En
esta semana se oficializa el recambio legislativo de diputados y senadores
nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, como resultado de las
elecciones del pasado mes de octubre. Es oportuno recordar las dos funciones
perfectamente diferenciadas que la Constitución Nacional otorga al Poder
Legislativo: la específicamente legislativa (dictar leyes), y la de naturaleza
parlamentaria (control sobre los actos del Poder Ejecutivo). No se puede obviar
por su parte, el pobrísimo funcionamiento legislativo de los últimos años, incluyendo
el incumplimiento de muchos legisladores de las obligaciones básicas de
representación y trabajo por las que fueron votados.
Sin
embargo es de gran importancia destacar una circunstancia particular: desactivada
la posibilidad de reelección de la Presidente, el ámbito legislativo será el vehículo
que posibilitará a la ciudadanía evaluar de manera concreta la personalidad,
voluntad de acción, calidad de propuestas y gestión para transformarlas en
leyes, de quienes pretenden ser elegidos en el 2015 para conducir los destinos
del país. Ello es aplicable tanto para las supuestas oposiciones como para el oficialismo
gobernante. Incluye a Cobos, Binner, Sanz, o las variantes justicialistas
Massa, Capitanich, De la Sota, Scioli, o quienes surjan a futuro. En cuanto a
los gobernadores con pretensión de candidatos, será relevante la actuación de
sus representantes nacionales en las Cámaras. Tanto o más importante que
centrar los análisis políticos en Cristina Kirchner, será considerar la real
consistencia de cada uno de los candidatos, tanto en lo personal como la de las
agrupaciones que le brindan soporte. La etapa de las sonrisas marketineras, las
promesas lisonjeras o análisis más propios de comentaristas que de
legisladores, concluyó. Remedando a Ortega y Gasset, es momento de decir:
legisladores en general, y candidatos en particular, a las cosas.
Las
minorías no podrán escudarse en su condición de tal. Si bien no podrá
pedírseles aprobación de leyes por no reunir los votos necesarios, si deberán
cumplir con su obligación de informar con claridad a la ciudadanía sobre las
virtudes de sus proyectos, y lo que considere falencias de los aprobados. También
deberán informar acerca del funcionamiento de todos los sectores que
constituyen la administración pública, con datos precisos. Para ello las minorías
están representadas en las distintas comisiones legislativas, y su condición de
legisladores les brinda instrumentos y atribuciones para estar perfectamente
informados, y a su vez, informar a la sociedad. De negárseles información,
deberán denunciarlo públicamente, con sustento y seriedad. No es posible que
los casos de corrupción, por ejemplo, sean conocidos casi exclusivamente a
través de los medios de comunicación, y no por los legisladores.
Esta
etapa legislativa ofrece a partidos y candidatos que pretenden ser opción de
gobierno, una invalorable oportunidad. Comenzar por un acto de transparencia
que depende de sus voluntades individuales, y no de las corporativas: volcar al
conocimiento público a través de la página de Internet sus estructuras
administrativas y de asesores, actividades personales como viajes al exterior y
sus motivos, y actividad de sus bloques políticos y de los ajenos. Modificar en
lo inmediato un vicio recurrente y de complicidad unánime, mostrando que los
grandes acuerdos políticos existen, como es el de ocultar incrementos y montos de
las dietas, viáticos y pasajes, parcialmente conocidos por la comunidad, una
vez más, solo por investigaciones periodísticas.
Este
requerimiento no es superficial. Un problema cada vez más creciente y grave es
la inacción, obviamente provocada, de todos los organismos de control estatal (Auditoría
General de la Nación, que si bien por rango constitucional es el máximo órgano
de control a cargo de la oposición, tiene mayoría oficialista; Sindicatura
General de la Nación; Inspección General de Justicia; Unidad de Información
Financiera; Fiscalía de Investigaciones Administrativas), en donde no solo
cunde la inoperancia y ocultamiento, sino que se retacea documentación a la
propia justicia, cuando le es requerida en conocidos casos de corrupción contra
el Estado. Lo saben los legisladores, pero no denuncian a los responsables
jerárquicos. Para quienes se dicen opositores y deben controlar al oficialismo,
esta tarea es inexcusable. Pero mal puede ejercerla quien no es claro y
explícito para brindar a la comunidad información sobre sí mismo en su rol
público
Quiénes
sean capaces de modificar paradigmas basados en que lo público es paradójicamente
secreto, podrán intentar presentarse como transformador de viejas,
excesivamente viejas políticas. Podrán hacerlo, por ejemplo, Cobos; Binner;
Solanas; Michetti o Carrió a nivel nacional? Massa; Stolbizer, o un real representante de la
izquierda como Néstor Pitrola en la provincia de Buenos Aires? Los próximos dos
años serán particularmente difíciles para los argentinos. La sociedad en
general se debatirá entre la indigencia, la subsistencia o el crecimiento. Los
legisladores deberán decidir si se mantendrán en el discurso halagador o
protesta insustancial de campaña, o incursionarán definitivamente en la acción
esforzada y fecunda para la que fueron designados. Hace ya más
de 500 años, expresaba Maquiavelo: “Una cosa se dice en la plaza; otra en el
palacio”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario