AGENDA DE CORRUPCIÓN

Concluida la feria judicial, retomamos el seguimiento regular de algunos de los innumerables casos de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados. De este modo, se podrá visualizar la gravedad de una problemática que desangra desde hace décadas los presupuestos públicos. Sus principales patologías, como la cleptomanía dirigencial; organismos de control inoperantes, y justicia lenta y cómplice, no reconocen ideologías. Citemos algunos casos.

1.- Tragedia ferroviaria en estación Once, en febrero de 2012

En diciembre pasado, el Tribunal Oral n° 2, integrado por Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, dictó 21 condenas, que incluyen prisión para Ricardo Jaime y Juan Schiavi (funcionarios públicos), y Sergio Cirigliano y Marcelo Calderón (empresarios privados), entre otros. Se destacan dos aspectos: 1) Plantear que la Justicia es lenta como realidad irreversible, es falso. La constancia y participación de familiares de las innumerables víctimas durante el desarrollo de la causa, como sucediera con Cromañón, muestra que juicios complejos se pueden desarrollar en tiempos razonables. 2) Es la primera vez que reciben condenas empresarios asociados a la corrupción. En este caso, como concesionarios de servicios públicos.

2.- Lavado de dinero a través del grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzum, Hoaracio Cattani y Eduardo Farah, ya a fines de 2014 ordenó al juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal n° 7, que centralizara su investigación sobre Báez, y no en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Casanello lo citó el 13 de marzo de 2015, solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Ante sus dilaciones, el juez federal Martínez de Giorgi acusó por prevaricato a Casanello y al fiscal Omar Orsi, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por perjudicar deliberadamente la investigación.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos, para construir viviendas

Causa iniciada en mayo de 2011, con motivo del desvío de 765 millones de pesos entregados por el Gobierno a la Fundación de Hebe de Bonafini. Luego que el juez federal Oyarbide licuara los elementos de prueba, tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaron de la causa por mal desempeño. El expediente recayó a principios de 2014 en el juez Martínez de Giorgi, quien lo mantiene sin avances, a la espera de la prescripción.

4.- Quiebra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Causa iniciada en febrero de 2012. El juez federal Ariel Lijo procesó al ex vicepresidente Boudou, sospechado de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa, y otros implicados, que alcanzan a organismos de control estatal; banqueros; empresarios y testaferros. No hay fecha de inicio del juicio oral.

5.- Causa por posible lavado de dinero en la empresa Hotesur

Empresa perteneciente a la familia Kirchner, propietaria entre otros del hotel Alto Calafate, es sospechada de haberse utilizado para lavado de dinero, a través de empresas beneficiarias de recursos del Estado. Entre otras, las constructoras de obras públicas de Lázaro Báez, y Aerolíneas Argentinas. Se investiga también la intervención de organismos como AFIP y Personas Jurídicas. Tras un allanamiento y retiro de documentación en sedes comerciales situadas en la Patagonia, ordenados por el juez Claudio Bonadío en el 2015, este fue apartado de la causa por los integrantes de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. En su reemplazo asumió el juez Daniel Rafecas, con antecedentes de recusaciones y pedidos de juicio político por sus controvertidas actuaciones en las causas sobornos en el Senado; venta de la ex Ciccone Calcográfica, y desestimación sin mayor análisis, de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Decía el estadista ateniense Solón, hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de febrero 2016