LEYES APROBADAS POR KILO

La aprobación a paquete cerrado de 96 leyes en la última sesión de diputados, debería motivar reflexiones más profundas que la mera catalogación de la sesión como escandalosa. En principio, quedó transparentada la necesidad de una profunda readecuación del marco político-institucional de nuestro país, que alcanza por igual a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mal se puede exigir eficacia y honestidad a las nuevas autoridades gubernamentales, si las estructuras estatales que deben sustentarlas exhiben corrupción, complicidad y oportunismo.

Personajes marginales como Fariña nos ilustraron que en la corrupción estatal-privada, los montos involucrados alcanzan tal magnitud, que el dinero debe ser “pesado” antes que contado. Pudimos comprobar que con las leyes sucede lo mismo. Quizás con un mejor barniz: el apoyo de la “izquierda”.

Si bien el concepto de corrupción tiene matices que no modifican el daño irreversible que provoca en una sociedad, se coincide en definir que “el acto de corrupción es un término general que cubre el mal uso de la autoridad para la utilidad personal, que no necesita ser monetaria”. Utilizar la autoridad para que legisladores con dietas superiores a los $ 70.000 mensuales e innumerables prebendas adicionales, aprueben un paquete de leyes no debatidas; no conocidas; no entendidas, y menos aún informadas a la sociedad, es un acto de corrupción. El doctor Luis Moreno Ocampo recordaba la fórmula de Robert Kiergaard, experto en control de la corrupción: C=M+D-T (corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia).

Estamos muy acostumbrados a asimilar la corrupción del Estado únicamente con los delitos económicos, emergentes de la complicidad funcionarios públicos-empresarios privados. Pero la impunidad exige un soporte que la sostenga, con implicados en donde las prebendas predominan por sobre el dinero “físico”. Este soporte lo conforman organismos de control estatales inocuos o directamente cómplices; marcos legislativos que por acción u omisión sean laxos con el delito, o bien faciliten negociados; finalmente, un poder judicial que antes que sancionar, demore, diluya, absuelva.

El “quórum” de la triste sesión legislativa fue posible por el masivo aporte de la “izquierda”. La falta de identidades partidarias coherentes hace que nos preguntemos qué es izquierda. Inicialmente observamos que no se nuclea en una agrupación, sino en mini expresiones con rótulos grandilocuentes, pero irrelevantes en representatividad (Unión Popular; Libres del Sur, etc.). Tienen un solo objetivo: permitir que sus representantes casi hereditarios encabecen listas que, en elecciones, se cuelguen de otras agrupaciones competitivas, para seguir usufructuando el cargo de legisladores.

Tomemos dos ejemplos: Claudio Lozano y Victoria Donda. Participan de cuanto programa periodístico o de actualidad existe. Ambos, a grito pelado y con cara de enojados, justificaron su presencia en la sesión en la defensa de los trabajadores de Hotel Bauen. Pero algunas vez explicaron en sus múltiples apariciones públicas los antecedentes, fundamentos y consecuencias del proyecto de expropiación? Lo manifestaron en sus páginas web? Batallaron en el  2015 en pos de su tratamiento y aprobación?

Los actos de corrupción política siempre están envueltos en objetivos virtuosos: defensa de intereses populares; cuidar fuentes de trabajo; reconocer derechos, etc. Este recurso tiene en nuestro país un ejemplo recurrente que no diferencia entre épocas o ideologías: la estatización de deudas privadas. Pasó en el 82 y en el 2002; con las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF; con deudores privados de entidades financieras estatales. Entre las leyes aprobadas por kilo, hay un “paquetito” sin abrir: la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, para operar Río Turbio. Ningún diputado conoce el estudio de factibilidad. Pero la ciudadanía se hará cargo de los negociados y quebrantos del grupo privado Taselli, concesionario de dicha explotación hasta su cierre.

La sesión legislativa concluyó con un pedido de la diputada Di Tullio, que sorprendió por haber sido su práctica descartada desde hace 10 años: cantar la marcha peronista. Es oportuno recordar lo expresado recientemente por José Pampuro, que por  generación y conducta, puede exhibir legitimidad como peronista: “La verdad es que si se despierta el General, nos mata a todos”.