Los ciudadanos alejados de prebendas y/o negocios con
el Estado, se aproximan peligrosamente al reclamo político de “Necesitamos del
esfuerzo de todos los argentinos”. La consecuencia irremediable será que los
más débiles deberán subsidiar a los responsables de las recurrentes crisis
económicas, ya sea con indigencia, desempleo o pérdida de ahorros. Señalamos en
la última reflexión similitudes y diferencias con la crisis que estalló en
diciembre del 2001, en lo referido a lo político. Intentaremos hacerlo en el
presente comentario en lo económico.
Se supone que apoyarse en números no debiera admitir
grises: son ciertos o son falsos. Sin embargo es más fácil manipular a la
opinión pública con números que con palabras. Cómo encarar un análisis
entonces? En primer término, transparentando las fuentes de información. En este
caso, se utilizó lo publicado en los principales medios de comunicación, entre
septiembre de 2001 y abril de 2002, con opinión de analistas económicos, políticos,
y datos de organismos oficiales y privados. Vale una aclaración que no debiera
sorprender: la casi totalidad de los actores intervinientes en ese entonces,
sean públicos, privados o gremiales, tienen vigencia hoy.
El siguiente paso sería establecer indicadores
económicos y sociales relevantes, interrelacionándolos a lo largo de períodos
claves. Es lo que se conoce como serie estadística comparable. Según sean las
metodologías de relevamiento u objetivos sectoriales, siempre existirán
diferencias entre fuentes estatales y privadas. Pero quien está obligado a ser
técnicamente impecable y creíble es el Estado, no solo por abarcar el interés
común de todos los argentinos, sino porque sus indicadores debieran determinar
políticas de gobierno posibles. El manifiesto falseamiento de datos del INDEC
trastoca de manera irresponsable la precisión en los análisis estadísticos
secuenciales, y más grave aún, distorsiona predicciones económicas futuras.
Para los sectores sociales más vulnerables, como les gusta denominarlos a los
políticos, discutir si la inflación es del 25, 30 o 40 % es, sin exageración,
criminal. Recordemos, para evitar que los empresarios se escondan tras la
Presidente, que la cúpula de la Unión Industrial Argentina, entre otros
sectores privados, avaló, consintió o ignoró la distorsión de datos del INDEC,
por lo menos durante los tres primeros años.
Datos ciertos no son suficientes para informar a la
población. Es necesario establecer una misma base de partida para todos los
indicadores (base 100), y no saltar de mes en mes según nos convenga. Por
ejemplo, supuestos éxitos actuales tienen valores muy distintos, según la base
sea noviembre de 2001 o enero 2002. La razón es simple; la salida de la
convertibilidad en enero con la fuerte devaluación, inicialmente con una paridad
de 1,40 pesos por dólar, y que solo dos meses después alcanzara un valor de 4
pesos, redujo violentamente el poder adquisitivo y el empleo. No fue en el gobierno de la Alianza, sino en
el justicialista de Duhalde.
La primera enseñanza, es que la expresión de políticos
y economistas planteándonos que hay que esperar hasta diciembre de 2015 para “que
cambien las expectativas”, peca de necedad o de engaño. En el 2001 los
problemas subyacentes de años atrás se desencadenaron en pocos meses. Diciembre
2015 queda muy lejos para esperar que las decisiones impopulares las tome el
próximo gobierno, con el apoyo de la gran mayoría del actual espectro político,
incluido el kirchnerista. Pasó en el 2001. El apoyo mancomunado que se le negó
a De la Rúa, lo obtuvo Duhalde pocos días más tarde, con la adhesión del
radicalismo incluida. Previamente se asistió a despiadadas internas
justicialistas que dieron lugar a tres presidentes en diez días (Puerta,
Rodriguez Saá y Caamaño). Una ironía típica de nuestra clase dirigente: el
candidato de consenso elegido, Duhalde, había perdido las elecciones
presidenciales tan solo dos años antes. El hartazgo llevó al recordado clamor
popular: “Que se vayan todos”.
Tanto candidatos oficialistas por ahora, como
opositores por ahora, todos ellos expertos en diagnósticos y paladines del
canto “yo tengo fe”, debieran proponer acciones de corto plazo, y mediano plazo
a partir de diciembre de 2015. La acción legislativa oficial y opositora, debe posibilitar adoptar decisiones en lo económico a ser mantenidas por el próximo
gobierno, para no afectar una vez más al país. Y las propuestas divergentes,
plasmarlas en lo que nuestros abuelos llamaban plataforma electoral. Solo una
salvedad: que los consensos no incluyan mantener vigente la protección de la
corrupción estatal/privada, que es la que origina, por otra parte, las
recurrentes crisis económicas.
Con esta reseña preliminar, en la próxima reflexión daremos
cifras comparativas entre el 2001/2002 y la actualidad. No menos
interesante, recordaremos sacrificios realizados
por fuertes grupos económicos, ante el reclamo político de contar con “el
esfuerzo de todos los argentinos”.
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