Se resume en la presente agenda mensual de seguimientos
rutinarios de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia
federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados
con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, las novedades
recientes.
1.- Tragedia del
ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
El juez Claudio Bonadío elevó la causa a
juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro
responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como
partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del
servicio. A último momento y luego de haberlo procesado, el 14 de febrero dictó
falta de mérito a Mario Cirigliano, uno de los dos hermanos responsables de la
empresa concesionaria Cometrans. El juez Bonadío señaló que la empresa desvió a
otras empresas vinculadas que no hacían a la prestación del servicio más de 45
millones de dólares. El proceso lo llevará a cabo por sorteo el Tribunal Oral
Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante; Adrián Grunberg y Pablo Laufer. Se
ignora la fecha de inicio del juicio, que por razones obvias debe ser en el
corto plazo, para evitar la dilución de la causa.
2.- Coimas pagadas
a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales
El juicio oral que se tramita ante el
Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel
Pons y Eduardo Larrembere, se reanudó el pasado 12 de febrero tras las
lamentables declaraciones que nada aportaron a la causa del ex vicepresidente
Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas
coimas y provocara un cimbronazo político tras su renuncia. Se puede presuponer
que si de las declaraciones de los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y
Carlos Becerra, como las de el actual titular Icazuriaga y otros agentes de la Secretaría de
Inteligencia, a quienes la presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto
de la obligación de guardar secreto para que puedan declarar como testigos en
el juicio para informar sobre la contabilidad interna u otra documentación, no surgen
elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década
como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos
generalizados.
3.- Defraudación
de fondos públicos entregados a la Fundación
Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
Transcurridos más de veinte meses del inicio
de la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de
Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación en
exclusividad, el juez Norberto Oyarbide demorará la elevación de la causa a
juicio oral y público el mayor tiempo posible, por lo que se aleja la
posibilidad de que el Estado recupere el dinero público apropiado por
integrantes de la
Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General
de la Nación Leandro
Despouy, no informó porque a más de ocho meses de solicitada por el juez
Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones
de pesos entregados por el Estado nacional a la Fundación para construir
viviendas, gran parte de ellos licuados por la corrupción.
4.- Detención del
Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico
Luego del alienado cruce de acusaciones entre
el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner, el diputado nacional
Agustín Rossi, y el increíble silencio del máximo responsable nacional en la
lucha contra el narcotráfico, Rafael Bielsa, producidas a partir de la
detención y posterior liberación por orden del juez federal de Rosario Carlos
Vera Barros del ese entonces Jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, los
contendientes se llamaron a silencio. Se habrán asustado los narcotraficantes y
funcionarios estatales cómplices por el fuerte debate?
El seguimiento regular de distintos casos de
corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que
intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener
pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez
obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las
reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las
causas en escandalosos sobreseimientos generalizados. De no ser posibles, las actuaciones
se prolongan hasta que operen las prescripciones.
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