La corrupción política consiste
en el mal uso del poder público, para obtener beneficios ilegítimos, personales
y privados, habitualmente en forma secreta. Muchas de nuestras reflexiones hicieron
hincapié en un aspecto esencial para convertirla en estructural: la permanencia
de la misma dirigencia política, gremial y empresaria, desde al menos dos
décadas. Esta continuidad facilita acuerdos para favorecer la impunidad,
impulsando: 1) Sistemas electorales que limiten y/o distorsionen al máximo la representatividad
del voto, y de no ser suficiente, ejercer el fraude electoral desembozado, como
en Tucumán; 2) Reformas constitucionales que posibiliten reelecciones indefinidas
en niveles nacionales y provinciales, y extenderlas a las municipales; 3) Tramas de impunidad estables
(organismos de control; manejo de jueces y legisladores; asociaciones con empresarios
involucrados); 4) Fuertes restricciones al acceso público de información sobre
actos de gobierno y uso de fondos públicos.
Los casos de corrupción con
repercusión mediática, se refieren a negociados con empresarios de obra
pública; concesionarios de servicios; proveedores del Estado, y medios de
comunicación privados sostenidos por el Gobierno. Generan ineludiblemente sobrecostos
importantes, parte de los cuales son retornados a los funcionarios. Ello explica
sus enriquecimientos ilícitos imposibles de justificar. Cuando la corrupción
identifica objeto y actores, se define como “actos corruptos” (ejemplos: IBM-Banco
Nación; contrabando de armas a Croacia y Ecuador; Sueños Compartidos; Ciccone;
Hotesur). Pero cuando los casos se multiplican y se mantienen impunes en el tiempo,
el país ingresa en el llamado “estado de corrupción”. La acción directa clásica
de coima entre funcionarios y empresarios, incorpora también la indirecta, en
donde el intercambio dinero-contraprestación no es condición necesaria. Es
usualmente invisible a la opinión pública, pero no menos nociva. Comprenden el uso
de información económica privilegiada (devaluaciones); prevaricato
(funcionarios, jueces y fiscales con actuaciones intencionadamente arbitrarias
y cómplices); clientelismo (captar opositores con prebendas); nepotismo
(favorecer con cargos públicos a familiares y amigos, sin cumplir requisitos de
necesidad, concurso y mérito, para asegurar lealtad); despotismo (tendencia al
poder absoluto), etc. Siempre son afectados injustificadamente los fondos
públicos, negociándose en base a la impunidad.
No es casual que dentro de la
anodina frivolidad de la presente campaña, basada en grandilocuencias
inconsistentes como “combatiré la corrupción”, o disparatadas como crear “una
Conadep de la corrupción”, se hayan omitido propuestas concretas. Sin embargo,
la hojarasca verbal permite algunas observaciones.
1.- Quienes gobiernan desde hace
al menos doce años, prometen ser adalides de la lucha contra el narcotráfico.
Pero las tibias propuestas esbozadas (ley de derribo de aviones sospechosos; intervención
del Ejército), omiten lo imprescindible: el narcotráfico necesita de una
importante cobertura política en altos niveles, extendida en el territorio. De
no ser descabezada esa complicidad, carece de sentido enviar a combatir a
soldados, policías o gendarmes, ofrendando vanamente sus vidas.
2.- Ningún oficialista u opositor
informó si algunos de los innumerables servicios de inteligencia estatales,
recibió la instrucción presidencial de detectar la trama política del narcotráfico,
y en caso afirmativo, sus resultados.
3.- Las dudas continúan. Se puede
luchar contra la corrupción, cuando un senador condenado puede legislar
(Menem); un vicepresidente procesado continúa ejerciendo su cargo y conduce el
Senado (Boudou), y un funcionario también procesado puede ser candidato a
legislador (De Vido). No sería imprescindible una ley “de derribo” de estos
disparates?
4.- Los múltiples casos de
transfuguismo político, que cínicamente invocan peronismo, radicalismo o
progresismo, provocando asombro, hilaridad o indignación, muestran
impúdicamente ante la ciudadanía las negociaciones que, ya en función de
gobierno y sin necesidad de llorar frente a una cámara, se realizan con
legisladores, jueces, fiscales y responsables de organismos de control, para
mantener la trama de impunidad.
Cuando se habla de corrupción
política, para combatirla no sirve aumentar la dotación de policías, reformular
servicios de inteligencia, o involucrar militares en tareas civiles. El mal
está en la conducción, no en la tropa.
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