea legislativa; los denominados representantes del pueblo deben ejercer un control permanente de su correcto cumplimiento, muy especialmente los sectores de oposición, que para ello la sociedad les otorgó el mandato en el carácter de tal.

El primer pensamiento del lector podrá ser que lo expresado no aporta nada nuevo a lo ampliamente conocido. Cabe entonces preguntarse cómo es posible que todos los años se repitan los descalabros y desigualdades salariales de los distintos organismos del Estado, y muy especialmente sean endémicos los conflictos del sector docente, que están llevando a la educación pública a niveles extremos de degradación, con cada vez menos días de clase efectivos en cada ciclo anual, lo que se traduce en un desbalance mortífero entre sus alumnos y los que concurren a establecimientos privados.

El Presupuesto Nacional del año 2013 comenzó a diseñarse en el pasado mes de julio, siendo aprobado en Diputados con 147 votos positivos y 87 negativos, y por el Senado por 42 votos a favor y 23 en contra. El 05 de noviembre de 2012 fue promulgado por el Gobierno nacional. El Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, por su parte, fue sancionado el 01 de noviembre de 2012. Los que en ambos casos votaron negativamente, deben aceptar obviamente la decisión de las mayorías y convertir sus objetivos en propios, pero sin renunciar a su ineludible obligación de controlar que se ejecute según lo establecido, y evaluar sus resultados concretos.

Si ejemplificamos lo antedicho con el conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, es natural suponer que dirigentes políticos oficialistas y opositores; gremialistas docentes y funcionarios del Ejecutivo provincial encabezados por Daniel Scioli, sabían perfectamente cuáles serían los salarios aprobados para todo el ejercicio del año 2013. Entonces, qué se está discutiendo en marzo de éste año, dejando a miles de alumnos sin la mentada “educación pública”?

A partir de esta pregunta cercana a la estupidez, se abren distintas hipótesis que no son tratadas por la mayoría de los analistas políticos, y menos aún, por los políticos de distintas vertientes partidarias sean oficialistas u opositores, acostumbrados a opinar mediáticamente de innumerables temas sin jamás proveer información concreta. No se conoce, por ejemplo, si la crisis provincial docente se origina porque Nación no envía mensualmente las partidas que corresponden a Buenos Aires, o bien la provincia elaboró un presupuesto irreal que ahora necesita de “un auxilio” no previsto por parte de la Nación. Por otra parte, cabe preguntarse si los dirigentes gremiales docentes se tomaron el trabajo de estudiar en noviembre de 2012 el presupuesto para éste año, porque no se entiende que recién ahora descubran que los incrementos aprobados por ley son muy inferiores a lo pretendido. Los interrogantes se suman: en caso de otorgarse a los docentes un incremento salarial mayor al previsto por ley, de qué partida saldría la diferencia? Si fuera la asignada a Educación, se afectará por ejemplo el rubro  mantenimiento de escuelas? Si así fuera, saldrían oportunistas dirigentes políticos y gremiales a criticar al adversario  político que ejerce el gobierno (por ejemplo Cristina Kirchner en Nación y Mauricio Macri en la ciudad capital), por no ejecutar las obras afectadas por la redistribución de partidas que ellos mismos promovieron?

La política salarial del Estado llegó a tales niveles de caos, desigualdad, injusticia y privilegios, que las diferencia entre los salarios jerarquizados de cargos políticos, legislativos y judiciales con la enorme masa de trabajadores de los sectores de la educación, salud y seguridad alcanza niveles escandalosos. Lo expresado incluye a las supuestas reparticiones estatales que se escudan en una falsa “autarquía financiera”, que no es tal cuando sus ingresos provienen de aportes de los contribuyentes en forma directa y obligatoria, o a través del Tesoro Nacional para cubrir sus enormes deficits operativos. En esta política de privilegios colaboran los conocidos dirigentes gremiales del sector público, siempre más atentos a sus intereses políticos personales que al de sus representados.

Esto se llama política salarial pública nacional y popular?