En la última reflexión señalábamos la importancia que tiene el periodismo para exponer la corrupción de funcionarios públicos y sectores privados asociados, aspecto relevante para entender los recurrentes debates entre poderes políticos y medios de comunicación por las limitaciones expresas o sutiles a la que se desea someter a la declamada libertad de expresión. Ello no implica desconocer que los medios de comunicación, que tienen la capacidad de generar “climas sociales”, en su diversidad empresarial e ideológica responden también a intereses particulares diversos. Las herramientas utilizadas abarcan un amplio espectro, que va desde la verdad al engaño, o lo más usual, el empleo de verdades a medias. Esta dicotomía los regimenes dictatoriales la resuelven fácilmente: los medios opositores se prohiben; expropian o ahogan financieramente. En los regimenes democráticos es el ciudadano receptor de mensajes el que tiene que aprender a detectar lo convincente de lo falaz; lo principista de lo obsecuente; la realidad del falseamiento.
Analizado el cúmulo de información desde esta perspectiva, nos encontraremos quizás con sorpresa, que medios contrapuestos como Clarín y Página 12 coincidieron en que existe una enorme corrupción; solo difirieron en los ejemplos elegidos para sustentar su opinión. Por ello nos formulamos una pregunta: existen instancias institucionales, además de las periodísticas y judiciales, a las que la sociedad paga y sostiene para que actúen como control del Ejecutivo en defensa del interés común y no lo hacen? Existen, y son el Poder Legislativo y los organismos estatales de control. Que además, a diferencia del periodismo, que se debe manejar a través de difíciles trabajos de investigación; variadas fuentes documentales y testeos de veracidad, cuentan con todas las atribuciones legales y medios materiales para evitar irregularidades administrativas o defraudaciones al erario público.
El Poder Legislativo, que congrega de por sí la diversidad política de todo el territorio nacional, tiene dos funciones: una de naturaleza legislativa (redactar leyes); y otra de carácter parlamentaria (ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo). En este último caso, el Artículo 85 de la Constitución Nacional señala que deberá realizar el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, trabajando en coordinación con la Auditoría General de la Nación, que debe ser encabezada por un representante del partido opositor mayoritario. La realidad indica que el Poder Legislativo no legisla (la enorme mayoría de leyes las redacta el Poder Ejecutivo), ni ejerce la tarea de control fundamentalmente patrimonial, que da lugar a la corrupción, pese a que es su obligación. Por controlarse al Poder Ejecutivo, obviamente la responsabilidad mayor recae en las minorías opositoras, por lo que el problema no es de número, sino de actitud. Si existen dudas, recordar las actuaciones de legisladores como Alfredo Palacios o Lisandro de la Torre, entre muchos otros dignos ejemplos.
Esto explica porque los casos de corrupción se explicitan casi exclusivamente a través de niveles periodísticos, a quienes acuden además quienes proveen documentación, dado que no confían en los legisladores. Estos recién actúan una vez instalada la denuncia, y en el colmo del absurdo, realizan réplicas mediáticas ante la justicia basadas en las mismas denuncias periodísticas. Para que exista gran corrupción en un gobierno e impunidad, tiene que haber gran complacencia de la oposición.
A su vez existen organismos administrativos de control dentro del Estado con distintos niveles de supuesta autonomía, que evidentemente no cumplen con su tarea, pese a que ineludiblemente, según el aspecto que se trate, cuentan o deberían contar con toda la documentación necesaria, ya no informal, sino oficial, la que debieran aportar a la justicia. Vista la ineficacia de estos organismos en el control de desvíos de fondos públicos, cuando no ocultamiento de pruebas de ilícitos y protección de los responsables, es oportuno recordarlos.
1.- Auditoría General de la Nación (AGN). Encabezada por el radical Leandro Despouy, es un organismo autárquico que asiste al Congreso técnicamente en el control contable, legal y de gestión de las cuentas del sector público, actuando como fiscalizador y auditor.
2.-Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Organismo autárquico conducida por Ricardo Echegaray, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de la recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales.
3.- Unidad de Información Financiera (UIP). A cargo de José Sbatella, se desempeña con autarquía en el área del Ministerio de Justicia, y tiene como principal misión combatir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
4.- Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con Daniel Reposo como máximo responsable, depende de la Presidencia de la Nación, y tiene como función la de dictar y aplicar normas de control interno de los recursos públicos, debiendo actuar en coordinación con la Auditoría General que encabeza Despouy.
5.- Inspección General de Justicia (IGJ). A cargo de Luis Tailhade, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y debe autorizar y fiscalizar a las sociedades comerciales nacionales y extranjeras; asociaciones civiles y fundaciones, que se constituyan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
6.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). A cargo de Guillermo Noailles, depende de la Procuración General de la Nación, y es la encargada de investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidos por funcionarios y agentes de la administración pública nacional.
Dos aspectos a destacar:
1) Ninguno de los organismos es independiente y actúa con autarquía, sino por el contrario, tienen una directa y determinante dependencia del Poder Ejecutivo, y en el caso de la Auditoría General, del Legislativo.
2) De actuar conforme a sus obligaciones cada uno de los organismos, las condiciones de culpabilidad o inocencia de funcionarios y empresarios acusados de corrupción se establecerían en muy corto plazo, mas allá de polémicas periodísticas, pues poseen las documentaciones legales y oficiales que determinan la validez de las pruebas, que enviadas a la justicia, avalarán culpabilidades o inocencias.
Esto no sucede, lo que permite que la corrupción se enmascare en polémicas públicas y mediáticas, que concluyen en impunidad. Eso sí, nadie duda de que los enriquecimientos de funcionarios públicos es indisimulable.
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