Hay un aspecto reiterativo en los
discursos y análisis realizados en ámbitos políticos y mediáticos de nuestro
país, común a oficialistas y opositores, que provoca asombro: seguir
sosteniendo la existencia del justicialismo y el radicalismo como
ideológicamente identificables, y por lo tanto, fieles representantes de
sectores mayoritarios de la ciudadanía.
Una posible explicación, es la
pretensión de utilizar esta ficción como fetiches emocionales, especialmente en
épocas preelectorales, para disimular ante la sociedad la sustitución de
partidos coherentes por “espacios” híbridos y personalistas, que facilitan la continuidad
de una numerosa dirigencia política, gremial y empresaria, enquistada desde
hace más de veinte años en los distintos estamentos de poder. Esta realidad indisimulable,
explicaría la pobreza creciente de las campañas electorales, que no logran superar
lo banal, el análisis político liviano cercano al chisme, y demasiadas veces,
la maliciosa falsedad de los mensajes. Con miras a cambiar el futuro, es hora que
asumamos como inevitable, que desde hace al menos 15 años, el justicialismo y el radicalismo como expresiones históricas partidarias
permanentes e ideológicamente coherentes, han dejado de existir. Manifestar
identidad peronista o radical, solo es válido y creíble para ciudadanos que día
a día con esfuerzo y honestidad trabajan para labrarse un futuro, alejados de
prebendas solventadas con los presupuestos públicos.
Reconocer esta realidad, diluirá
mitos tan repetidos como falsos. Por ejemplo, que el justicialismo es el único
que sabe y/o puede gobernar. Los gobiernos de Isabel Perón, con hiperinflación;
de Menem, con una deuda externa impagable y
escasas reservas en el Banco Central, y de Kirchner, dejando como
herencia una deuda externa e interna creciente, escasas reservas y una
inflación endémica del 25 %, lo desmienten claramente. Pero no es justo
adjudicarle nuestra decadencia de las últimas décadas únicamente a quienes se
autoproclaman justicialistas. Colaboraron entusiastamente (siempre con cargo
público bajo el brazo), supuestos y circunstanciales opositores, que replican
muchos de los vicios que critican al Gobierno. Entre ellos, la incapacidad de conectarse
de manera permanente y confiable con la sociedad. Cuando decimos justicialismo
y no peronismo, pretendemos no sumarnos al manoseo oportunista que del nombre
Juan Perón, hacen los cazadores del poder permanente en la búsqueda de votos.
El PJ y la UCR, por sí mismos y
sumados, alcanzaron en 1983 el 91,91 % de los votos; en 1989 el 79,94 %, y en
1995 el 66,69 %. Vale decir, su preeminencia electoral disminuyó el 25 % en tan
solo 12 años. Pero en lugar de actualizarse y ampliar sus contactos con la
sociedad, en 1999 dieron el puntapié inicial a la debacle partidaria.
Concurrieron a elecciones las alianzas PJ-UCD y UCR-FREPASO, con los resultados
conocidos. El posterior reclamo generalizado “que se vayan todos” en el
2001-2002, se respondió con el cierre definitivo de unidades básicas y comités,
y la licuación del PJ y la UCR como partidos de extensión nacional. Desde entonces, las políticas y cargos privilegiados,
se deciden en domicilios particulares, lujosos barrios cerrados, o quinchos con
asado mediante.
Hoy es difícil entrever un futuro,
aunque se apele a la “fe y esperanza”. Casos recientes de transfuguismo como el
de Mónica López o Eduardo Buzzi ya no asombran, salvo por sus justificaciones: dicen
que son peronistas. No lo son acaso, entre otros, Massa, De la Sota, Felipe
Solá o Rodríguez Saá? Kirchner, Scioli, Zaninni o Boudou lo son? O bien, quiénes
son más radicales: los que aceptaron la democrática decisión de la Convención
de Gualeguaychú, los que se fueron al kirchnerismo, como Leopoldo Moreau, o los
que están con Massa? No está exento de esta crítica el pretendido progresismo
que encabeza Margarita Stolbizer, también dedicada a la triste pesca de
radicales desencantados con la alianza UCR-PRO. En política, la honestidad es
una condición plausible, pero no suficiente. El armado oportunista de nuevas
agrupaciones en cada elección, con el solo objetivo de “posicionarse individualmente
a futuro”, y que los primeros candidatos a legisladores renueven su cargo, no
es precisamente progresismo.
Más allá del resultado de las
próximas elecciones, la sociedad deberá presionar para lograr una reforma política
en serio, que incluya una ley electoral que elimine el mercadeo entre infinitas
boletas colgadas de un mismo candidato, instrumente el voto electrónico en todo
el país, y reconstruya estructuras partidarias confiables. Quizás podamos
evitar que la eterna dirigencia, repita hasta el hartazgo el vicio que hace más
de 500 años describía Maquiavelo al príncipe: “No se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar
a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se
puede alcanzar poder, pero no gloria”.
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