miércoles, 6 de marzo de 2013

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MARZO 2013


Se resume en la presente agenda mensual de seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, las novedades recientes.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. A último momento y luego de haberlo procesado, el 14 de febrero dictó falta de mérito a Mario Cirigliano, uno de los dos hermanos responsables de la empresa concesionaria Cometrans. El juez Bonadío señaló que la empresa desvió a otras empresas vinculadas que no hacían a la prestación del servicio más de 45 millones de dólares. El proceso lo llevará a cabo por sorteo el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante; Adrián Grunberg y Pablo Laufer. Se ignora la fecha de inicio del juicio, que por razones obvias debe ser en el corto plazo, para evitar la dilución de la causa.

2.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales
El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere, se reanudó el pasado 12 de febrero tras las lamentables declaraciones que nada aportaron a la causa del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas y provocara un cimbronazo político tras su renuncia. Se puede presuponer que si de las declaraciones de los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, como las de el actual titular Icazuriaga  y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia, a quienes la presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto de la obligación de guardar secreto para que puedan declarar como testigos en el juicio para informar sobre la contabilidad interna u otra documentación, no surgen elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
Transcurridos más de veinte meses del inicio de la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación en exclusividad, el juez Norberto Oyarbide demorará la elevación de la causa a juicio oral y público el mayor tiempo posible, por lo que se aleja la posibilidad de que el Estado recupere el dinero público apropiado por integrantes de la Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, no informó porque a más de ocho meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados por el Estado nacional a la Fundación para construir viviendas, gran parte de ellos licuados por la corrupción. 

4.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico
Luego del alienado cruce de acusaciones entre el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner, el diputado nacional Agustín Rossi, y el increíble silencio del máximo responsable nacional en la lucha contra el narcotráfico, Rafael Bielsa, producidas a partir de la detención y posterior liberación por orden del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros del ese entonces Jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, los contendientes se llamaron a silencio. Se habrán asustado los narcotraficantes y funcionarios estatales cómplices por el fuerte debate?

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las causas en escandalosos sobreseimientos generalizados. De no ser posibles, las actuaciones se prolongan hasta que operen las prescripciones.





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