JAIME + MILANI + CHEVRON = INCONSISTENCIAS

Tres sucesos casi simultáneos y  de gran trascendencia política, presentan un rasgo común  de inconsistencia que exhibe con crudeza vicios preocupantes para el desarrollo futuro del país. Ellos son la orden de captura de Ricardo Jaime; la designación de César Milani como jefe del Ejército, y la firma del acuerdo entre YPF y la multinacional Chevron.

Todos los casos contaron con amplia cobertura periodística y variedad de opiniones, pero no es el objetivo de la reflexión sumar una más a favor o en contra, sino destacar las contradicciones exhibidas, que ratifican una vez más que los supuestos debates ideológicos solo son instrumentos para enmascarar los verdaderos objetivos a la ciudadanía, sin importar si el receptor  es oficialista u opositor. Maquiavelo en su libro “El príncipe” ya planteaba un dilema para la comunicación del gobernante con sus súbditos, al señalar que “no hay otra manera de evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que no ofenden al decir la verdad; y resulta que, cuando todos pueden decir la verdad, faltan el respeto”. En las democracias modernas, cuando las opiniones son rentadas por el Estado, ya sean de políticos, periodistas, empresarios y aún supuestos defensores de derechos humanos, se hacen  irreconciliables la adulación con la verdad.

Caso 1.- El juez Claudio Bonadío ordenó la detención del multiprocesado ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime, ante un supuesto peligro de fuga y entorpecimiento de las actuaciones judiciales, tras lo cual Jaime se constituyó en prófugo. Una semana más tarde la sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, concedió la eximición de prisión a Jaime con argumentos durísimos contra Bonadío, señalando que “se prefirió la aplicación de una inapropiada, cuando no arcaica, interpretación del Derecho”. Tanto el juez como los integrantes de la Cámara han sido considerados afines al Gobierno en los casos sensibles para éste. Nos formulamos la primer pregunta: pueden existir fallos tan disímiles en una misma causa?  O bien la confluencia político-judicial federal en los casos de corrupción en el Estado alcanzó límites intolerables?

Caso 2.- La designación como jefe del Ejército del militar de inteligencia César Milani provocó la acusación de diversos sectores en cuanto a su comportamiento en la última dictadura militar en relación a los derechos humanos. De inmediato la señora Estela de Carlotto manifestó que “no existían pruebas que lo incrimen”, cuando meses atrás, también de inmediato y con similar liviandad, una vez designado Papa el Cardenal Bergoglio lo acusó de ser cómplice de la dictadura. Surge la segunda pregunta: puede una ciega adhesión política utilizar sesgadamente incluso a los derechos humanos?

Caso 3.- En abril de 2012 se producía la renacionalización de YPF, eyectando a la petrolera española Repsol. En el anuncio por cadena nacional la Presidente expresó que Repsol-YPF había sido vaciada. Sin embargo, pese a que el grupo argentino Esquenazzi conducía la empresa con casi el 25 % de las acciones, no se formuló ninguna denuncia penal por el vaciamiento, y a la fecha no se acordó el monto de resarcimiento a Repsol.  El anuncio provocó las consiguientes manifestaciones de júbilo en defensa del “patrimonio nacional”, y contó con el apoyo de socialistas y radicales bajo el paraguas que la estatización parcial respondía a sus principios históricos, obviando cumplir, peronistas incluídos, con la obligación como legisladores de intervenir para que la instrumentación administrativa, legal, técnica y comercial respondiera a tan loables principios, y la decisión política se enriqueciera con un consenso basado en el conocimiento y la eficacia.

En este contexto improvisado el destino estaba trazado; a poco más de un año de la reestatización parcial, mediante decreto y con cláusulas contractuales secretas, el Gobierno incorporó como principal inversor en la explotación de Vaca Muerta en Neuquén, a la multinacional norteamericana Chevron. En la elaboración del convenio no participó la provincia supuesta dueña del recurso, girándoselo al gobernador Sapag para su adhesión (no confundir con opinión), una vez firmado. Recordemos además que tanto YPF como Chevron afrontan importantes juicios internacionales con reclamos multimillonarios. Tercera pregunta: puede admitirse que un país tenga respecto del manejo de un recurso estratégico políticas de Estado tan fluctuantes, y más grave aún, en términos de pocos meses?

Estos ejemplos, en los que ni siquiera se juzga la culpabilidad o inocencia de los personajes involucrados, y menos aún la calidad de la estrategia de explotación petrolera adoptada antes o ahora, es la manifiesta degradación a la que, con el fervoroso aplauso de personajes generosamente rentados con fondos públicos, son sometidos los conceptos de derechos humanos; corrupción contra el Estado e independencia de la Justicia Federal, y soberanía nacional.