“La cuestión del fraude pertenece a la filosofía política: hasta que
punto un gobierno tiene derecho a presionar para conservar el poder? El primer
deber del hombre es defender el pellejo, dice Martín Fierro. De la misma
manera, se podría decir que el primer deber de un dirigente político cuando
está en el gobierno es mantenerse en el gobierno, pero ¿qué límites tienen los
recursos que se pueden llegar a usar? Los conservadores y sus aliados
antipersonalistas no se plantearon este problema y, allí donde fue necesario,
hicieron fraude; la Capital Federal fue el único lugar donde esto no sucedió” (“Breve historia de los argentinos”, de Félix
Luna, refiriéndose a los fraudes electorales en la década del 30).
El escándalo electoral en
Tucumán, como en menor medida sucediera en otras provincias, involucra a los ámbitos
político, judicial electoral e institucional, responsables por acción u omisión,
de la degradación paulatina y persistente del voto ciudadano. El proceso
comenzó con la elección presidencial de 1989, en la que justicialismo y
radicalismo por primera vez sacrificaron su histórica identidad unívoca, dando
nacimiento a las alianzas (UCR-FREPASO y PJ-UCDE). Posteriormente, la crisis
del 2001-02 agravó el problema. Ante el reclamo social “que se vayan todos” sin
diferenciar ideologías, la clase política se aterrorizó. Pero como describe
Martín Fierro, priorizó su pellejo para poder quedarse todos, y con el fin de
seguir succionando de la inagotable teta del Estado, comenzaron a instrumentar legislaciones
electorales diseñadas para manipular y/o distorsionar al extremo la voluntad
popular. Candidaturas testimoniales; listas espejo, acoples o colectoras; ley
de lemas; dobles candidaturas; papeletas que superan el metro de longitud, entre
otras, nos retrotrajeron a los fraudes de la década del 30.
Para ello se cuenta con la
complacencia, complicidad, desinterés o incapacidad, del Ministerio del
Interior; Cámara Nacional Electoral; Juntas electorales; jueces federales con
competencia electoral; y otros organismos estatales intervinientes. No se
cumple con el control de requisitos para habilitar partidos; no se verifican
los recursos multimillonarios de campañas electorales; no se sancionan
incumplimientos de las autoridades oficiales de mesa. Inclusive, como en Santa
Cruz, jueces avalan incumplimientos a lo normado por las constituciones
locales.
Los gobiernos conservadores
podrán usar el ropaje de derechas o izquierdas, pero el resultado no cambia: son conservadores. Dan lugar
inevitablemente a oligarquías (poder en manos de pocas personas); cleptocracia
(cuando la corrupción se instala en la cima del Estado), y nepotismo (cargos
públicos para familiares y amigos). Los desmesurados enriquecimientos ilícitos
de altos y medianos funcionarios, amparados por jueces federales y los mal
llamados organismos de control, son la exteriorización del “querer conservar”
como sea.
“Radical” o “peronista” se
utiliza hoy solo como un engañoso anzuelo, para pescar a melancólicos del
pasado en el río revuelto preelectoral. En el Olimpo del poder y la
permanencia, Alperovich y Zamora, de origen radical, son hoy
peronistas-kirchneristas; Moreau, para acercarse al poder, mancilló la memoria de
Raúl Alfonsín afirmando que “si viviera sería kirchnerista”; el hermano de
Scioli, alias “Pepe”, fue candidato a senador con los radicales; Stolbizer,
reserva moral del progresismo, se presenta con un partido distinto en cada
elección. Martín Lousteau, recientemente se confesó social demócrata. En la
inolvidable historieta de Fontanarrosa sobre el gaucho Inodoro Pereyra, diría su
perro parlante Mendieta: qué lo parió !!!
No caigamos en el error de
discutir el sistema electoral en plena campaña. Con vista a la elección
presidencial del 25 de octubre, solo queda una posibilidad: arremangarse;
trabajar fuerte, e involucrar claramente a las autoridades electorales responsables,
con la ayuda informativa inestimable del periodismo. Las propuestas de gobierno
de los candidatos, en caso de haberlas, deberían presentar un nuevo y democrático
sistema electoral aplicable en todo el ámbito nacional, a partir de la elección
legislativa del 2017. El voto electrónico y boleta única es necesaria, pero para
nada suficiente. El problema es mucho más grave.
Próxima reflexión: miércoles 23 de septiembre.
Lo que los candidatos conocen y nunca dirán sobre la economía
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