A un mes de las elecciones, la
campaña presidencial alcanzó niveles enriquecedores para la ciudadanía.
Acusaciones para establecer que gobierno gasta más en publicidad oficial;
fraude electoral en Tucumán; pobreza clientelar en provincias del norte; Aníbal
Fernández acusado de ser protector del narcotráfico; los medios oficialistas
exhibiendo corrupción en los opositores, y los medios opositores exhibiendo
corrupción en el oficialismo; el fiscal Gonella, quien nunca citó a Lázaro Báez
por lavado de dinero, lo hizo de inmediato con el renunciado candidato del PRO
Fernando Niembro; Scioli presentó su declaración jurada de bienes, que ratifica
que altos funcionarios que trabajan a tiempo completo en el Gobierno, logran
crecimientos patrimoniales imposibles de alcanzar por ciudadanos comunes, que
trabajan también a tiempo completo. Solo exhiben coherencia en el tiempo
camaristas, jueces y fiscales federales, en su política “contra la corrupción,
tolerancia infinita”.
Tanta mediocridad e impunidad en
busca de rédito político, es posible porque en muchos sectores sociales
continúa vigente el justificativo “roban pero hacen”. Sin comprender que lo
robado son fondos públicos, con un inevitable límite de “caja”, que se
transparenta en las recurrentes crisis económicas de las últimas seis décadas. Las
víctimas también son recurrentes: ciudadanos comunes alejados de las mieles del
poder. En este contexto, pretender que Scioli, Macri y Massa presenten una
plataforma económica concreta, resaltando las medidas a adoptar en los primeros
100 días de gobierno, sería una ingenuidad. Esta imposibilidad intenta
disimularse con diagnósticos, metas y objetivos inconexos, que eluden lo
importante: qué, cuándo y cómo. La recordada
frase preelectoral de Menem, “prometo una revolución productiva”, no fue una
mentira, sino simplemente una abstracción irrelevante.
Estos antecedentes no deben inhibirnos
para exigir a los candidatos información concreta sobre indicadores económicos-sociales
vigentes, que necesariamente delimitarán sus políticas a partir del 10 de
diciembre próximo. Más aún, cuando en una circunstancia histórica inédita, han
sido ocultados y/o distorsionados por el propio Gobierno. Para nuestro futuro inmediato,
en economía lo importante no es establecer lo que el Gobierno “hizo”, sino lo
que “deja”. Es oportuno tomar como base de comparación los indicadores de diciembre
de 2001, por dos razones: 1) produjeron la caída de un gobierno constitucional;
2) derivaron en el llamado “acuerdo político patriótico” para salvar al país, en
enero 2002, cuyos pilares fueron: fuerte devaluación; incautación de los
ahorros de la clase media; no pago de la deuda externa, y estatización parcial
de deudas en dólares de grandes grupos económicos. La ciudadanía quiso
reaccionar, pero era tarde; el acuerdo político patriótico estaba sellado. Recordemos
además, que la mayoría de los políticos, empresarios y gremialistas de
entonces, están hoy vigentes.
Los indicadores de diciembre 2001
son todos de carácter oficial. Los estimados para la actualidad intentan
establecer un punto de equilibrio entre fuentes oficiales y privadas.
1.- Reservas Banco Central
(millones dólares)
2001: 19.425
- 2015: 24.350 (se
descuentan swap en yuanes, y pagos a realizar en este año).
2.- Deuda externa (millones
dólares)
2001: 166.272 -
2015: 225.000
3.- Tipo de cambio
2001: $1 x u$s1
(convertibilidad) – 2015: $ 9,40 (oficial) - $ 15,90 (paralelo)
4.- Inflación (Indec)
2001: -1,50 %
(convertibilidad) - 2015: 11 % (Indec) – 25 % (promedio privadas)
5.- Desocupación (%)
2001: 18,30 % -
2015: 6,9 % (Indec) – 10,6 % (privadas)
6.- Pobreza (%)
2001: 11,8
millones de personas - 2015: 4,7 % (Indec – dato 2013)
– 28,7 % (UCA – dato 2014, que equivale a 12 millones de personas)
Tanto Scioli, en su carácter de
candidato oficialista, como Macri y Massa a través de sus consultores, deberían
tener las cifras reales en cada caso. Plantear por ejemplo, “en un año
bajaré la inflación a un dígito”, sin indicar su valor actual de referencia, no
clarifica instrumentos para lograrlo. El recurso de, una vez asumido, quejarse que
el panorama era peor que el esperado, en nuestro país a partir de la crisis
2001-2002, perdió credibilidad. Los candidatos tienen la palabra.
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