En la reflexión del pasado mes de noviembre,
señalábamos respecto al traspaso de los subtes: “En un sistema democrático las funciones de mediación entre lo complejo
de un acto administrativo, y la capacidad de comprensión del usuario como
destinatario final de dicho acto, la deben cumplir los funcionarios y
legisladores involucrados. Lamentablemente ello no es habitual, transformándose
lo que debieran ser debates esclarecedores, en competencias verbales en base a
vaguedades tales como neoliberalismos, progresismos, macrismos o kirchnerismos”.
A partir del 03 de enero de 2012, cuando se
suscribió un Acta Acuerdo por la que el Estado Nacional, luego de haberla
ejercido durante 18 años, transfirió al Gobierno de la Ciudad y éste aceptó, la
operación del Servicio de Transporte Subterráneo, se desató un alúd de vacías
declamaciones, con una total ausencia de datos concretos. Para ello fue
fundamental que pese a la enorme complejidad del acto jurídico, las condiciones
de traspaso se fijaron en solo dos páginas con cinco artículos, sin ninguna
otra información técnica, jurídica o patrimonial anexa.
El resultado de tamaña irresponsabilidad se
reflejó en las tardías discusiones sobre si la transferencia era acompañada de
los fondos nacionales correspondientes , y si existían inventarios de bienes y estructura
de costos del servicio, atento a que el subterráneo, como el transporte en
general, había sido fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, política
esta que resultó un excelente sistema para que los más pobres subsidiaran a los
más ricos, y muchos funcionarios públicos y empresarios privados se
enriquecieran escandalosamente.
A este contexto se sumaron los sectores que
se dicen representantes del interés común y para ello cobran salarios
privilegiados, que en lugar de actuar en forma coordinada para lograr un mejor
servicio a un costo razonable, desataron un cruce de opiniones y acusaciones
especulativas en lo político y mediocres en lo técnico-económico, rayanas en el
absurdo. Ello provocó que una vez mas, los usuarios, que como tales representan
la verdadera diversidad ideológica y social, sean los permanentes perjudicados.
Tras el Acta-Acuerdo, el primer acto
conmocionante lo generó la dirigencia gremial, llamando a un salvaje paro de
actividades que paralizó el servicio por más de una semana, sometiendo a los
ciudadanos de Buenos Aires a un caos del transporte. Dirigencia gremial que,
vale recordar, no actuó ni con parecida firmeza ante las desinversiones, falta
de mantenimiento y ausencia de control por parte de las autoridades estatales responsables
a lo largo de la concesión, que se producían día a día ante sus propias
narices.
Lo insólito de estas superficiales polémicas
a 14 meses de firmada la mencionada Acta Acuerdo de transferencia, es que ni
los ejecutivos nacional y porteño; legisladores supuestamente oficialistas u
opositores; sectores gremiales y la empresa concesionaria Metrovías, informaron
a la sociedad a la fecha cual es el costeo actualizado del servicio, en función
de los habituales indicadores económicos y técnicos (bienes de capital;
amortizaciones; masa salarial; gastos generales; costos financieros y beneficio
empresario, entre otros). De no tener éstos datos, cómo es posible afirmar si
el valor de un pasaje es o no razonable?
Para quienes piensan que cuando se ingresa en
el camino de la necedad es muy difícil parar, recientemente se produjo otro
hecho revelador. El legislador porteño Alejandro Bodart, del bloque MST-Proyecto
Sur, presentó un recurso de amparo para que no se aplicara el incremento del
boleto de $ 2,50 a
$ 3,50. El recurso ingresó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nª 3, a
cargo del juez Pablo Mántaras, que con un entusiasmo digno de aplicarse a juzgar el cumplimiento
de las leyes, acorde a su formación profesional, está analizando cuál es el
valor adecuado del servicio, y dentro de que condiciones dicho valor deberá ser
aplicado. En síntesis, el juez de la Justicia porteña Mantarás es quien definirá lo
que a la fecha no supieron hacer la empresa Metrovías ni los funcionarios y
legisladores involucrados, entre los que se encuentra el legislador Bodart, a
quien se le paga para que analice y estudie los actos administrativos del Ejecutivo
que afectan a los usuarios y contribuyentes, y no que haga demagógicos recursos
de amparo para que sea otro el que investigue. Ni pensar lo que podría suceder
si los representantes gremiales de los trabajadores de los subtes, hoy silenciosos
y muy comprensivos con el bolsillo de los usuarios, dentro de pocos meses
afectaran nuevamente la prestación del servicio con demandas salariales.
Propondrán en ese caso incrementar el costo del pasaje, o que la diferencia salarial
salga de los impuestos que pagan los ciudadanos?
La verdadera política consiste en gobernar en
un marco de razonabilidad y justicia, porque toda acción que beneficie a
determinados sectores, implica resignar pretensiones de otros sectores. Por eso
los gobiernos populistas y los políticos mediocres son nefastos para cualquier
sociedad democráticamente organizada. Hacen creer que los subsidios y
beneficios sectoriales indisciminados e injustos es una gracia que parte de la
generosa mano del “líder” de turno, cuando
en realidad cualquiera sea el sistema político, los recursos se obtienen ineludiblemente
de los aportes de los ciudadanos. No entenderlo de éste modo, hará que
recurrentemente en el tiempo aparezcan “los indignados”. Pero ya será demasiado
tarde.
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