ARGENTINE PAPERS

Los robos de información sensible o hackeos informáticos, cada vez más frecuentes a nivel mundial, desnudan políticas de instituciones u ocultamientos de fortunas de personajes reconocidos.  En este contexto, el caso Panamá Papers refiere a la creación de empresas “off shore” (fuera del país de origen), en los llamados paraísos fiscales. De no ser lícito y declarado, el dinero a ocultar tiene tres orígenes: evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. Dada la mecánica del armado jurídico-financiero de estas empresas, sorprende la repercusión de los Paraná Papers en nuestro país, donde es el propio Estado y su entramado político, quien brinda inmensas facilidades para la cobertura de operaciones corruptas estatales-privadas, superando holgadamente a los especialistas en el exterior. Hagamos un “brief” (resumen) aclaratorio. El término en inglés es para entrar en clima.  

1.- Facilidades crediticias.

Los créditos externos en nuestro país no despiertan excesivo entusiasmo, porque derivan en una obligación desagradable, llamada deuda externa. Al momento de tener que pagarla, los políticos descubren que será a costa “del hambre de todos los argentinos”. En cambio la deuda interna, aunque sea a costa de jubilados, entre otros, no es criticada y tiene beneficios adicionales. No se tramita en el exterior, y llegado el momento de justificar negociados, se puede apelar a la noble intención de “crear puestos de trabajo”. Fue líder en esta política de créditos públicos irrecuperables, otorgados a grupos empresarios y amigos del poder, el Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1993, y Bancos oficiales (Nación y provinciales, en especial de Buenos Aires).

2.- Seguridad política para empresas y amigos

En casos de crisis económicas graves, en lugar de someterlos a la pretensión de cobro por parte “del capitalismo internacional”, a los grandes inversores amigos se les estatiza parcialmente sus deudas privadas. Sucedió con Domingo Cavallo (1982), y con la pesificación asimétrica de Duhalde (2002). Las urgencias de caja del gobierno, se resuelven con la incautación masiva de depósitos de pequeños y medianos ahorristas. Recuérdese el plan Bonex (Menem), y el plan Boden (Duhalde-Kirchner). Los discursos políticos altisonantes, o supuestos debates ideológicos disfrazados de neoliberalismo o populismo, no debieran impresionar. Las garantías para estatizar deudas, al igual que las dirigencias, se mantienen.

3.- Sostenimiento de sociedades estatales-privadas con recursos públicos.

El Estado, con la necesaria complicidad gremial, sostiene con sus recursos a empresas contratistas o concesionarias de amigos, asociando funcionarios por vía directa o de testaferros. Los retornos no se pagan solo con dinero en sobre cerrado. Se utilizan participaciones accionarias (compra de acciones de YPF por el grupo Esquenasi, sin poner dinero); operaciones cruzadas (alquiler de habitaciones vacías de hoteles por constructoras de obra pública, como la de Lázaro Báez); compra de medios con pauta de publicidad oficial (grupos Szpolski-Garfunkel o Cristóbal López); o arrebato liso y llano de empresas (caso Ciccone). Del circuito de la “plata dulce” estatal, participaron incluso organizaciones sociales y de derechos humanos, transformadas en grandes empresas constructoras. Sin aportes del Estado, las organizaciones se disuelven y las empresas privadas se declaran en convocatoria,  dejando un tendal de trabajadores en la calle.

4.- Coberturas institucionales y judiciales

Para este esquema de corrupción no se necesitan empresas “off shore”, porque se cuenta con la protección de  organismos públicos cuyo nombre de fachada es “de control”. Manipulan legajos de sociedades; informes de operaciones financieras sospechosas; auditorías de concesiones. La AFIP, por su parte, refinancia deudas impositivas de grupos empresarios, no por imposibilidad de pago, sino para que crezcan a costa de los impuestos. Finalmente, los naturales enriquecimientos desmesurados e ilícitos de funcionarios y empresarios asociados, café de por medio, se “legalizan” con los jueces de turno. Como jurisprudencia, se recuerdan los sobreseimientos del matrimonio Kirchner en el 2009, por el juez Oyarbide; el de Daniel Scioli en el 2015, por el juez Rearte, y el del camarista Eduardo Freiler en el 2016, por el juez Luis Rodríguez. El proceso es prolijo: los fiscales no apelan.

Cabe preguntarse entonces: con estas facilidades, tiene sentido que funcionarios públicos y empresarios asociados, viajen a Panamá, Islas Vírgenes, Seychelles, Nevada o Suiza, para ocultar dinero de la corrupción estatal?

Buenos Aires, 20 de abril 2016