“Les hablé con el corazón y me
contestaron con el bolsillo” (Juan Carlos Pugliese, ministro de economía
radical, refiriéndose a sectores industriales y financieros durante la crisis
económica de 1989). “Libre juego de la oferta y la demanda” (modelo económico
que establece la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo,
suponiendo un mercado de competencia perfecta). “Combatiremos a los grupos económicos
concentrados” (frase populista, que deriva en grupos concentrados saludables, y
funcionarios patriotas enriquecidos).
Las recurrentes crisis
económico-sociales de nuestro país, exhiben la inutilidad y/o falsedad de
invocaciones basadas en factores emocionales, conceptos asépticos de carácter
universitario, o vocinglerías pretendidamente revolucionarias. Las verdades
absolutas no existen. No se convence a empresarios con el corazón; no existen mercados
perfectos, ni los países se desarrollan con administraciones elefantiásicas y
funcionarios corruptos. Declamar que “la inflación la sufren los que menos
tienen”, puede servir como laxante intelectual. Pero se elude decir que con la
inflación también se obtienen enormes ganancias, al destruirse los valores de
referencia. A la hora de los debates clarificadores, los empresarios no son
afectos a la exposición pública, y menos aún, a las precisiones numéricas. La
Unión Industrial Argentina, por ejemplo, con Juan Carlos Lascurain a la cabeza,
negó públicamente durante los primeros cuatro años de intervención del Indec en
el 2007, que se distorsionaran los índices de inflación.
Reflexionemos sobre lo más
preocupante en lo inmediato: los precios de artículos de primera necesidad. En
la “década ganada” existieron cuatro sectores cuasi-monopólicos con
crecimientos económicos exponenciales, claramente verificables a través de sus
balances y multiplicación de sucursales: el
juego; las telefónicas; el sector financiero y las cadenas de supermercados.
Nótese que este crecimiento se mantuvo incluso, con una inflación que en los
últimos cuatro años no bajó del 25% anual. El pasado miércoles 10, en un acto
con la presencia del presidente Macri, el supermercadista Alfredo Coto anunció
inversiones por 3.500 millones de pesos, y manifestó: “no somos formadores de precios”.
Es así?
Los grupos Día (capitales españoles con 781 locales); Carrefour (capitales franceses con 583 locales); Walmart /Changomás (capitales
norteamericanos con 174 locales); Coto (capitales
nacionales con 120 locales); y Jumbo/ Disco
/ Vea (capitales chilenos del grupo Cencosud, con más de 43 locales), a los
que deben sumarse los híbridos “supermercados chinos”, en Capital Federal y el conurbano
bonaerense concentran su máximo poder de decisión para establecer el precio de
los productos. Con el agravante que, mientras en la última década el debate se
centraba en la oligarquía rural, se les permitía la apertura de locales urbanos
de pequeña escala llamados “de cercanía”, que extinguieron los almacenes
barriales independientes. Otro aspecto
fundamental que no es mencionado, es su asociación con el sector financiero, a
través de las costosamente publicitadas, rutinarias y voluminosas ofertas, atadas
al uso de diversas tarjetas de crédito y/o débito, cuyos costos son volcados a
los precios. Con tarjeta se puede tener un descuento del 20%, 30% o más. Si se
paga en efectivo, no hay descuento. Es claro el ejemplo?
Es entonces evidente que los
supermercados son formadores de precios. Compran a los proveedores que desean,
les imponen fuertes descuentos por cantidad, e invocan su capacidad de asegurarles
flujos de compra regulares. La próxima publicación de listados de precios
comparativos, que debiera excluir a las distorsivas “ofertas”, no favorecerá la
competencia. Las diferencias en más/menos entre productos iguales serán
irrelevantes, porque de no ser así, quedaría descolocado el proveedor de la
marca. Si se hiciera una canasta de productos básicos con iguales marcas y
envases, se verificará que el valor de las sumatorias entre supermercados no
presentará grandes variaciones. Esto se llama “cartelización”.
A los funcionarios públicos la
sociedad debe exigirles conocimiento en las áreas de su responsabilidad,
capacidad de gestión y honestidad. La buena noticia es que el actual gobierno,
cubrió altos cargos con quienes los burócratas todo terreno llaman
despreciativamente “gerentes de empresas privadas”. Cumplido el requisito
inicial de idoneidad, deberán certificar los de gestión y honestidad. En sus
tratativas con las líderes supermercadistas, basadas en la racionalidad y no en
inútiles imposiciones, los funcionarios podrían readaptar una conocida
publicidad de Coto, y decirles a los empresarios: “Muchachos, nosotros también los
conocemos”.
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