La imbricación existente entre la
alta política y el negocio del fútbol es habitual a nivel mundial. Pero en
materia de corrupción, no tenemos competencia. A partir de la implementación
del Fútbol para Todos en agosto del año 2009, las fronteras público-privado se
diluyeron, y la AFA se transformó en un Ministerio público más. Políticos,
gremialistas y empresarios asociados en el saqueo de recursos presupuestarios,
habituales en las obras públicas, concesión de servicios estatales y como
proveedores de Estado, ampliaron sus horizontes laborales.
El programa nació cuando en el
año 2009 la AFA solicitó a la empresa TSC, contratada en exclusiva para la transmisión por
cable de los partidos de primera división, un importante incremento en el canon
anual estipulado, a lo que TSC se negó. Apareció entonces en escena el secretario
general de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi. Llamó a un paro general de afiliados,
invocando las deudas contractuales de los clubes con sus jugadores. De
inmediato el Gobierno nacional ofertó 600 millones de pesos/año para la
televisación abierta del fútbol, con actualización anual. El presidente de la
AFA, hasta entonces uno de los “secuestradores de goles”, aceptó, rescindió
unilateralmente con TSC, y firmó el convenio con el Gobierno. Desde entonces,
pese a que las enormes deudas salariales de los clubes con los jugadores continúan,
Marchi jamás llamó a un nuevo paro.
El monto previsto para el 2015 es
de 1.450 millones de pesos; a valor oficial, 157 millones de dólares. El
prometido saneamiento económico de los clubes no se concretó, y por el
contrario, el fútbol entró en una debacle inédita en su historia. Evidentemente,
saneamiento y negociados políticos-empresariales son incompatibles. Criticar
solo el dispendio del Fútbol para Todos en publicidad oficial para manejar la
opinión pública, encubre consecuencias más graves. Las dirigencias de los
clubes se sembraron con políticos, gremialistas y empresarios ávidos de
ganancias fáciles. La complicidad de los mal llamados organismos de control fue
la habitual: AFIP (aportes), Inspección
General de Justicia (supervisión de las entidades), y Jefatura de Gabinete (control
del dinero entregado a la AFA). La intervención directa del Estado en el fútbol
provocó lo inevitable: pésima organización de los torneos, calendarios y
horarios de partidos absurdos; ausencia de hinchadas visitantes, o partidos sin
público; participación directa de barras bravas en los negociados; y como
política pura, diez ascensos simultáneos de clubes de la categoría B a primera
división. De pronto, la hecatombe.
En julio de 2014 muere Julio
Grondona, 35 años presidente de la AFA, y 26 años vice de la FIFA. La habitual “unanimidad
dirigencial” con Don Julio, se desconcertó. Si algo faltaba, en mayo de este
año se produce en Suiza el arresto masivo de altos dirigentes de la FIFA y la
Concacaf, bajo la acusación de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo
de dinero. Cuando se conoció que la denuncia no nació en Argentina, donde jueces
como Oyarbide o Rafecas, entre otros, permitían que los acusados “creyeran en
la justicia” o adujeran ser víctimas de “operaciones políticas”, sino en EE.
UU. bajo la supervisión de la Secretaria de Justicia Loretta Lynch, cundió el
pánico entre los altos dirigentes detenidos y prófugos. Varios se declararon
culpables y colaboran con la investigación. Algunos ya reintegraron millones de
dólares de las coimas percibidas. Blatter, tras 17 años conduciendo la FIFA, intentó
un recurso criollo, y quiso ponerse al frente de la lucha contra la corrupción.
No lo dejaron.
Los argentinos involucrados y presos,
hasta el momento son tres. Uno de ellos, Alejandro Burzaco, de la empresa
Torneos y Competencias, tiene contratos con el Estado argentino por 123
millones de pesos. Ante lo inevitable, la implacable justicia local se movilizó.
La jueza Servini de Cubría desempolvó el expediente de la Auditoría de la
Nación que denuncia la desaparición de 179 millones de pesos en el tránsito
Jefatura de Gabinete–AFA. El fiscal Gonella, al frente del organismo que
investiga lavado de dinero, tardíamente denunció a Burzaco por operaciones
sospechosas.
Este caso, como tantos otros,
demuestra que discutir en base a eslogans es irrelevante. Para los involucrados
en el negocio del fútbol con fondos públicos, sin dudas existió la “década
ganada”. Los candidatos Scioli, Macri y Massa, aún no explicitaron que harán
para evitar que en el futuro la corrupción siga generando enorme riqueza para
muy pocos. Para el tendal de pobres resultante, hay subsidios y programas
sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario