CLIENTELISMO DE PRIVILEGIADOS

El clientelismo político se define como un intercambio de favores ejercidos por altos funcionarios públicos a costa de recursos del Estado, para obtener apoyo electoral y permanecer en el ejercicio del poder. Suele identificarse con los niveles sociales más desprotegidos, pero el concepto no discrimina entre pobres y ricos. Sin embargo, suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza. Ellos son: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción.

El nepotismo consiste en distribuir discrecionalmente entre familiares y amigos cargos altamente remunerados, muchas veces sin funciones, y sin concursos públicos para establecer méritos. El daño presupuestario y operativo se agrava y alcanza lo delictual, cuando dichos ingresos de “gente de confianza”, tienen por objeto construir tramas que aseguren la impunidad, como sucede con los mal llamados “organismos de control”. La necesidad de negociar favores e  intercambiar adhesiones, llegan al punto de crear irrelevantes organismos con nombres estrambóticos, sin atribuciones concretas, pero con altos salarios. Para ello se cuenta con la complicidad, entre otros, de gremialistas como el eterno dirigente de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien debiera defender la carrera administrativa de sus afiliados.

El clientelismo empresarial prebendario, por su parte, impacta directamente en la macroeconomía de un país. Se traduce en sobrecostos en las obras públicas y adquisición de bienes a proveedores, y ruinosas concesiones con baja calidad de prestaciones, y depreciación de bienes concesionados.  Sectores empresariales sólidos son imprescindibles, en tanto y en cuanto sean motor de desarrollo genuino y empleo, sin el costo de la corrupción. Es natural y aceptable que empresarios relacionados con el Estado, como Eurnekián, Brito, Bulgheroni, Wherthein, Chediak, Cristóbal Lopez, De Narváez, Cirigliano, Szpolski-Garfunkel, entre otros, prefieran y apoyen a Scioli. Del mismo modo, Macri cuenta con la adhesión de grupos económicos igualmente importantes. Pero es imprescindible que las Cámaras empresariales implementen Tribunales de Ética que sancionen y denuncien actos de corrupción de sus afiliados, que afecten la competencia y recursos del Estado, mediante maniobras para obtener contratos estatales con grandes sobrecostos, retribuyéndoles a los funcionarios involucrados con dádivas, y “retornos” conocidos como coimas.

    

Los resultados electorales del pasado 25 de octubre, especialmente en Jujuy y municipios del conurbano bonaerense, indicarían que un importante sector social vulnerable y dependiente del Estado para su subsistencia, votó por un cambio de matriz de gobierno. En Jujuy, donde los cargos públicos directos o indirectos (Milagro Sala), superan los puestos de trabajo privados, perdió el oficialismo tras 32 años de gobierno. En emblemáticos municipios del conurbano, desde hace décadas manejados por añejos caudillos, triunfaron otras alternativas. Esta realidad, que no fue detectada por analistas políticos, provocó tal cimbronazo, que por primera vez desde el retorno de la democracia, un oficialismo en campaña no recurrió a la manipulación de pobres, o a la intervención de gremialistas expertos en acciones directas, como los de subterráneos, para atacar adversarios. Este rol debió ser desempeñado de apuro por altas dirigencias políticas, universitarias, intelectuales y empresariales, para mantener sus privilegios. Surgen así las amenazas delirantes de un médico con cargo de ministro (Gollan); el decano de Ciencias Sociales de la UBA acusando a Macri de neoconservador (Postolosky); el rector de la universidad privada UADE (Orosco), acusado penalmente por entregar el título a un candidato fuera de las normativas; o el juez Reale y el fiscal Paolini, de la provincia de Buenos Aires, renunciando a sus obligaciones de investigar enriquecimientos ilícitos de funcionarios.

Los recursos públicos destinados a sectores vulnerables, que muchas veces confunden políticas de inclusión social con mantenerlos en la pobreza, deberán respetarse a rajatabla. Los pobres no solo son víctimas inocentes; tienen además la dignidad de no ejercer el fanatismo. Pero con urgencia se deberán “ajustar” las enormes transferencias presupuestarias públicas a privados privilegiados asociados a la corrupción del Estado, que enriquecen a los cercanos al poder, y generan desigualdades sociales. Un ejemplo de la magnitud económica del problema lo tenemos próximo y con cifras concretas: Brasil, con el caso Petrobras.