La demanda de libertad de expresión, que
asombrosamente a 30 años de instalado el sistema democrático de gobierno
provoca hoy acalorados debates y acusaciones entre sectores políticos y empresariales,
es condición necesaria para posibilitar lo esencial que permita que la sociedad
esté adecuadamente informada y cada ciudadano posea su propia opinión: que
exista diversidad de medios que canalicen y publiciten las informaciones y opiniones.
Tamaña responsabilidad comunicacional se
enriquece con las diferencias ideológicas, pero también incluye inevitablemente
intereses sectoriales, económicos y aún personales.
Por ello instalar el debate en términos de
grupos monopólicos, golpes destituyentes o sectores antidemocráticos, no solo
es degradante sino falaz. Las libertades no pueden ser conculcadas, limitadas o
reguladas en aras de proteger a la sociedad de empresarios y/o periodistas
corruptos, que sin duda existen y siempre existirán. El verdadero origen de
éstas tensiones entre sectores públicos y privados no solo se dan en nuestro
país sino en otras sociedades, por una razón básica: mientras el Estado cuenta
prácticamente con todos los instrumentos para actuar e incidir en distintos
sectores de la sociedad y publicitarlo acorde su interés político (el Estado
nos representa a todos), usualmente son los medios de comunicación quienes
transmiten a los pueblos aspectos del manejo de gobiernos u empresas, que por
diversas razones éstos desean ocultar. En este complicado juego de intereses,
cuando algunos de dichos sectores pretende convertirse en salvaguarda de las
libertades y salud mental de los ciudadanos, acallando las voces supuestamente
conspiradoras, más allá del ropaje que se utilice, inevitablemente se caerá en una
dictadura.
La diversidad de expresiones permite
cotejarlas, balanceando la utilización habitual de una ley básica de la
propaganda política, que entre otras, fuera admirablemente analizada por el
intelectual francés Jean-Marie Domenach en 1950, que dirigiera en París un
Centro de Formación de Periodistas: la regla de la Exageración y
Desfiguración, usada corrientemente por la prensa partidista o sectorial, ya
sea pública o privada, consistente en la exageración de las noticias, haciendo
resaltar todas las informaciones que sean favorables o desfavorables según el
objetivo buscado. Otra de las reglas de la propaganda llamada de Unanimidad y
Contagio, basada en la presión que la opinión del grupo ejerce sobre la
individual, plantea el problema de cómo trasladar la información a las masas.
Para resolverlo se aplicó el principio que el nivel intelectual del mensaje
masivo deberá ser tanto más bajo cuanto más grande sea la cantidad de personas
a convencer. No sorprende entonces la utilización permanente en las propagandas
de mensajes breves y contundentes que nada informan: “Este es el mejor gobierno
de la historia”; “Existen grupos económicos destituyentes”; “Nos combaten sectores
antidemocráticos”; “Argentina, país de buena gente”. Un buen ejemplo de esta
brevedad que no enriquece, es la reciente y conocida propaganda con fuerte contenido
subliminal: “Ella o vos”, que en realidad significa “Ella o yo”. Más importante
para la sociedad, de aplicación para todos los candidatos en la próxima
elección, sería plantear “porqué yo?”, y sustentarlo.
Ante este panorama de la comunicación de
masas, que si bien es cada vez más sofisticado por los avances tecnológicos, mantiene
principios de propaganda política que no se apartan de los desarrollados
durante la Segunda Guerra
Valga como ejercicio una reciente
coincidencia, posiblemente no deseada, entre dos medios situados en las
antípodas editoriales y políticas: Clarín y Página 12. Es conocido el impacto que produjo en la
opinión pública las denuncias del periodista Jorge Lanata respecto a los
enormes enriquecimientos patrimoniales que en menos de una década tuvieron
distintos empresarios y funcionarios relacionados directamente con el gobierno,
uno de cuyos exponentes fue el empresario patagónico Lázaro Báez. Como es
habitual, se generaron desde otros sectores públicos y privados estrategias
para minimizar la seriedad de las denuncias.
El periódico Página 12 reactualizó el caso
del ex empleado del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, que administraba activos de
clientes de Argentina y Chile, y se encuentra prófugo de la justicia de Estados
Unidos por robo de dinero de algunos de ellos. Instalado en nuestro país, denunció
hace 5 años en carácter de “arrepentido” a varias empresas argentinas, entre
ellas Clarín, por evasión a través de dicho Banco. Arbizu fue recientemente
invitado a programas televisivos, y la dra. Gils Carbó señaló que esta causa se
encuentra paralizada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 a cargo del Juez Federal
Sergio Torres, en cuyo expediente también está como fiscal al dr. Marijuan, al
que se quiere apartar del caso Lázaro Báez.
Analizadas las informaciones que brindan
ambos medios periodísticos, se concluye que existe total coincidencia entre
ellos en lo que realmente le importa a la sociedad: que el traslado de fondos
públicos a funcionarios y sectores privados a través de la corrupción, y el manejo
de la justicia del fuero federal penal, llegó a límites insostenibles. Cabe
recordar que uno de los directivos de Página 12, dr. Horacio Verbitsky, fue
autor de uno de los mejores trabajos de investigación respecto al fenómeno de
la corrupción del Estado, que plasmara en su libro publicado en 1991 titulado “Robo
para la corona”, en base a una frase atribuída al Ministro del Interior de
Carlos Menem, José Luis Manzano, hoy empresario de multimedios.
Destacada la importancia de los medios de
comunicación en exponer a la consideración pública acciones y/o negociados que
funcionarios públicos y empresarios privados desean ocultar, aún cuando dichas
denuncias coexistan con intereses particulares (de hecho la presente reflexión
lo explicita), cabe ahora preguntarse: existen instancias no periodísticas sino
institucionales, a las que la sociedad paga para que actúen como control en
defensa del interés común y no lo hacen? Pensémoslo.
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