Se resume en la presente agenda mensual el seguimiento
rutinario de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia
federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados
con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado. Conocer el avance
de las distintas causas, muchas de ellas originadas años atrás, nos ilustrará
sobre los verdaderos objetivos de la mal llamada democratización de la
justicia.
1.- Causa de
lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial
de Lázaro Báez
La investigación está a cargo de Sebastián
Casanello, responsable del Juzgado Federal Nº 7, y el fiscal Guillermo
Marijuán. Inicialmente cabe formular tres comentarios: 1) el crecimiento
económico exponencial del empresario Báez por sus contactos con la política es
largamente conocido, y motivó denuncias y acusaciones de sectores políticos y
periodísticos en los últimos años. Pero se lo debe evaluar solo como un
emergente de una enorme trama de complicidades para lucrar con fondos públicos.
2) El primer síntoma en el accionar judicial fue el de haber evitado acusar al
empresario, y demorar el allanamiento de la financiera sindicada como
intermediaria de las operaciones, ubicada en Madero Center. 3) El fiscal
Marijuán esta actuando con tal celeridad, que hace suponer que a la brevedad
será apartado de la causa, como sucediera con el fiscal Rívolo en el caso
Ciccone.
2.- Tragedia del
ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
El juez Claudio Bonadío elevó la causa a
juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro
responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como
partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del
servicio. Se está a la espera de fijación del inicio del juicio oral, que
llevará a cabo el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante;
Adrián Grunberg y Pablo Laufer.
3.- Coimas pagadas
a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales
El juicio oral se tramita en el Tribunal Oral
Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo
Larrembere. Como era de preverse, las declaraciones del ex presidente y actual
funcionario de gobierno Carlos Alvarez, alias “Chacho”, que presidiera el
Senado al momento del pago de las supuestas coimas, nada aportaron al
esclarecimiento del hecho. Solo resta esperar las declaraciones de los ex
titulares de la SIDE
Carlos Sergnese y Carlos Becerra, como las de el actual
titular Icazuriaga y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia, a quienes la
presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto de la obligación de
guardar secreto para que puedan declarar como testigos en el juicio. Es de
suponer que no aportarán elementos probatorios concretos, por lo que el caso
presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción
concluirá con sobreseimientos generalizados. Demás está decir que ello no
implica que las coimas no hayan existido.
4.- Defraudación
de fondos públicos entregados a la Fundación
Sueños
Transcurridos más de dos años del inicio de
la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de
Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación casi en
exclusividad, el juez Norberto Oyarbide aún no elevó la causa a juicio oral y
público, por lo que se aleja la posibilidad de que el Estado recupere el dinero
público apropiado por integrantes de la Fundación. Tampoco
el titular de la Auditoría Generalla Nación Leandrola
Fundación para construir viviendas, gran parte de ellos
licuados por la corrupción.
5.- Detención del
Jefe de Policía de Santa Fe acusado de mantener contactos con el narcotráfico
Luego del alienado cruce de acusaciones entre
el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner y el diputado nacional
Agustín Rossi, en relación al negocio de las drogas en la provincia, el máximo
responsable nacional en la lucha contra el narcotráfico Rafael Bielsa, a cargo en
ese entonces del organismo Sedronar, fue designado por el empresario Eurnekián director
de Aeropuertos Argentina 2000. Ello confirma que la multiplicidad de
conocimientos por parte de los políticos nacionales es inagotable.
El seguimiento regular de distintos casos de
corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que
intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener
pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez
obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las
reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las
causas en escandalosos sobreseimientos generalizados, o bien, de no ser posibles,
las actuaciones se prolongan hasta que operen las prescripciones.
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