ACCIONES DESTITUYENTES + SAQUEOS + SALARIOS

Los graves conflictos sociales que estallaron en distintos puntos del país merecieron variadas interpretaciones políticas, que como ya es habitual, oscilaron entre la obviedad y el ocultamiento de los problemas de fondo. Intentaremos establecer una matriz de los hechos, en base a los términos más utilizados para esbozar excusas antes que diagnósticos convincentes. Ellos son: acciones destituyentes; saqueos y reclamos salariales.

Acciones destituyentes.- El oficialismo una vez más relacionó las acciones violentas con acciones destituyentes. Se entiende como tales pretender debilitar a un gobierno elegido democráticamente a través de movilizaciones civiles que desafían su legitimidad. Pueden iniciarse de forma pacífica, legítima y masiva (cacerolazos), pero aprovechadas luego por los verdaderos sectores destituyentes para el golpe final, a través de acciones violentas. Si consideramos que la cúpula dirigencial justicialista cumplió un rol preponderante en eyectar con solo dos años en ejercicio del poder al gobierno a la Alianza en el 2001, que tenía minoría en el Senado, Diputados y Gobernaciones, debemos partir de la base que estas acciones existen. Avala la presunción que toda la dirigencia del Frente Grande, incluído su máximo representante y responsable del vacío de poder de la Alianza, Carlos “Chacho” Alvarez, fue adecuadamente recompensada e integra casi sin excepción el actual gobierno. Ello explica también porque las masivas protestas de ese entonces no avalaron que la Alianza fuera única responsable de una crisis terminal incubada desde varios años atrás, dando lugar a la frase más temida por la clase política aún hoy: “Que se vayan todos”. Surgen dos reflexiones: por un lado, que nunca más se interrumpan los períodos democráticos de gobierno, utilizando las crisis para proyectos sectoriales de poder. Por el otro, respetar hoy este principio permitirá una experiencia enriquecedora a futuro: por primera vez en su historia, el justicialismo deberá afrontar las consecuencias de su ejercicio ininterrumpido del poder durante diez años.

Saqueos.- Se entiende como saqueo o pillaje al apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos. Ante tan clara definición, asombra que desde siempre, y ahora en un gobierno autoproclamado progresista, nacional y popular, se llame saqueadores únicamente a pobres y/o delincuentes robando electrodomésticos, y no a funcionarios públicos y empresarios privados escandalosamente enriquecidos, asociados para vaciar presupuestos públicos a costa de la calidad de servicios y aún de vidas de ciudadanos. Desde luego, con protección judicial. Está claro entonces que urge reconstituir la obligación moral e institucional de todo Estado, de proteger a sus ciudadanos de todo tipo de saqueadores, pobres o ricos a costa del propio Estado. Empezando por estos últimos, aunque duela más.

Salarios.- El salario o sueldo es la suma de dinero y eventuales pagos en especie que recibe en forma periódica un trabajador de su empleador, como contraprestación del trabajo realizado. El salario debe ser equitativo ante trabajos similares, y posibilitar en todos los casos una vida mínimamente digna. Aplicado este concepto a los salarios del Estado, que motivaran entre otros conflictos el policial, sorprende que ningún sector político haya mencionado la enorme y creciente distorsión salarial y destrucción del principio de equidad de los salarios públicos durante los últimos veinte años, ya sean de la administración central u organismos descentralizados, falazmente denominados desde lo financiero “autárquicos”. La situación alcanzó tal descalabro, que funcionarios o representantes públicos designados, por ejemplo, en Aerolíneas, YPF, Anses, organismos de control, poder legislativo, entre muchos otros, pueden fijarse alegremente sus salarios sin seguir ningún tipo de política estructural, al punto que en general no son dados a conocimiento público, e inclusive se incrementan con fondos en negro.

Internacionalmente, el nivel de equidad salarial de un país se mide no en valores absolutos, sino de relación piramidal, o sea, el ingreso máximo es tantas veces el ingreso oficial mínimo. Un país desarrollado puede tener una relación 1/15 o 1/20. Un país pobre alcanza valores 1/50, y aún mucho más. En nuestro país, mientras no establezcamos claramente esta relación en base a sueldo presidencial y salario mínimo, por ejemplo, y que todos los salarios públicos estén dentro de la pirámide, los problemas salariales de policías, docentes, médicos, entre otros, serán insolubles. La crisis policial fue un excelente ejemplo: ante el reclamo, los gobernadores en tropel dieron irresponsablemente aumentos entre el 50 % y 100 %, que horas antes no podían dar. Son salarios justos? No se sabe, porque no hay pirámide salarial, asociada a función y formación. Hoy, cualquier funcionario designado a dedo en una empresa estatal, en donde no aporta capital, no absorbe pérdidas por su accionar, y generalmente carece de conocimientos para la tarea encomendada, juega a ser CEO de la empresa, y se fija salarios desproporcionados. Estos temas de fondo para pretender gobernar, tampoco los plantean las supuestas oposiciones.