Señalábamos en la última reflexión la continuidad
estructural de conducción que caracteriza al sistema político argentino desde
hace más de dos décadas, con la participación de los mismos actores. Ello como
consecuencia de la desaparición del par dialéctico justicialismo-radicalismo,
que actuara como soporte clarificador ante la sociedad, de diversas políticas
de gobierno. En su reemplazo se utilizan las dicotomías neoliberalismo-progresismo
o izquierda-derecha, más acordes con debates intelectuales. Lo que se mantiene inmutable
y con envidiable complacencia es la corrupción.
El pasado diciembre registró tres hechos con fuerte
contenido simbólico. El ex presidente Menem, condenado a siete años de prisión
en la causa Contrabando de Armas, y denostado por el oficialismo por su responsabilidad
en la década supuestamente “neoliberal”, concurrió excepcionalmente al Senado
para posibilitar que el Gobierno supuestamente “progresista”, obtuviera quórum para
aprobar el proyecto extemporáneo de elección de representantes en el Parlamento
del Mercosur. La ley contiene un toque criollo: otorga a los elegidos fueros
ante la Justicia. Ya no sorprende que en la Argentina, los procesados y
condenados puedan ejercer cargos políticos y aprobar leyes, sin que nadie
solicite desafueros.
Ante un descabezamiento de la cúpula del Servicio de
Inteligencia, se hace público que la Bicameral legislativa de Control de los
Servicios de Inteligencia de la Nación jamás cumplió con su función de control,
tanto de objetivos como presupuestarios. La inacción se sustentó en el clásico
verticalismo de la mayoría oficialista, y en el silencio cómplice de la minoría
supuestamente opositora.
En la provincia de Buenos Aires, sin voces
discordantes ni denuncias mediáticas, el Senado permitió la pérdida del estado
parlamentario del proyecto de ley que obligaba a la publicidad de la
declaración jurada de bienes de los más altos cargos políticos. Entre los que
se niegan, se destaca el candidato presidencial del Gobierno, Daniel Scioli.
La ausencia de partidos políticos consolidados y la vigencia
de un sistema electoral armado para limitar y/o distorsionar la capacidad del
ciudadano de elegir, hace presumir que inevitablemente el entramado de poder
vigente se mantendrá a partir de diciembre de 2015. Dentro de este contexto, la
prioridad ciudadana debiera ser la de limitar daños futuros a los sectores más
desprotegidos y clases medias, evitando repetir el “gran acuerdo nacional” de enero
del 2002, en salvataje de políticos multipartidarios y empresarios.
Para ello deberemos evitar caer nuevamente en la
trampa de centrar la campaña electoral exclusivamente en el Presidente que se
va, como sucediera con Menem primero, y De la Rúa después. Son hábiles y maliciosas
estrategias distractivas, que eluden compromisos concretos y factibles a futuro
por parte de los candidatos, con el objetivo de “cambiar para que nada cambie”.
En la actualidad, hasta Carlos “Chacho” Alvarez, uno de los grandes
responsables de la crisis del 2001, es funcionario del gobierno en el exterior.
La realidad es más pragmática. Políticos, empresarios, gremialistas y jueces,
beneficiarios del sistema Planta Permanente en altos cargos públicos, (ironía
de Jorge Asís), están con las piernas flexionadas para saltar al próximo “mejor
gobierno de la historia”.
La ciudadanía deberá demandar a los candidatos con
posibilidades de triunfo propuestas ciertas, relevantes y transformadoras,
desde lo institucional, político, social y económico. Que tengan además el
respaldo de un cronograma de implementación inmediata a partir de diciembre de
2015. Esta obligación incluye, obviamente,
al candidato del Frente para la Victoria Daniel Scioli. En próximas reflexiones
plantearemos algunas de las problemáticas irresueltas y graves, en las que
ningún candidato deseará asumir compromisos explícitos.
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