UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA

En su obra El Príncipe, escrita en 1513 y dedicada al florentino Lorenzo de Médicis, aconsejaba Maquiavelo respecto a la elección de los ministros: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende los que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

En una democracia, esta sensata descripción de capacidades para elegir colaboradores en principados, debiera ser de aplicación para los ciudadanos que asumen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Por ello debemos reflexionar sobre lo manifestado por la presidente Kirchner en un reciente acto en La Matanza, a días de abandonar el Ejecutivo: “un país no es una empresa”. Su aparente obviedad hace suponer que el mensaje encierra enigmas que intentaremos descifrar, para alcanzar al menos el nivel de “entender lo que otros disciernen”, planteado por Maquiavelo.

País es una delimitación geográfica del concepto político Estado- Nación, que define una forma de organización institucional, para regular la vida comunitaria de sus habitantes. Empresa, por su parte, es una organización dedicada a actividades que persiguen fines económicos, dedicadas a satisfacer demandas existentes o a crearse, y tener utilidades para subsistir. Con sus diferencias de origen, País y Empresa deben interrelacionarse.

En el marco de un País, el Estado debiera atender y regular el interés general. La Empresa por su parte, debiera concurrir a dicho interés general desde su actividad particular. El fracaso del Estado a nivel País, como el de las Empresas en escalas sectoriales, conducen al atraso, pobreza y desocupación. Como los resultados en uno y otro caso dependen inicialmente de los niveles de conducción, la afirmación presidencial pareciera estar dirigida al perfil de los funcionarios públicos. Al efecto existen legislaciones que los definen, emitidas bajo responsabilidad única del Estado. Actuar con eficacia y resultados virtuosos, implica poseer funcionarios (Estado) y gerentes (Estado y Empresas), con conocimientos específicos en su área de responsabilidad, capacidad intelectual y de gestión, y honestidad.

Como es verdad que los afectados por el fracaso del Estado son ciudadanos, y no ganancias empresarias o un limitado número de trabajadores en caso de las Empresas, las exigencias de selección de funcionarios públicos debieran ser más exigentes aún que la de las Empresas. Acá surge la primera contradicción entre la grandilocuencia y la realidad. No pueden reclamar por los perfiles de los funcionarios estatales, quienes desconocen carreras administrativas y méritos específicos, y utilizan al Estado como cotos laborales y de negocios para grupos familiares y de amigos, vicio conocido como nepotismo. Todo ello, bajo la vergonzosa complicidad de los dirigentes gremiales estatales, en el desprecio de las carreras administrativas de quienes aducen defender.

La deshonestidad interna en una Empresa, una vez detectada será castigada. Pero si se utiliza para obtener beneficios o prebendas que maximicen sus beneficios a través de dádivas o sobornos a funcionarios públicos, se la protege y premia. Por ello, la deshonestidad política es mucho más grave para un País que la empresaria, porque consiste en trasladar fondos públicos a empresas privadas enriquecidas injustificadamente, a costo del capital social.

Por lo tanto, el debate funcionario público-privado es falaz y capcioso. Que sería más beneficioso para el País?. Incorporar al gobierno argentinos con capacidad y antecedentes en exigentes ámbitos gerenciales, dispuestos a afrontar el desafío de incursionar en el Estado, o apelar a burócratas baratamente politizados sin capacidad de gestión, conformados por esposos, hijos, cuñadas, nueras, choferes, jardineros y amigos, para manejar organismos y empresas estatales vitales para el desarrollo y crecimiento? Funcionarios además, que al momento de justificar sus crecimientos patrimoniales ilícitos, dicen que tuvieron ganancias….con sus empresas.

Una País exige un serio control de incompatibilidades, mala praxis o actos de corrupción en el manejo del Estado. Esta tarea también es exclusivamente estatal. Está a cargo de organismos de control, poder legislativo y poder judicial. Cabe preguntarse: se decidirán a cumplir con sus obligaciones?