PATORUZÚ INVESTIGA

Una historieta es un relato conformado por una serie de dibujos correlacionados. El componente gráfico es el encargado de transmitir aventuras que van de la ilusión al realismo; del humor al espanto. El indio tehuelche Patoruzú y sus aventuras, nacieron en 1928 de la mano de Dante Quinterno, quien tiempo más tarde incorporó a Isidoro Cañones, porteñito piola y vividor. Ambos personajes emblemáticos volvieron a la memoria ante el trabajo denodado que están encarando una multitud de infectólogos (jueces, fiscales, políticos, empresarios), para encontrar cuanto antes los anticuerpos que destruyan el circunstancial virus llamado “lucha contra la corrupción”. De este modo se podrá retornar a la normalidad, saqueando recursos del Estado con impunidad. El nombre de Patoruzú, por otra parte, evita que el flagelo estrictamente nacional, intente ocultarse tras expresiones foráneas, como “mani pulite”; Panamá Papers; “cuentas offshore”, o similares. Para que “buitres” internacionales ataquen a un país, previamente deben actuar aves rapaces locales para generar la carroña que los alimenten.

Como corresponde a una historieta, el recuerdo de Patoruzú nace en lo visual: el fiscal Marijuán recorriendo la extensa Patagonia, en una tarea casi de puerta a puerta, buscando con enjundia “el dinero mal habido”. Pero su asombro por la cantidad de campos, propiedades edilicias, autos de alta gama, y otros bienes detectados, provoca interrogantes. La causa por lavado se inició hace más de treinta meses, producto como ya es habitual, de una investigación periodística de abril de 2013, que brindaba circuitos de blanqueo, con nombre de sociedades y número de cuentas bancarias involucradas. Marijuán hace suponer que nunca antes se solicitó información a los Registros de Propiedad e instituciones financieras, o bien que les fueron negadas. Este punto debería ser aclarado, como así también el nombre de los titulares de dichos bienes. También genera dudas que no se hayan detectado cuentas con dinero para proceder a su embargo. A ello se suma el viaje que muy tardíamente harán el juez Casanello y el fiscal Marijuán a Suiza. Hace más de dos años se detectaron en dicho país dos cuentas bancarias de Báez y su entorno, con 22 millones de dólares. En ese entonces, supuestamente se envió un exhorto a la justicia suiza requiriendo su congelamiento. Pero como la corrupción se sostiene en una aceitada trama estatal, es de suponer que el juez Casanello consultó con el Director de Asistencia Jurídica de la Cancillería, Horacio Basabe, si el exhorto fue realmente cursado, fecha de envío, si cumplía con los requisitos judiciales exigidos por el país extranjero para darle curso, o bien contenía los habituales “errores” para que la solicitud fuera denegada (picardía Isidoro Cañones). Por si es necesario aclararlo, los 22 millones de dólares fueron retirados hace tiempo por Báez. Finalmente cabe preguntarse: que rol cumplió el fiscal antilavado Carlos Gonella, en esta investigación de lavado?

Mientras Báez y su entorno monopolizan el “operativo transparencia Patoruzú”, no debemos olvidarnos de otras causas trascendentes. Ciccone: el juez Lijo, más allá de Boudou y sus amigos, no produjo nuevos avances en la causa, para profundizar sobre la entidad “fachada” controlante The Old Fund, sin antecedentes ni capital propio. Hotesur y Los Sauces: causa también relacionada con Baéz, en cuanto al lavado de dinero, y/o pago de coimas. Desde el 28 de abril pasado se encuentra a cargo del juez Julián Ercolini, al ser apartado el juez Rafecas, un potencial sosías de Oyarbide, que la mantuvo paralizada durante varios meses. Fútbol para Todos: a cargo de Servini de Cubría, la causa investiga la desaparición de 179 millones de pesos del programa Fútbol para Todos, en el corto tránsito que va de la Jefatura de Gabinete a la Asociación del Fútbol Argentino.  Es interesante porque replica el esquema, filosofía y actores de la política dentro de los clubes, aplicados a la corrupción estatal-privada. Resultado: pobres y multimillonarios viendo fútbol gratis; clubes en su gran mayoría vaciados y con deudas impagables; campeonatos absurdos, y funcionarios, dirigentes, empresarios e intermediarios enriquecidos. Todo ello, usufructuando las aún denominadas cínicamente “entidades sin fines de lucro”.

Lázaro Báez en un reclamo tiene razón. Si la corrupción se origina en el saqueo de los recursos del Estado, porqué no se investiga a los funcionarios públicos responsables del circuito de facilitación y entrega del dinero? Para colaborar con la confundida justicia, será tema de la próxima reflexión el alcance del concepto “sobrecostos en la obra pública”, o de las contrataciones del Estado en general. Es mucho más fácil e inmediato detectarlos, que buscar cuentas “offshore”.

Buenos Aires, 01 de junio 2016

CUANDO CLARÍN Y PÁGINA 12 COINCIDEN (parte I)

La demanda de libertad de expresión, que asombrosamente a 30 años de instalado el sistema democrático de gobierno provoca hoy acalorados debates y acusaciones entre sectores políticos y empresariales, es condición necesaria para posibilitar lo esencial que permita que la sociedad esté adecuadamente informada y cada ciudadano posea su propia opinión: que exista diversidad de medios que canalicen y publiciten las informaciones y opiniones.  Tamaña responsabilidad comunicacional se enriquece con las diferencias ideológicas, pero también incluye inevitablemente intereses sectoriales, económicos y aún personales.

Por ello instalar el debate en términos de grupos monopólicos, golpes destituyentes o sectores antidemocráticos, no solo es degradante sino falaz. Las libertades no pueden ser conculcadas, limitadas o reguladas en aras de proteger a la sociedad de empresarios y/o periodistas corruptos, que sin duda existen y siempre existirán. El verdadero origen de éstas tensiones entre sectores públicos y privados no solo se dan en nuestro país sino en otras sociedades, por una razón básica: mientras el Estado cuenta prácticamente con todos los instrumentos para actuar e incidir en distintos sectores de la sociedad y publicitarlo acorde su interés político (el Estado nos representa a todos), usualmente son los medios de comunicación quienes transmiten a los pueblos aspectos del manejo de gobiernos u empresas, que por diversas razones éstos desean ocultar. En este complicado juego de intereses, cuando algunos de dichos sectores pretende convertirse en salvaguarda de las libertades y salud mental de los ciudadanos, acallando las voces supuestamente conspiradoras, más allá del ropaje que se utilice, inevitablemente se caerá en una dictadura.

La diversidad de expresiones permite cotejarlas, balanceando la utilización habitual de una ley básica de la propaganda política, que entre otras, fuera admirablemente analizada por el intelectual francés Jean-Marie Domenach en 1950, que dirigiera en París un Centro de Formación de Periodistas: la regla de la Exageración y Desfiguración, usada corrientemente por la prensa partidista o sectorial, ya sea pública o privada, consistente en la exageración de las noticias, haciendo resaltar todas las informaciones que sean favorables o desfavorables según el objetivo buscado. Otra de las reglas de la propaganda llamada de Unanimidad y Contagio, basada en la presión que la opinión del grupo ejerce sobre la individual, plantea el problema de cómo trasladar la información a las masas. Para resolverlo se aplicó el principio que el nivel intelectual del mensaje masivo deberá ser tanto más bajo cuanto más grande sea la cantidad de personas a convencer. No sorprende entonces la utilización permanente en las propagandas de mensajes breves y contundentes que nada informan: “Este es el mejor gobierno de la historia”; “Existen grupos económicos destituyentes”; “Nos combaten sectores antidemocráticos”; “Argentina, país de buena gente”. Un buen ejemplo de esta brevedad que no enriquece, es la reciente y conocida propaganda con fuerte contenido subliminal: “Ella o vos”, que en realidad significa “Ella o yo”. Más importante para la sociedad, de aplicación para todos los candidatos en la próxima elección, sería plantear “porqué yo?”, y sustentarlo.

Ante este panorama de la comunicación de masas, que si bien es cada vez más sofisticado por los avances tecnológicos, mantiene principios de propaganda política que no se apartan de los desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, cabe preguntarse qué hacer para formarnos opinión ante supuestas verdades o falsedades, o posibles acciones de propaganda o contrapropaganda. Una respuesta es comparar informaciones opuestas o contradictorias, completarlas en lo posible con datos adicionales, razonar, y finalmente optar. A este libre albedrío temen no solo las dictaduras, sino también los gobiernos con baja calidad democrática. Pero surge la duda: este planteo teórico es fácil expresarlo pero difícil aplicarlo?

Valga como ejercicio una reciente coincidencia, posiblemente no deseada, entre dos medios situados en las antípodas editoriales y políticas: Clarín y Página 12.  Es conocido el impacto que produjo en la opinión pública las denuncias del periodista Jorge Lanata respecto a los enormes enriquecimientos patrimoniales que en menos de una década tuvieron distintos empresarios y funcionarios relacionados directamente con el gobierno, uno de cuyos exponentes fue el empresario patagónico Lázaro Báez. Como es habitual, se generaron desde otros sectores públicos y privados estrategias para minimizar la seriedad de las denuncias.

El periódico Página 12 reactualizó el caso del ex empleado del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, que administraba activos de clientes de Argentina y Chile, y se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos por robo de dinero de algunos de ellos. Instalado en nuestro país, denunció hace 5 años en carácter de “arrepentido” a varias empresas argentinas, entre ellas Clarín, por evasión a través de dicho Banco. Arbizu fue recientemente invitado a programas televisivos, y la dra. Gils Carbó señaló que esta causa se encuentra paralizada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 a cargo del Juez Federal Sergio Torres, en cuyo expediente también está como fiscal al dr. Marijuan, al que se quiere apartar del caso Lázaro Báez.

Analizadas las informaciones que brindan ambos medios periodísticos, se concluye que existe total coincidencia entre ellos en lo que realmente le importa a la sociedad: que el traslado de fondos públicos a funcionarios y sectores privados a través de la corrupción, y el manejo de la justicia del fuero federal penal, llegó a límites insostenibles. Cabe recordar que uno de los directivos de Página 12, dr. Horacio Verbitsky, fue autor de uno de los mejores trabajos de investigación respecto al fenómeno de la corrupción del Estado, que plasmara en su libro publicado en 1991 titulado “Robo para la corona”, en base a una frase atribuída al Ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano, hoy empresario de multimedios.

Destacada la importancia de los medios de comunicación en exponer a la consideración pública acciones y/o negociados que funcionarios públicos y empresarios privados desean ocultar, aún cuando dichas denuncias coexistan con intereses particulares (de hecho la presente reflexión lo explicita), cabe ahora preguntarse: existen instancias no periodísticas sino institucionales, a las que la sociedad paga para que actúen como control en defensa del interés común y no lo hacen? Pensémoslo.